Quienes estos días pasen por la Puerta del Sol de Madrid se encontrarán con tiendas de campaña y personas instaladas en la plaza. El origen de la protesta se encuentra en el caso de María del Carmen Abascal, una vecina de Madrid de 87 años (y un 50 por ciento de discapacidad) que ha tenido que abandonar la vivienda en la que llevaba viviendo desde su juventud.
La historia comenzó en 1956, cuando sus padres alquilaron un piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, junto al parque del Retiro. Allí transcurrieron cerca de setenta años de su vida: allí vivieron sus padres, allí murieron y allí continuó viviendo María del Carmen. Lo que entonces era una zona periférica de Madrid se encuentra hoy en uno de los barrios más cotizados de la capital.
El contrato pertenecía al régimen conocido como «renta antigua», caracterizado por la prórroga forzosa de los arrendamientos y por unas rentas que quedaron con el paso del tiempo muy por debajo de los precios de mercado. El llamado Decreto Boyer de 1985, aprobado durante el Gobierno de Felipe González, acabó con la prórroga forzosa para los contratos nuevos, aunque no con los contratos antiguos. Posteriormente, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 reformó el Código Civil limitando las posibilidades de subrogación de esos contratos.
En el caso de María del Carmen, tras el fallecimiento de su madre en 2005, comenzó a contar el plazo de 2 años que acabaría determinando la extinción de su contrato. Durante todo ese tiempo hasta hoy, la inquilina continuó pagando religiosamente la renta, que llegó a suponer aproximadamente un tercio de sus ingresos. Finalmente, a instancia de un nuevo propietario, los tribunales confirmaron la extinción del arrendamiento y la mujer tuvo que abandonar la casa en la que había vivido durante décadas.
Su caso ha terminado convirtiéndose en bandera de una protesta mucho más amplia. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, junto con cerca de medio centenar de organizaciones, convocó el sábado una manifestación por la vivienda. Tras llegar a la Puerta del Sol, los manifestantes anunciaron su intención de permanecer allí acampados.
La protesta reclama cambios en la legislación de vivienda y, entre otras medidas, una regulación que impida que se repitan situaciones como la de María del Carmen. La acampada pretende mantener la presión en los próximos días y ha convertido nuevamente la Puerta del Sol en escenario de una reivindicación social vinculada al acceso a la vivienda.
Más allá de las consignas de la movilización, el caso plantea una cuestión difícil de soslayar: qué ocurre cuando una familia puede permanecer durante setenta años en una misma vivienda, cumplir durante décadas con sus obligaciones como inquilina y, finalmente, perderla en un contexto de dificultad extrema de acceder al mercado de la vivienda y en una situación de vulnerabilidad.
La imagen de la Puerta del Sol tiene, por tanto, un origen muy concreto: una mujer que ha perdido la casa en la que vivió prácticamente toda su vida. Pero alrededor de ese caso se ha abierto de nuevo un debate y un giro en el escenario político, cuando se acerca 2027, año electoral: los progresistas utilizarán el desahucio de Maricarmen como pretexto para explotar el descontento social real frente a la carestía de la vivienda de alquiler y de venta en el mercado.
Agencia FARO
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