Mientras los titulares macroeconómicos hablan de «sexto año de expansión», los datos de consumo dibujan otra España: la de las familias que compran marca blanca a falta de alternativas; la de los créditos al 18% de interés para llegar a fin de mes; y la de unas pensiones que, en sus franjas más elevadas (y cada vez más en su media), la mayoría de los trabajadores activos ya no ve en su nómina ni de lejos. Para rematarlo, la política de ayudas del Gobierno tiende a desincentivar el trabajo y potencia la vida parasitaria asociada al micro-consumo (hostelería y ocio en general), sin contribuir en absoluto a despejar la incógnita del futuro de esos consumidores, muchos de ellos alrededor de la treintena.
La realidad que traslucen estos datos es siniestra desde el punto de vista del futuro económico y del bien común material de España. Con el endeudamiento de los hogares (v. gr., vacaciones) disparado, la usura institucionalizada sigue haciendo gala de su poder e influencia en las naciones económicamente vulnerables, esto es, todas las del mundo occidental sin excepción. La economía española optó, desde hace mucho, por la centralidad del consumo de masas como resorte de la prosperidad. Y para muestra, véase el «Hay que consumir. La economía no es solo dinero, es un estado de ánimo» del expresidente imputado, o el «la economía es, ante todo, confianza [léase, de los poderes fácticos para financiarnos]» del ilustre registrador y fumador gallego.
Así, se empieza por consumir todos los ingresos familiares mensuales. Primero el día 30, luego el día 20. Andado el tiempo, a medida que la economía doméstica se deteriora, el consumo ha de ser cada vez de más bajo coste. Y, finalmente, el dinero para consumir acaba siendo facilitado por otros, bien sea en forma de usura monetaria (sector financiero), bien de usura política (ayudas estatales). O, en tercer lugar, en forma de esperanza de los llamados «millennials», de una buena herencia que, tras el consabido mordisco de las autoridades denominadas «autonómicas», esperan recibir siempre y cuando sus progenitores, tan hedonistas o más que ellos (no es el hedonista el que quiere sino el que puede) hayan dejado algún resto.
No contamos, además, con la trampa impositiva: las necesidades financieras del Estado son acuciantes a pesar de batir, constantemente, registros de recaudación tributaria. Así, por ejemplo, la subida de las pensiones, a las que se aplica un tipo de IRPF no deflactado, genera la llamada «progresividad en frío», que retorna parte de ese dinero de manera solapada al Estado. Lo propio se puede decir de la compra de vivienda, gravada por los cuatro costados para comprador, vendedor y propietario, y del consumo en general. Siempre se dijo que la inflación era el «impuesto de los pobres», y el escenario actual es, por desgracia, el más idóneo para demostrarlo.
La decadencia y/o ausencia de sectores productivos de valor añadido en nuestro territorio implica que la economía solamente pueda crecer nominalmente, no en términos reales, es decir, de riqueza contante y sonante. No se puede hablar de prosperidad si, a la par que se incrementa el PIB, el Estado tiene que legislar para que un adulto de treinta años pueda cobrar una renta mínima sin salir de la habitación de su infancia. Datos como este dicen más sobre la salud real de la economía que las portadas de la prensa económica.
Los grandes indicadores —crecimiento del PIB, ocupación, desempleo- seguirán siendo portada oficial. Pero la economía real, la que se mide en el supermercado y saldo del banco, cuenta la historia de una depresión encubierta que no aparece en ninguna estadística de crecimiento porque no se mide en agregados sino, muchas veces, en el sentimiento de la calle. De nuevo, los ídolos numéricos cacarean la expansión. Pero basta bajar del gabinete de estadística al hogar concreto para descubrir que lo que se llama crecimiento es el precio que una sociedad paga por haber roto con el orden natural de la economía, que subordina el dinero a la vida, y no la vida al dinero. Si de verdad nos creemos, como también dijo el antedicho fumador-registrador, que «la economía es la vida de la gente», hay que prestar más atención a la gente y menos a los números. Pero cuando el Estado, actor principal de toda esta tragicomedia, se encuentra al borde de la ruina, el margen de maniobra es, no vamos a engañarnos, muy escaso. Sea como sea, lo vamos a pagar caro, porque estamos vendiendo nuestro futuro, y la realidad no perdona.
Javier de Miguel, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta
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