El pasado 23 de septiembre de 2026 se consumó, al cuarto intento, el desahucio de María del Carmen Abascal, una mujer de ochenta y siete años con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del cincuenta por ciento. La anciana vivía desde 1956 en el mismo piso situado en el madrileño barrio de Retiro. El contrato de renta antigua lo firmó su padre; tras la muerte de éste, se subrogó a la madre y, fallecida ésta en 2005, a la propia Mari Carmen. Durante setenta años pagó puntualmente una renta que se actualizaba conforme al IPC.
En 2018 el edificio fue adquirido por un tercero. Éste, en interpretación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 que el Tribunal Supremo acabó confirmando, consideró extinguido el régimen de renta antigua por tratarse de una segunda subrogación y reclamó una renta «de mercado». Primero exigió 2.650 euros mensuales de alquiler; luego «rebajó» la pretensión a 1.650, cifra que superaba la pensión de la inquilina. La justicia, tras varios aplazamientos motivados por la vulnerabilidad de la señora, terminó dando la razón al propietario. Mari Carmen salió de su casa en camilla, entre cargas policiales y gritos de «asesinos» de quienes intentaban impedir el desalojo.
Hasta aquí los hechos, que la prensa ha vertido en abundancia y con el tono sentimental que el caso, en efecto, inspira. Pero el drama de Mari Carmen no es un episodio aislado ni se agota en la indignación moral contra el «malvado propietario». Es, más bien, el espejo en el que se refleja con nitidez la perversión de un sistema que ha convertido el Estado en instrumento cómplice, cuando no autor directo, de opresión del español medio.
Van a permitirme, por esta vez, que sea deliberadamente poco original. Y es que en una red social profesional leí una reflexión, en términos generales atinada, que a su vez resume una idea que a ningún jurista ni ciudadano medianamente juicioso se le escapa. La idea nuclear es que la tutela de los derechos concretos en los regímenes liberales corresponde, por reducción al absurdo, a la autoridad política (de modo subsidiario respecto de los organismos intermedios, pasados a cuchillo por el liberalismo bajo soflamas de igualdad), pero nunca a los particulares motu proprio. Y, en este caso, como en muchos otros por expresa disposición legal, aunque el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, su garantía se está resolviendo en los tribunales civiles en lugar de como un conflicto de interés público, donde el bien común se ve peligrosamente afectado.
Lo que hay que retener es que las externalidades de la aplicación de un derecho constitucional no se facturan, sin más, al agente privado al que políticamente resulta más rentable atacar. Tales derechos, si es que se cree en ellos, se reconocen, se financian y se permiten ejercer con vivienda social suficiente, capacidad y voluntad reales de atender a las situaciones particulares por encima de legalismos, y con un sistema que no dependa de que el propietario de turno decida asumir el coste de la llamada «política social».
Entretanto, asistimos nuevamente al dantesco espectáculo del ala comunista del gobierno, protestando contra ¿sí mismo? Además, me trae a la mente el infausto recuerdo de las tan absurdas como alabadas presencias de políticos de primer nivel de responsabilidad en las manifestaciones de repulsa a ETA. En fin, olvídense los actuales mandatarios de su pasado activista en las calles. Ahora les toca practicar lo que predicaban.
La falacia del socialismo —y con él el régimen que de él ha heredado el lenguaje y las prácticas— es que proclama asumir la política social para, a continuación, delegarla en los particulares sin compensación alguna. Lo cual no deja de ser muestra del bochorno que resulta, en la práctica, la proclamación de derechos abstractos, desencarnados, sin soporte legislativo ni político alguno, que simplemente son instrumento de mercadotecnia electoral. ¿Acaso no se nos dice que pagamos impuestos para sufragar cuestiones como esta?
Algo muy parecido ocurre con otros servicios cacareados como derechos por la constitución de 1978, a saber, la educación o la sanidad: muchos han de pagárselos de su bolsillo —si pueden— ante el caos que supone acudir al servicio público. El Estado, arruinado y habiendo liquidado los organismos intermedios que, bajo su control y supervisión, el orden natural precisaría para gestionar estos servicios, se reserva el monopolio de la retórica solidaria, mientras traslada el coste real a quienes no tienen obligación más allá de la que les debería imponer su conciencia. Y, si no cumplen, se lavan las manos tachándolos de «insolidarios». El problema es que una res publica no se gobierna apelando a la conciencia de los súbditos, y lapidando mediáticamente a los supuestos culpables, sino legislando como manda el orden natural, esto es, para premiar el bien y castigar el mal. Lo contrario no es más que un laissez faire con barniz de conciencia social y complejo de Pepito Grillo. Es decir, lo opuesto a la autoridad.
Por otro lado, el esperpento se agiganta cuando se constata que el Estado parece tener recursos para realojar, con generosidad muchas veces obscena y agraviante, a cuantos inmigrantes llegan a nuestras costas; pero se muestra impotente, o indolente, ante una pobre anciana española que ha cumplido toda su vida con las leyes que ese mismo Estado le impuso, y se ha visto en la calle por una simple cuestión de criterio jurídico.
La solución a todo este despropósito comienza por recuperar la concepción clásica de la propiedad como derecho natural secundario, subordinado las necesidades graves de los compatriotas, y por restablecer la primacía de la política pública sobre la judicialización de los conflictos entre particulares. Mientras el Estado siga eludiendo sus deberes y obligando a los ciudadanos a padecer las consecuencias de sus propias contradicciones legislativas, casos como el de Mari Carmen seguirán repitiéndose. Y cada uno de ellos será una prueba más de que el sistema, lejos de proteger al débil, oprime al español medio con la fría eficacia de quien ha aprendido a lavarse las manos.
Javier de Miguel Marqués
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