MADRID, ESPAÑA– La Coordinadora de la España Vaciada, de la que forman parte más de 100 plataformas y movimientos sociales, ha denunciado que el Gobierno sigue apostando por una «España a dos velocidades».
El detonante de este comunicado ha sido la decisión del Ministerio de política territorial de ampliar el aeropuerto de Barcelona y el de Madrid, lo que supondrá una inversión de 1.700 y 1.600 millones de euros respectivamente.
La Coordinadora reclama que el Gobierno autorice y ejecute de una vez las inversiones en las infraestructuras pendientes en las provincias con problemas de despoblación. En caso contrario, el Gobierno seguirá dejando de lado la cohesión del territorio y ahondando con sus hechos la brecha entre las zonas ricas y las zonas pobres del interior peninsular en vía de desertización poblacional.
La Coordinadora España Vaciada ha expresado su decepción «vemos como nuestros proyectos se eternizan en una larga letanía de reuniones, estudios caducados y plazos interminables, mientras otras propuestas avanzan a gran velocidad».
El listado de inversiones pendientes de ejecutar en la España vacía sigue creciendo; la conexión berciana por ferrocarril, la autovía A-40 en el tramo A-6 Ávila-Maqueda-Toledo-Cuenca y entre Cuenca-Teruel, la A-68 Zaragoza-Vinaroz, la A-32 Linares-Albacete, la A-11 del Duero entre Soria y la frontera portuguesa, la A-24 Calatayud-Daroca, y la A-81 Badajoz-Espiel-Granada, la A-15 Autovía de Navarra, entre otras muchas que sería muy largo enumerar aquí.
En la última reunión de la Coordinadora en la localidad zamorana de Porto de Sanabria se han planteado como objetivo prioritario reclamar que todas las personas de las zonas despobladas tengan acceso a unos servicios públicos mínimos a menos de 30 minutos de distancia de su residencia. Además, piden una fiscalidad diferenciada para el mundo rural, con reducción de los principales impuestos (Sociedades, IRPF, IVA y Sucesiones y Donaciones) además de las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin medidas concretas que favorezcan que las personas trasladen su residencia permanente a núcleos rurales, los discursos del Gobierno quedarán en papel mojado.
Agencia Faro
