El pasado viernes, el Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que comenzarán a recibir 100.000 familias más a partir de junio. O no. Porque no va más allá de la propaganda que acompaña a todas las medidas.
Y es que el Ministro Escrivá dejará sin gastar 1.000 millones del presupuesto del Ingreso Mínimo Vital, porque después del año y medio de funcionamiento sólo ha llegado a 350.000 hogares.
Tocan a fanfarria el gobierno y a rebato la oposición.
Los primeros como oferta estrella y los segundos en coral de letanías parlamentarias.
Y como es costumbre democrática, para paliar verdades se venden mentiras. Y las verdades son muy crudas (datos según informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España): el 26,4 % de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión (un total de 12,5 millones de personas) y el 9 % ya está en pobreza extrema (unos 4,5 millones de personas).
Pero bajemos al concreto: solo una de cada tres personas adultas en pobreza severa (32,8 %) está en paro. El 31,6 %, es decir, casi una de cada tres personas pobres mayores de 15 años trabaja, o sea, dispone de un empleo remunerado, pero con un salario que no da ni para comer caliente a diario.
Entonces, ¿serán los requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital los culpables de fracaso tan sonoro? ¿O existe un fracaso que impide su éxito?
Requisito a requisito: tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo y cumplir un año de residencia legal en España. Harto fácil.
Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas. Concretando: una estabilidad de un año para la unidad de convivencia.
Añadamos realidades a las mentiras: en España hay 4.889.900 personas viviendo solas, lo que quiere decir que el 10,4% de los hogares son unipersonales (96.200 más que el año pasado, y creciendo). Once personas se suicidan cada día.
125.000 divorcios en 2007, y seguimos destruyendo familias: (según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021) 15.048 demandas de divorcio consensuado; 9.290 demandas de divorcio no consensuado; 723 de separación consensuada y 304 de separación no consensuada.
Dos botones de muestra que reflejan la punta del iceberg de una sociedad desestructurada, donde el matrimonio como tal no pasa de álbum de fotos, los hijos se acumulan en una unidad de convivencia que ni está unida ni convive, sin referencia alguna, y que reproducirán lo que han vivido. Parafraseando a Juan Manuel de Prada: los derechos de bragueta no son capaces de asegurar ni un año de convivencia. ¡Un año!
Hasta doce meses se antoja mucho; los mismos que destruyen al individuo desgajándolo de toda relación con un semejante, les exigen a sus vasallos algo que les niega.
Tendrán que bajar el listón a sus propias creaciones. Porque nunca antes el tener dificultades económicas era sinónimo de soledad.
Roberto Gómez Bastida, Círculo Tradicionalista de Baeza
