El Banco de España dedica un capítulo completo de su último informe económico anual a analizar la situación estructural de la población española y sus implicaciones económicas y sociales.
El antiguo organismo emisor reconoce que existen 3.403 municipios rurales en riesgo de desaparición. En ellos viven en la actualidad algo más de 2 millones de personas que pueden verse afectadas, en caso de que sus dinámicas poblacionales decrecientes no se reviertan.
En términos económicos y sociales se constata el efecto tractor de las ciudades sobre el desarrollo rural, pues son las provincias cuya capital es más grande las que presentan una menor incidencia de municipios en riesgo de despoblación. En este sentido, la pérdida de población en las pequeñas capitales de provincia, que se ha acelerado desde el año 2011, no hace más que agudizar el problema.
El resultado es la gran dificultad para fijar población en grandes territorios vacíos muy distantes de los núcleos más poblados, que además presentan un déficit en el acceso a servicios públicos y financieros, así como a prestaciones digitales.
La importancia de las conexiones a internet se ha manifestado durante la epidemia del covid 19, en que se activó tanto el teletrabajo como la formación en línea a gran escala. El déficit en la provisión de servicios digitales ha lastrado especialmente a los municipios más amenazados de desaparición, ya que, por su falta de infraestructuras en materia de telecomunicaciones, no han podido ofrecer ventajas digitales que redujeran otro tipo de costes. En consecuencia, no resultaron atrayentes para atraer a trabajadores de las ciudades, que hubieran podido plantearse una nueva vida en entornos poco poblados.
En materia de lucha contra la despoblación, el Banco de España propone que las políticas públicas se fijen comparando los potenciales beneficios en términos de equidad territorial con los posibles costes que puedan implicar para el conjunto de la sociedad. Eso sí, deberán reducir «las eventuales pérdidas de eficiencia en el uso de los recursos públicos», por lo que se muestra desfavorable a la movilidad de empresas y trabajadores a otras localizaciones, si con ello resulta afectada productividad. En resumen, se propone que el coste de oportunidad de asignar recursos a las zonas más desfavorecidas se haga, por ejemplo, bajo el criterio de un aumento de renta.
En términos más concretos se informa al Gobierno de la oportunidad de diseñar políticas públicas basadas en la digitalización y una economía relacionada con la denominada tercera edad.
Entre las soluciones jurídicas que proponen al problema de la despoblación, está la constitución de mancomunidades. Hay que precisar que esa figura ya está prevista desde 1985 en la Ley reguladora de las Bases del régimen local, al amparo de la cual hay 953 mancomunidades en funcionamiento en España desde hace décadas. Por esa razón, plantea dudas su efectividad para detener las dinámicas de pérdida de población.
Los técnicos que han redactado el informe reconocen la complejidad del problema diagnosticado, por lo que no pretenden ser exhaustivos en sus soluciones. Esta apreciación es correcta, pues una mirada a la actualidad les permitirá, por ejemplo, incluir en futuros informes el cálculo con el aumento de los costes de desplazamiento que van a acarrear los nuevos peajes, que el Gobierno planea introducir en autovías y carreteras. Si esa norma llega a aprobarse, encarecerá aún más la vida de los habitantes de los pueblos más pequeños, en su intento por acceder a los servicios públicos en las ciudades y será una barrera más para la llegada de productos, visitantes y nuevos habitantes que pudieran contribuir a impedir su extinción.
FARO/Margaritas Hispánicas. A. Herrero
