Ad portas de las elecciones presidenciales y parlamentarias en el Perú, se difunde en la opinión pública una crítica contra los candidatos que defienden algún principio político en firme. «¡Hay que evitar los extremos!», exclaman los aspirantes políticos y sus prosélitos, quienes creen que la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, la educación de los padres sobre sus hijos o la libertad de la Religión verdadera son asuntos ideológicos, partidarios o totalitarios.
Esos bienes no negociables son derechos y deberes naturales o bienes fundamentales, arraigados en la naturaleza humana. Están ordenados por la ley divina y la ley natural hacia el bien común inmanente y trascendente. Esta realidad se opone a la ideología, que es una construcción de la realidad desde falacias anticientíficas. También se opone a los partidos políticos, que son simple asociación de individuos que buscan el poder político representativo, o al totalitarismo, que consiste en la imposición de una ideología partidaria para el control y la cosificación del pueblo.
Esos deberes naturales son prepolíticos o preestatales y forman parte de la constitución natural de la comunidad política, porque todo deber es un compromiso y una responsabilidad con los bienes superiores o mayores por su espiritualidad y moralidad: Dios, la patria, la familia, etc. Las formas políticas deben proteger y colaborar con esos derechos y deberes, porque son también bienes comunes compartidos y participados por los miembros de una sociedad en virtud de la sociabilidad y la politicidad humana.
Por ello, el bien común ordena a la autoridad política y a las instituciones, públicas y privadas. En caso contrario, sería imposible desobedecer una acción política ilegítima por inmoral e injusta desde la objeción de la conciencia y la resistencia civil, pues los deberes y derechos emanarían de la decisión política (Constitución y ley) y no de la naturaleza humana y de su fundamento último, Dios como creador providente.
Ahora bien, desde la tradición greco-romana y de la filosofía jurídica y política tomista hasta la doctrina social de la Iglesia, sabemos que lo justo se opone a dos extremos abusivos, un defecto y un exceso, en virtud de la justicia. Dar a cada uno lo suyo significa entregar, reconocer, respetar o sancionar lo debido o lo justo a cada persona ni más ni menos.
A modo de ejemplos, se actúa injustamente contra la vida humana cuando un bebé nace prematuro y no se le brinda los cuidados imprescindibles para su bienestar (abuso por defecto) o cuando alguien es condenado a muerte por un delito sin la convicción necesaria sobre su autoría (abuso por exceso). Más aún, cuando no se colabora con las festividades cristianas (abuso por defecto u omisión) y se obstruye o prohíbe intencionalmente (exceso) el deber y el derecho de dar culto perfecto a Dios.
Estas injusticias por sus extremos defectuosos y excesivos provienen de los ateos, liberales o comunistas. Los promueven individuos persuadidos por el agnosticismo, el relativismo y el nihilismo, sin más autoridad que el culto ideológico a las personalidades y a los intereses secularistas en aras de un aparente progreso ideacional y económico.
La tutela, defensa y promoción de los derechos naturales contra las injusticias o los extremos ideológicos de nuestro tiempo es un deber cristiano con los bienes primigenios. La recta conciencia y la buena voluntad de cada hombre no debe olvidar este compromiso de la tierra con el Cielo como la superioridad de la veritas sobre la doxa en tiempo de elecciones políticas. La verdad nos ilumina y hace libres hacia el bien común en cualquier circunstancia, como el anhelo de ser justos y buscar lo justo son cualidades trascendentes a que nos impele el alma.
José Bellido Nina, Círculo Blas de Ostolaza
