En la España peninsular, el presidente del partido político de turno en el gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado lo que era un rumor a voces desde hace años: la imposición de un nuevo impuesto a la circulación que entraría definitivamente en vigor en el año 2023. Este nuevo impuesto, todavía no del todo definido, pretende hacer pagar a los conductores que circulen por determinadas carreteras (o todas) un pago de en torno a 75 euros anuales como mínimo, para conseguir el nuevo permiso y papel burocrático de turno.
El pretexto para esta nueva imposición es el mantenimiento de la red de carreteras peninsulares, para la cuál estiman necesario un gasto anual de en torno a 2.000 millones de euros. Afirman desde fuentes burocráticas que la situación y financiación «es insostenible», y que los «servicios públicos deben ser pagados por quién los usa».
Sin embargo, nos encontramos con que tal financiación ya es pagada con creces por todos los españoles, incluso por los que no utilizan ni poseen vehículo con el que transitar por las carreteras, a través de una parte del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Pero, sobre todo, ya son los conductores quienes pagan por lo que usan, como argumentan con sorna los políticos de los partidos. Sólo en el año 2018, el Estado recaudó 456 millones de euros en concepto de impuesto de matriculación, 2.905 millones de euros por el impuesto de circulación (sí, ya existe tal impuesto que ahora duplican), 4.856 millones de euros por el IVA sobre la adquisición de coches nuevos, 7.370 millones de euros por el IVA sobre los carburantes, 13.452 millones de euros por el Impuesto especial sobre Hidrocarburos y 523 millones de euros por ventas de vehículos de segunda mano. Todos estos impuestos existen−supuestamente− para pagar los gastos de carreteras. En total, más de 29.500 millones de euros, quince veces más la cantidad supuesta para ese mantenimiento.
Una vez más, los partidos políticos alimentan el Leviatán estatal con unos nuevos impuestos que no se justifican en necesidades reales, sino en las pretensiones ideológicas de los partidos. Levantan pretextos y coartadas para justificar tales exacciones a la población, para disfrazar que la intención es destinar el dinero así obtenido, no al mantenimiento de la red de carreteras, sino al acrecentamiento de la red de burocracia revolucionaria, organizaciones afines, y otras obras en pro de la descristianización y desarraigo de las Españas.
Gabriel Sanz Señor, Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
