Tras la entrada en la Península, en Abril de 1823, de los Cien Mil Hijos de San Luis (en realidad la mitad del contingente eran tropas realistas españolas) en nombre de la Santa Alianza, se formó una Regencia patrocinada por ésta el 26 de Mayo, una de cuyas primeras medidas (disposición de 8 de Junio) fue la importación de la institución extranjera de la Policía, bajo el nombre de Superintendencia General de Vigilancia Pública para todo el Reino, una de cuyas funciones consistía en la expedición de Pasaportes obligatorios para poder circular los españoles por los Reinos peninsulares. A fin de garantizar la Santa Alianza el no retorno de la Monarquía a su plenitud sociopolítica tradicional, se rodeó al Rey Fernando de muchos agentes y ministros de tendencia «realista» moderada, que debían seguir la línea política incoada por la susodicha Regencia, y bajo el amparo de las guarniciones francesas, que, aunque disminuyendo su presencia, permanecerían en la Península hasta bien entrado el año 1828. En este contexto, se aprobaron en Enero de 1824 el Decreto y Reglamento que fijaban las funciones de ese nuevo ramo: expedición de Pasaportes y Cartas de Seguridad para poder circular (esta segunda, obligatoria incluso sin necesidad de desplazarse), realización de Padrones de los pueblos, necesidad de licencias para todo tipo de actividades o para tener armas, etc.; y, por supuesto, facultad para multar a su arbitrio a los «infractores».
D. Fernando y los realistas hacían lo que podían para oponerse e imponerse a la línea política moderada, razón por la cual las medidas de esta facción estuvieron en una situación dudosa y vacilante durante esta última década fernandina, y sólo llegaron a consolidarse y afianzarse tras el triunfo de la Revolución en 1833. La Policía y sus actividades suscitaban la animadversión de toda la población rural –que es lo mismo que decir de casi toda la población española de entonces, que era de sana inclinación realista–, estando muy presentes en las motivaciones de los agraviados catalanes. El insigne publicista legitimista Vicente Pou evocaba todavía en 1842 los tiempos de la multisecular Monarquía Católica anteriores a la Revolución: «¡Cuando los españoles no conocían la ominosa Policía, ni sus importunos agentes, ni las inmorales Cartas de Seguridad, ni los Pasaportes refrendados en regla, ni la fuerza armada sino en los presidios militares!».
Nos hemos detenido un poco en estos hechos, porque constituyeron el punto de partida de una cada vez mayor tendencia al control poblacional y a la ingeniería social que se han venido desarrollando durante estos últimos 188 años de Revolución ininterrumpida. Los métodos los conocemos bien, y los resumió la publicación Planning –órgano del think tank británico Planificación Económica y Política, organización nacida en 1931 y cuyo primer presidente fue un tal Israel Moses Sieff– en un editorial de un número de octubre de 1938: «Partimos de la posición de que sólo en la guerra, o bajo amenaza de guerra, el Gobierno británico se embarcará en una planificación a larga escala». «Las medidas de emergencia deberían, en la medida de lo posible, configurarse de acuerdo con las necesidades a largo plazo de reconstrucción social y económica». Cuando dice «guerra», también puede decir «crisis económica mundial» o «pandemia», como escenarios idóneos para el avance en la hoja de ruta de aquéllos a los que Pío XI llamaba «imperialistas internacionales del dinero», que crean y destruyen el crédito de manera que nadie pueda respirar contra su voluntad.
Por desgracia, esta forma de pensar se ha ido instalando poco a poco también en las mentes de la gente. Por ejemplo, uno lee los artículos que el periodista Eduardo Navarro Salvador escribía en la sección de estadísticas de El Correo Español a propósito de la anterior gran pandemia «española» de 1918, y no puede evitar arquear la ceja ante alguna de sus sugerencias (18/10/18): «El segundo remedio, que puede y debe ser general, consiste en establecer el registro total de la población, como lo tiene Alemania, Inglaterra y todos los pueblos verdaderamente cultos. El registro […] entrega [un documento] de carácter individual, en el que se consignan todos los datos personales completos». Se trata del carnet de identidad, que se implantaría durante la dictadura franquista. Y añade: «Sin la reforma no habrá nunca justicia ni plan policíaco definitivo. Tampoco puede existir sin ella la reorganización militar, administrativa, sanitaria y social, en suma». Cada medida totalitaria «provisional» de control instalada, se convierte en algo «natural» para la siguiente generación, y no será distinto en esta última fase, en que vivimos, de vacunación y Pasaporte Covid obligatorios.
Félix M.ª Martín Antoniano.
