La propiedad fantasma (II)

La primera parte puede leerse aquí.

VI. La ascensión del patrimonio

Si el siglo XIX estuvo dominado por la cuestión obrera y el siglo XX por la cuestión del salario, el problema característico del siglo XXI es la cuestión patrimonial. Durante décadas el debate giró alrededor de la distribución de la renta, hasta advertirse que existía una realidad más estable que los ingresos: el dominio de los bienes que permanecen. Dos hombres pueden percibir ingresos semejantes y pertenecer a mundos distintos: uno habita casa propia, posee ahorros y herramientas que aumentan de valor con el tiempo; el otro paga renta, financia todos sus bienes, trabaja con licencias revocables y termina cada mes en el punto en que comenzó. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en quién posee aquello que permanece¹².

Distíngase con cuidado, porque aquí suele errarse. No toda disminución del patrimonio de las familias implica disminución de la propiedad: puede permanecer íntegra la titularidad jurídica de todos los bienes mientras cambia el sujeto que la concentra. Así sucede en nuestro tiempo: no disminuye la propiedad; disminuye el número de quienes la ejercen. Por eso es equívoco hablar de una economía «sin propiedad»: nunca existió tanta propiedad concentrada. No desaparecen las casas, ni las carreteras, ni los programas, ni las patentes, ni los datos: todo continúa existiendo, pero cambia silenciosamente de dueño. La supuesta desmaterialización de la economía es una ilusión óptica: detrás de cada aplicación hay una infraestructura gigantesca, detrás de cada archivo «en la nube» hay centros de datos, energía, fibra, minerales estratégicos y una masa colosal de cosas corporales. La nube nunca estuvo en las nubes: la desmaterialización consiste únicamente en que el usuario deja de ver aquello que otro posee; y mientras el patrimonio asciende hacia estructuras remotas, la experiencia cotidiana produce la ilusión contraria —parece que ya nada pertenece a nadie, cuando pertenece a muy pocos.

La consecuencia decisiva no es económica sino política, y escapa a quienes describen el proceso desde la estadística: el problema no es la concentración de riqueza, sino la concentración de independencia. Cada bien que una familia deja de poseer amplía, aunque imperceptiblemente, el ámbito dentro del cual otra voluntad puede condicionar su existencia: quien controla la vivienda condiciona el arraigo, quien controla las plataformas condiciona el trabajo, quien controla el software condiciona el ejercicio de las profesiones. Y puesto que el dominio nunca es un hecho puramente económico sino una distribución de responsabilidades dentro de la comunidad, cuando el patrimonio deja de estar distribuido entre las familias tampoco las responsabilidades permanecen distribuidas: la administración de la vida común se desplaza hacia quienes concentran los bienes que la sostienen. Quizá por eso el fenómeno resulta tan difícil de percibir: cada transformación parece insignificante aislada —una suscripción más, un alquiler más, una licencia más—, pero el conjunto constituye la sustitución del orden doméstico por un orden patrimonial abstracto. La propiedad no desapareció: cambió de lugar. Y con ella se desplazó el centro de gravedad de la libertad.

VII. La vivienda como paradigma

Conviene descender al caso que hace visible lo que en otros ámbitos permanece oculto: la vivienda. No porque toda propiedad se reduzca a ella, sino porque en ella confluyen todas las dimensiones del patrimonio. Durante siglos la pregunta fue sencilla: ¿cómo puede una familia llegar a tener una casa? Hoy es sustituida por otra: ¿cómo podrá seguir pagando indefinidamente por habitar una casa que nunca será suya? La diferencia parece pequeña; en realidad separa dos civilizaciones.

La tradición jamás entendió la casa como bien de consumo. La domus no era el lugar donde se dormía: era el espacio donde la familia desplegaba su propia forma de gobierno. No hay oikonomía sin oikos, ni oikos sin estabilidad material: por eso el estudio clásico de la economía no comienza por el mercado sino por la casa, pues la administración de los bienes presupone un ámbito propio donde ejercerse. La familia es comunidad natural dotada de fines propios, anteriores al Estado y distintos del mercado, y necesita bienes estables para cumplirlos: no porque la riqueza sea un absoluto, sino porque la prudencia requiere materia. No se administra lo que nunca permanece; no se transmite lo que nunca se posee. En la casa se educa, se envejece, se conserva la memoria, se arraigan las generaciones: no es una construcción, es la geografía de la familia.

Cuando esa realidad se transforma en servicio permanente de acceso, las consecuencias exceden lo inmobiliario. No se trata de condenar el arrendamiento, que existió siempre y responde a necesidades razonables: lo que la tradición jurídica nunca imaginó fue una sociedad donde el alquiler dejara de ser situación transitoria para convertirse en condición ordinaria de generaciones completas. No cambia sólo la forma de ocupar una vivienda: cambia la estructura temporal de una existencia entera, pues cada vencimiento recuerda al ocupante que su permanencia ya no depende de su propia administración sino de otro. Los testigos del proceso abundan: el suelo urbano convertido en mecanismo privilegiado de los ciclos de acumulación, de modo que la ciudad se organiza para absorber inversiones antes que para alojar personas¹³; la vivienda circulando por los mercados internacionales como instrumento financiero antes incluso de ser habitada¹⁴; la mercancía subordinando al hogar¹⁵; el alquiler permanente reproduciendo la pobreza que refleja, porque la imposibilidad de formar patrimonio obliga a consumir en la mera permanencia lo que habría podido consolidarse en herencia¹⁶.

Todos describen la misma mutación, y su gravedad se mide con una distinción que rara vez aparece en el debate: no toda concentración es igualmente significativa. La concentración de objetos de lujo tiene consecuencias limitadas; la concentración de los bienes indispensables produce efectos de otro orden, porque nadie puede sustraerse a la necesidad de habitar, y quien controla un bien del que nadie puede prescindir adquiere necesariamente una posición de poder sobre quienes dependen de él. No es riqueza: es autoridad material. Por eso la tradición cristiana concedió tanta importancia a la difusión de la propiedad doméstica —no por culto romántico a la posesión, sino porque la familia necesita un ámbito propio donde ejercer su gobierno.

La inversión contemporánea es entonces ésta: durante generaciones el esfuerzo económico de una familia tendía hacia la formación de un patrimonio transmisible; hoy ese mismo esfuerzo sostiene un flujo de pagos que desaparece cada mes sin dejar base patrimonial equivalente. No disminuye el sacrificio: disminuye su permanencia. Cada generación comienza desde cero; cada familia reconstruye lo que las anteriores habían consolidado. Se paga para permanecer, no para arraigar. Y cuando esta lógica se extiende desde la vivienda hacia las herramientas, la cultura, la memoria y el ahorro, aparece el alcance completo de la propiedad fantasma: no vivir sin bienes, sino vivir rodeado de bienes cuya permanencia depende siempre de una voluntad distinta de la propia. La vivienda no es una excepción: es el espejo donde la transformación entera se deja ver con mayor nitidez.

VIII. Del propietario al usuario perpetuo: la renta y el hombre

No basta preguntar quién posee los bienes: hay que preguntar cómo obtiene riqueza quien los posee. La tradición distinguió siempre entre la riqueza que nace del trabajo y de la producción, y aquella que deriva del mero dominio sobre un bien escaso —no porque toda renta fuera ilegítima, sino porque la justicia exige distinguir lo que retribuye una aportación al bien común de lo que consiste en aprovechar una posición. Esa distinción reaparece hoy con fuerza inesperada, porque buena parte de las mayores fortunas del siglo no nacen de fabricar bienes nuevos: nacen de controlar los bienes que todos necesitan utilizar. El agricultor obtiene fruto cultivando, el artesano elaborando, el industrial fabricando: cada uno incorpora algo a la realidad. El propietario de la infraestructura digital no produce una nueva aplicación cada mes ni vuelve a tender la fibra: conserva el dominio y cobra por cada utilización. No vende: autoriza. No pierde el bien: multiplica los usuarios. La economía industrial obtenía su beneficio en el instante en que el producto abandonaba la fábrica; la economía patrimonial lo obtiene precisamente porque el producto no la abandona jamás. Donde la compraventa extinguía obligaciones, la suscripción las engendra perpetuamente: el bien deja de circular y circula únicamente el dinero. Nunca en la historia había resultado tan lucrativo no desprenderse de lo que se posee¹⁷.

Una precisión: no toda renta es injusta, y la tradición jamás sostuvo semejante cosa; es lícito percibir los frutos de lo que justamente pertenece a uno. El problema aparece cuando la estructura entera se organiza de modo que una parte creciente de la sociedad no puede ya incorporarse al patrimonio y permanece exclusivamente del lado de quienes pagan: entonces la renta deja de expresar la utilidad de un bien y comienza a expresar una relación permanente de dependencia. Belloc lo advirtió antes de Internet, porque su diagnóstico no dependía de la técnica sino de la distribución: una sociedad donde pocos poseen los medios indispensables y muchos dependen continuamente de ellos se aproxima a una condición servil —no porque desaparezca la libertad jurídica, sino porque la independencia material deja de sostenerla¹⁸; y Chesterton lo condensó preguntando no quién producía la riqueza, sino quién poseía aquello que permitía producirla¹⁹. El principio se extiende ya fuera del mundo digital: automóviles con funciones sujetas a activación remota, maquinaria dependiente de licencias, tractores que requieren validaciones electrónicas. El objeto físico queda en manos del comprador; las facultades esenciales, en manos del fabricante. La propiedad se vacía desde dentro: conserva el nombre, la carcasa y la apariencia, mientras las potestades del dominio son sustituidas una a una por autorizaciones revocables. Durante siglos, además, adquirir significaba disminuir la dependencia futura —cada herramienta reducía gastos, cada vivienda amortizada liberaba a la generación siguiente—; el régimen contemporáneo invierte la dirección: cada nuevo servicio añade un pago futuro, cada licencia una renovación, cada cuenta una dependencia. La acumulación de patrimonio es sustituida por la acumulación de obligaciones. La antigua pobreza consistía en carecer de bienes; la nueva puede consistir en vivir rodeado de ellos sin que ninguno se integre jamás en el patrimonio propio: el ciudadano dispone de más técnica que un rey medieval, pero toda esa abundancia pende de una condición —que el permiso continúe, que la cuenta siga abierta, que el proveedor no cambie las condiciones. La riqueza permanece; la seguridad desaparece.

Y aquí la mutación económica revela su fondo antropológico, porque toda forma estable de adquirir, conservar o perder los bienes termina modelando un tipo de hombre. La gran transformación del siglo no consiste sólo en que las personas posean menos: consiste en que dejan de pensar como propietarios y comienzan a pensar como usuarios, y la distancia entre ambas condiciones es mayor de lo que se supone. El propietario vive orientado hacia la permanencia: administra lo que espera conservar, conserva lo que desea transmitir, repara lo que seguirá usándose; su horizonte excede el presente. La propiedad educa silenciosamente la inteligencia —obliga a prever, calcular, ahorrar, renunciar a un beneficio inmediato por una utilidad futura—, no porque el propietario sea virtuoso, sino porque la estructura objetiva del patrimonio exige una conducta compatible con la continuidad: la prudencia, que no consiste en deliberar sino en ordenar rectamente los medios al fin, encuentra ahí su materia permanente. Y ordenar exige estabilidad: no se administra seriamente aquello cuya existencia depende de una autorización renovable. El usuario vive de otro modo: no necesita conservar sino mantener vigente el acceso; no repara: solicita actualización; no transmite: cancela la cuenta. No gobierna: gestiona accesos. No administra patrimonio: administra suscripciones. La diferencia parece terminológica; describe dos antropologías.

Evítese el malentendido: no se trata de idealizar al antiguo propietario ni de condenar al usuario. Las nuevas generaciones no eligieron el régimen en que nacieron: lo recibieron, educadas dentro de un sistema que presenta la utilización temporal como forma ordinaria de relacionarse con casi todos los bienes; su situación responde a una estructura objetiva, no a una preferencia cultural, y por eso el problema no admite reducción a juicio moral generacional²⁰. La cuestión es más honda: la libertad clásica nunca fue ausencia de vínculos, sino capacidad de ordenar responsablemente la existencia hacia el bien; y la reducción moderna de la libertad a pura autodeterminación negativa —libertad de, jamás libertad para— acaba en pura disponibilidad para lo que otro determine²¹. Aplicada a nuestro problema, la observación es exacta: el usuario perpetuo goza de una libertad formalmente intacta —nadie le prohíbe nada— y materialmente vacía, porque los presupuestos de sus decisiones permanecen bajo administración ajena. El dominio, en su sentido recto, no es poder arbitrario sobre las cosas sino capacidad responsable de disponer de ellas conforme a su fin: el agricultor domina su campo porque puede cultivarlo, el padre gobierna su casa porque puede administrarla. Cuando desaparece la estabilidad patrimonial, ese dominio no desaparece: cambia de titular.

Hay, en fin, un efecto sobre el tiempo mismo. Durante siglos las cosas acompañaban la vida de quienes las poseían: las herramientas se reparaban, los libros duraban generaciones, los muebles envejecían con la casa; formaban parte de una continuidad. Hoy los dispositivos se reemplazan antes de ser comprendidos, los programas se actualizan sin intervención del usuario, las funciones aparecen y desaparecen: nada permanece lo suficiente para incorporarse a la memoria. Si todo cambia continuamente, disminuye el incentivo de conservar; si nada permanece, pierde sentido proyectar; si todo depende de terceros, la iniciativa se reduce a lo inmediato. La prudencia pierde materia —no porque el hombre deje de ser racional, sino porque ha sido alterado el orden objetivo dentro del cual su racionalidad se ejercía. El propietario pregunta: ¿cómo conservo esto? El usuario pregunta: mientras funcione, ¿qué importa quién sea el dueño? La segunda pregunta parece razonable, y muchas veces lo es; pero cuando se aplica a la vivienda, a las herramientas, a la biblioteca, al ahorro, a los archivos y finalmente a la propia comunidad política, la respuesta cambia por completo, porque existen bienes cuya función no consiste en ser utilizados sino en constituir el soporte material de una vida capaz de gobernarse. Su pérdida no se mide en términos económicos: es pérdida de continuidad, de arraigo, de gobierno y, en último término, de libertad —entendida no como autonomía absoluta, sino como capacidad real de cumplir los propios deberes sin depender continuamente del permiso económico de otro.

IX. Cuándo el acceso es legítimo y cuándo se convierte en dominación

Toda crítica seria exige distinguir: no comenzar por condenar, sino por separar aquello que la confusión ha mezclado. Sería un grave error concluir que toda forma de acceso contraría el orden natural, o que sólo la propiedad individual constituye una relación legítima con los bienes: nada más lejano a la tradición, para la cual la propiedad nunca fue un absoluto ni el uso común una anomalía. La pregunta verdadera nunca fue «propiedad o comunidad», sino qué forma de posesión y de uso ordena mejor los bienes al bien común y a la perfección de las personas; y la respuesta depende siempre de la naturaleza del bien, porque no todos cumplen la misma función ni exigen idéntico régimen.

Hay bienes cuyo uso compartido es no sólo legítimo sino deseable: la carretera, el puente, la plaza, la biblioteca pública, la red de abastecimiento; incluso ciertas infraestructuras tecnológicas pueden administrarse comunitariamente sin contradecir la naturaleza del patrimonio. El problema nunca fue compartir: el cristianismo jamás convirtió el individualismo patrimonial en ideal. La cuestión es quién gobierna aquello que todos utilizan, con qué fin, bajo qué responsabilidad, con qué límites. Y aquí la tradición distingue entre comunidad y concentración: ambas permiten que muchos usen un mismo bien, pero sólo superficialmente se parecen. En la comunidad verdadera el bien pertenece, de un modo u otro, a quienes participan en él: hay deliberación, responsabilidad compartida, posibilidad de corregir el gobierno, un bien común concreto que ordena las decisiones. En la plataforma, muchos utilizan y uno gobierna; muchos pagan y uno decide; muchos generan valor y uno conserva el patrimonio. No hay comunidad: hay administración unilateral. Tampoco está el problema en la temporalidad del uso: el arrendamiento, el comodato y el usufructo son instituciones venerables, y el alquiler de una herramienta por una semana no destruye orden alguno. El problema aparece cuando lo excepcional se convierte en ordinario: cuando la economía entera se organiza sobre relaciones donde una sola de las partes conserva permanentemente el dominio mientras todas las demás permanecen indefinidamente como usuarias. Entonces ya no se trata de un contrato particular: se configura un régimen social.

¿Con qué medida juzgar ese régimen? Con la misma que legitima el dominio privado. Si la posesión particular se justifica por tres bienes —la administración más solícita, el orden más claro en las responsabilidades, la paz que nace de saber cada uno lo que le corresponde²²—, entonces basta preguntar si el nuevo régimen los produce o los destruye. Véase la administración: cuando el usuario no puede reparar lo que utiliza, ni modificarlo, ni transmitirlo, ni conservarlo fuera de la plataforma, ni conoce siquiera el funcionamiento del sistema, ¿administra todavía ese bien, o la administración ha sido desplazada hacia un centro remoto que concentra todas las decisiones? Véase la responsabilidad: el propietario responde por lo que posee —lo mantiene, lo conserva, asume su deterioro—; pero cuando todo depende de una infraestructura ajena, la responsabilidad emigra junto con el dominio, y donde desaparece la responsabilidad personal disminuye la posibilidad misma de la prudencia. Véase la paz: no la ausencia de conflictos, sino el orden estable que nace cuando cada uno conoce lo que legítimamente le corresponde; ¿qué paz patrimonial existe cuando millones descubren que aquello por lo que pagaron durante años puede desaparecer mediante una simple actualización del contrato? La inseguridad deja de ser excepción y se convierte en característica del sistema. El régimen del usuario perpetuo fracasa, pues, ante los tres criterios que justifican el dominio privado: he ahí su condena, pronunciada no desde ideología alguna, sino desde la misma doctrina que legitima la propiedad.

Debe rechazarse, además, otro falso dilema: el que obliga a elegir entre la gran corporación y el Estado omnipresente, como si el patrimonio sólo pudiera concentrarse en uno u otro, como si la familia, la cooperativa, el municipio y los cuerpos intermedios hubieran desaparecido del horizonte político. La tradición jamás pensó así: el orden político está estructurado por una diversidad de comunidades naturales e históricas que median entre el individuo y el poder central²³, y la concentración patrimonial destruye precisamente esas mediaciones: todo asciende —los bienes, las decisiones, la administración y, finalmente, la autoridad. Una vieja controversia lo ilumina: cuando Domingo de Soto discutió con Juan de Robles la organización de la beneficencia, el problema aparente era la administración de los pobres; el problema real era quién debe asumir las funciones que tradicionalmente desempeñaban las comunidades naturales²⁴. Robles proponía desplazarlas hacia estructuras centralizadas; Soto comprendió el peligro: cada función que abandona los cuerpos intermedios fortalece el centro. Cinco siglos después contemplamos el mismo movimiento, no ya respecto de los pobres sino del patrimonio: lo que administraban las familias pasa a ser administrado por plataformas, gestores de activos y fondos institucionales. La lógica es idéntica; cambian los instrumentos.

La cuestión decisiva no es, por tanto, defender indiscriminadamente toda propiedad, sino discernir qué bienes son constitutivos de la autonomía responsable de la familia y cuáles pueden organizarse legítimamente mediante acceso, cooperación o uso común. No toda suscripción amenaza el orden social; no todo alquiler produce dependencia. Pero existe una frontera: cuando los bienes necesarios para el ejercicio de los deberes familiares, profesionales, educativos o religiosos dejan sistemáticamente de incorporarse al patrimonio de quienes los utilizan, el acceso deja de ser modalidad contractual y se convierte en forma de dominación. Porque el permiso sustituye al dominio; y donde el permiso ocupa el lugar del patrimonio, la libertad deja de descansar sobre bienes propios y pasa a depender de autorizaciones continuamente renovables. Ése es el momento exacto en que la economía del acceso deja de ser una innovación comercial y se transforma en un nuevo régimen político del patrimonio.

X. La alianza de las potestades: el Estado ante la propiedad fantasma

Hemos evitado deliberadamente, hasta aquí, introducir al Estado, y la omisión fue método, no descuido: era necesario demostrar primero que el fenómeno no depende del Estado —que la concentración del patrimonio y el gobierno mediante permisos nacen de la lógica propia del régimen del acceso—, para que nadie pudiera reducir esta crítica a una polémica convencional contra el intervencionismo o contra el mercado. Pero el cuadro quedaría incompleto sin examinar la posición del poder estatal dentro del nuevo orden. Porque el Estado no es aquí la causa: es, cada vez más claramente, el socio.

La observación no es nueva. Pío XI describió en 1931, con precisión anatómica, la «dictadura económica» resultante de la concentración: un poder inmenso reunido en manos de unos pocos que con frecuencia ni siquiera son propietarios, sino depositarios y administradores de un capital ajeno que gobiernan a su arbitrio; y advirtió que esa concentración conduce a la lucha por apoderarse del Estado mismo, degradada la majestad del poder público a servidora de ambiciones privadas²⁵. Léase hoy ese diagnóstico ante los gestores de activos que administran patrimonios equivalentes al producto de naciones enteras, ante plataformas cuya potencia patrimonial excede el presupuesto de la mayoría de los Estados, y se comprobará que el Magisterio no describía una coyuntura: describía una estructura. La doctrina social entra aquí —conviene subrayarlo— no como fundamento de nuestra tesis, que es filosófica y descansa en la razón natural, sino como confirmación histórica de ella: la Iglesia vio antes que nadie hacia dónde conducía la separación del dominio y el bien común.

La relación contemporánea entre la potestad estatal y la corporativa no es de oposición sino de simbiosis. El Estado encuentra en las infraestructuras concentradas un instrumento incomparable de gobierno: es más fácil regular a cinco plataformas que a cinco millones de propietarios; más eficaz imponer deberes de vigilancia a un puñado de intermediarios que administrar directamente a la población; más cómodo ejecutar políticas monetarias, fiscales o informativas a través de nodos centralizados que respetar la dispersión inabarcable de los patrimonios familiares. Las corporaciones, por su parte, encuentran en el Estado la garantía última de sus títulos: la propiedad intelectual que sostiene el régimen de licencias, la ejecutabilidad de los contratos de adhesión, las barreras regulatorias que consolidan su posición. Cada potestad refuerza a la otra, y ambas convergen en un mismo resultado: la preferencia estructural por el ciudadano desprovisto de patrimonio, porque el usuario es más gobernable que el propietario. Quien nada posee de modo estable depende de flujos —salarios, subsidios, accesos, permisos—, y los flujos, a diferencia de los patrimonios, pueden abrirse y cerrarse desde el centro.

El Estado moderno, constituido sobre la soberanía como poder sin medida objetiva, tiende por su propia lógica a disolver toda realidad social que se le resista como dato previo: la familia, los cuerpos intermedios, las comunidades naturales²⁶. El patrimonio ampliamente distribuido pertenece a esa clase de realidades resistentes: es un límite fáctico al poder, una esfera que no necesita autorización para existir. Y la crisis actual del Estado no conduce a la recuperación de los cuerpos intermedios, sino, paradójicamente, a nuevas concentraciones de poder que heredan sus vicios sin sus contrapesos²⁷. La propiedad fantasma confirma ambos diagnósticos: la potestad estatal y la corporativa, lejos de limitarse mutuamente, se reparten el gobierno de una población de usuarios; y la distinción de d’Ors vuelve a ser luminosa, porque ninguna de las dos potestades aliadas posee ya la autoridad —saber reconocido, orden al bien común— que legitimaría la extensión de su imperio. No proponemos, por tanto, invocar al Estado como remedio contra la corporación, ni al mercado como remedio contra el Estado: ambas invocaciones permanecen dentro del dilema falso. El remedio, si existe, pasa por reconstruir lo que ambas potestades han erosionado de consuno: el patrimonio de las familias y de los cuerpos intermedios como límite real, material y jurídico del poder.

(Continuará)

Óscar Méndez Oceguera