Hace dos años, la Agencia FARO publicaba un vídeo demoledor —«La alianza pederasta del Régimen del 78»— en el que denunciaba cómo el entonces secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, defendía públicamente a la ministra Irene Montero tras unas declaraciones en las que ella justificaba, sin tapujos, las relaciones sexuales de menores «con quien les dé la gana». FARO no se limitó a la indignación superficial: puso el dedo en la llaga, acusando a Argüello de faltar a la verdad para blindar a la ministra y, con ella, al propio sistema político nacido en 1978, del que la Conferencia Episcopal es uno de los pilares.
Hoy, las palabras de FARO vuelven a resonar: la Conferencia Episcopal se ha alineado con la Comisión Islámica de España para condenar el veto al culto musulmán en espacios públicos en Jumilla, calificándolo de «atentado contra los derechos fundamentales» y apelando al artículo 16 de la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según su comunicado, «hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».
Aquí está el núcleo del problema. La postura de la CEE bebe directamente de la declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II (1965), que afirma: «Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, de tal manera que, en materia religiosa, nadie sea obligado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos.» (DH, 2)
El problema, como ya denunciaron los Papas anteriores al Concilio, es que esta «libertad» no se presenta como tolerancia prudencial en una sociedad plural, sino como derecho natural universal, equiparando la verdadera religión con las falsas. San Pío X advirtió en la encíclica Pascendi (1907) contra este error modernista: «El modernismo reposa sobre la afirmación de que la religión es una experiencia subjetiva del individuo, y por tanto que todas las religiones son igualmente válidas en su esencia».
Por su parte, Pío IX condenó explícitamente, en el Syllabus Errorum (1864), la proposición número 77: «En nuestra época ya no es conveniente que la religión católica sea considerada como la única religión del Estado, con exclusión de todos los demás cultos» (condenada).
Y en la proposición 15, rechazó: «Todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, juzgare verdadera» (condenada).
Lo que hoy la Conferencia Episcopal defiende como «derecho fundamental» y «no discriminación» no es otra cosa que la aplicación práctica de este error condenado, amparado ahora por la terminología posconciliar.
El Magisterio fue constante: el Estado debe reconocer a Cristo como Rey y a la Iglesia como única depositaria de la verdadera religión. León XIII, en Immortale Dei (1885), enseñaba: «El Estado está obligado, por mandato de la naturaleza y de Dios, a dar culto público a Dios y, por tanto, a reconocer y favorecer la religión verdadera».
Esto no excluye que, por razones de prudencia política y bien común, se tolere el culto de falsas religiones; pero tolerar no es reconocer como derecho. La distinción es vital. San Agustín ya lo decía: «No se hace injusticia al error, sino al hombre que yerra; a este hay que amar, pero su error, combatir» (Carta 93).
La postura actual de la CEE borra esa distinción. Ya no se trata de tolerar el error por razones de orden público, sino de proclamar un derecho igualitario de las falsas religiones, presentándolo como exigencia moral y democrática.
Lo que FARO denunció en 2022 —que la Conferencia Episcopal actúa como engranaje ideológico del régimen— se confirma plenamente. Entonces se trataba de encubrir a una ministra que promovía ideas contrarias a la ley natural; hoy, de legitimar públicamente la presencia y el proselitismo del mahometismo en espacios públicos, usando como escudo la Constitución y la ONU.
El denominador común es el mismo: una jerarquía que ha sustituido el mandato de Cristo —«Id y haced discípulos a todas las naciones» (Mt. 28,19)— por el mandato del régimen: «Id y defended el pluralismo religioso como fundamento de la democracia». Y así, el que debería ser pastor se convierte en abogado de la neutralidad laicista y del consenso político, aunque ello signifique equiparar la fe de la Iglesia con doctrinas que la niegan.
Recordemos a San Pío X: «Los modernistas son los más peligrosos enemigos de la Iglesia, porque la atacan no desde fuera, sino desde dentro» (Pascendi, 3).
FARO lo dijo hace dos años, y la actualidad lo confirma: la Conferencia Episcopal, lejos de ser muro de contención frente al mundo, se ha convertido en columna del mismo edificio que arruina la Cristiandad en España.
Roberto Gómez Bastida, Círculo Tradicionalista de Baeza
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