CHILE- La escalada de actos terroristas cometidos en la región de la Araucanía, Chile; aumentado, sobre todo, después de la insurrección del 18 de octubre del 2019, se suma otro delito de carácter gravísimo con el agravante de torturas y posible homicidio.
El día 8 de junio, producto de una denuncia por presunta desgracia, interpuesta por familiares de una de las víctimas, se dio origen a una trama macabra. Desde esta denuncia, transcurrieron 7 días desde que apareció una de las víctimas. Esta, logró escaparse por un barranco donde llegó al domicilio de un particular prácticamente desnudo. La otra víctima fue asesinada y rociada con ácido para hacerla desaparecer.
Este hecho ocurrió en represalia porque las dos víctimas, cuando fueron a una comunidad mapuche, encontraron armas de fuego que estaban abandonadas y procedieron a venderlas.
La comisión del delito de secuestro y torturas se produjo cuando las víctimas fueron contactadas por una de las líderes de la comunidad, María Ancalaf-hermana de Víctor Ancalaf, ex líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (responsable de ataques delictuales e incendiarios en el sur)-bajo el pretexto de «reparar» un vehículo.
Una de las víctimas, Ernesto Abello Marín, al lograr escapar, fue derivado al hospital de una comuna cercana donde sus lesiones evidenciaban torturas: golpes de hacha, fractura de dedos en los pies, como también en las extremidades. Todo esto de una brutalidad desconocida en décadas que incluye felaciones y vejaciones sodomíticas. Se debe recordar que fue cerca de esa comunidad donde fue asesinado un carabinero y un trabajador agrícola.
La comunidad Choin Lafquenche (Mapuche) es regida cual fuera un Estado paralelo donde se han detenido personas y se han cometido torturas. Se debe recordar que este ha sido el único lugar donde comprobadamente se han cometido torturas en el período en que vivimos, a diferencia de las falsas acusaciones, que producto del 18-O, se señaló que en la estación de metro Baquedano se había erigido como centro de torturas.
La clase política, particularmente la izquierda, ha quedado en silencio cómplice, calificando este delito como un simple delito común.
AGENCIA FARO/Círculo Cultural Antonio de Quintanilla y Santiago
