Ya se ha publicado en el BOE de la «Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones». Su entrada en vigor el inminente el uno de enero de 2022 significa la puesta en funcionamiento de la reforma del sistema de pensiones. De esta forma, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020.
La Esperanza ha publicado diversos artículos analizando los graves problemas que produce el suicidio demográfico de España, que impide afrontar en los actuales términos económicos las pensiones de los integrantes de la generación nacida en los años sesenta del pasado siglo. Así lo reconoce el preámbulo de la norma: «…el momento actual tiene una singularidad: en pocos años empezarán a acceder a la jubilación los integrantes de la generación más grande de nuestra historia, la del “baby boom”».
En la exposición de motivos encontraremos varias verdades entremezcladas con falsedades. Párrafos más abajo hallamos la primera mentira: «Se establece que la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año se realizará de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior». La primera subida será del 2,5 %. Pero, ¿qué es esta subida ante el IPC del año que finaliza? Ese índice de precios se ha situado en un 6,7% en este mes de diciembre en plena escalada de precios.
La segunda mentira no tarda en llegar y se refiere a que se acomodará la edad de jubilación a la efectiva. Actualmente la edad ordinaria de jubilación va camino (en el período transitorio actual) de los 67 años. Para hacerlo actualmente a los 65 años se requieren 37 años y tres meses cotizados. ¿Esa será la edad de jubilación efectiva de una albañil o un fontanero? ¿Y la de un camionero? ¿O la de los que recogen la fresa, la aceituna o la basura? ¿La de un camarero?
Tercera mentira: la regulación de la jubilación anticipada voluntaria, en la que los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. La generación de los jóvenes de la época de Felipe González, que también fue la generación del paro juvenil desbocado en máximos mundiales, no llega con facilidad a esos 37 años exigidos (tendrán una vida larga, pero no de cotización). Según la EPA entre los mayores de 55 años hay 630.000 parados, a septiembre de este año. La cotización que podrán sumar no será larga, desde luego que no.
Otra falsedad más es la referencia al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. El texto legal recién aprobado establece que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado a la Caja de la Seguridad Social. Permítanme recordarles qué entienden por «transferencia»: el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hucha de las pensiones) fue constituido en el año 2000. Hasta el año 2011 se realizaron contribuciones hasta llegar a un máximo acumulado de 67.000 millones de euros. ¿Cuánto queda a finales de 2021 de esa cifra? 2.138 millones.
Hagamos historia: el PP sustrajo 74.437 millones de euros del Fondo de entre 2012 y 2017 (esta diferencia se explica porque las inversiones en deuda pública del Fondo consiguieron un retorno) a través de cuatro marcos legislativos: el primero, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2012 (en virtud del cual se extrajeron del Fondo 3.063 millones de euros en septiembre y octubre de 2012); el segundo, el Real Decreto Ley 28/2012 de 30 de noviembre (en virtud del cual se extrajeron 30.888 millones de euros entre diciembre de 2012 y diciembre de 2014); tercero, la Ley 36/2014 de 26 de diciembre (en virtud del cual se extrajeron 33.386 millones de euros en 2015 y 2016); y cuarto, la Ley 3/2017 de 27 de junio (en virtud del cual se extrajeron 7.100 millones de euros en 2017). Y así hasta llegar al fondo de la hucha.
También aparecen otras novedades: la derogación del factor de sostenibilidad introducido por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, para introducirse el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Consiste en otro intento de reactivación del mencionado Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación será de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa (0,5 puntos) y el trabajador (0,1 puntos), lo que denominan «válvula de seguridad», del sistema a partir de 2033. Mayor coste laboral y otra carga añadida a los trabajadores.
Y ¿después del 2033? Lo más probable que otra reforma, o dos o tres. Pero en esta carrera entre las promesas gubernamentales y las exigencias de la llamada Unión Europea, el futuro debe ser planificado para recepción de los fondos europeos. Y el que paga, exige. Así, en el caso de que los informes de Envejecimiento de la Comisión Europea muestren una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (será el año de referencia), se utilizará el Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).
¿Y si no se llega a esa situación? Tendrá lugar la vuelta al Pacto de Toledo con una doble vía: o bien la de reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, o bien –era de esperar– incrementar el tipo de cotización. Sin olvidar que el muy recurrido recurso de seguir subiendo impuestos estará ahí, para goce y disfrute de izquierdas y derechas.
Y como trazo grueso en este lienzo gris: la llamada revolución de los «yayos». Estos pensionistas (no sólo abuelos) salen a la calle, pancarta en mano, para exigir que todos estos engaños se recojan en la Constitución. Ciertamente es el lugar apropiado: la Carta Magna del embuste, pide se le añada otro.
María Dolores Rodríguez Godino, Margaritas Hispánicas
