Todo el mundo conoce, al menos en España, la historia de Noelia Castillo, una joven destrozada por la intervención constante del Estado. Pero en estos días esa intervención ha alcanzado su culminación más atroz: el Estado ha autorizado su «ejecución legal» en este 26 de marzo de 2026.
Primero, el Estado la arrancó de su familia. Siendo menor, un órgano administrativo decidió quebrar la patria potestad con el pretexto de una situación difícil. Entregada a la tutela pública, Noelia fue abandonada a su suerte hasta sufrir una agresión sexual grupal. El Estado que se arrogó el derecho de sustituir a sus padres no fue capaz ni de garantizar lo más básico: su integridad.
Después la dejó caer. Tras un intento de suicidio, quedó en silla de ruedas. Un expediente oficial elevó su discapacidad psíquica hasta un 74%. Es decir, el propio sistema certificó su fragilidad, su vulnerabilidad extrema, su incapacidad para sostenerse por sí misma.
Y, finalmente, la mata.
Porque el mismo Estado que no la protegió, que no la acompañó, que no la levantó, se ha mostrado ahora rápido, eficaz y diligente en tramitar su muerte. Para cuidar, negligencia; para eliminar, precisión quirúrgica.
Noelia ha solicitado la eutanasia conforme a la ley, sí. Pero el procedimiento «legal» no limpia la injusticia, sino que la reviste. Mientras tanto, su padre ha sido apartado, bloqueado judicialmente, reducido al silencio, pese a advertir lo evidente: que su hija no está en condiciones psíquicas de decidir libremente, y que lo que se presenta como elección no es más que el último eslabón de una cadena de abandono.
Aquí no estamos ante un caso aislado, sino ante un patrón. El Estado del Régimen del 78 fracasa sistemáticamente en proteger la vida cuando es débil, pero funciona con exactitud milimétrica cuando se trata de administrarle la muerte. Primero rompe la familia, luego abandona, y por último ejecuta. Ese es el itinerario.
Y todo ello envuelto en palabras dulces: «compasión», «dignidad», «respeto». El lenguaje del verdugo moderno, que ya no necesita violencia visible porque ha aprendido a justificarla.
No es solo la muerte de una hija. Es la aniquilación del orden natural: un padre despojado de su derecho y de su deber, una familia sustituida por una maquinaria burocrática, y una vida humana reducida a expediente administrativo.
«Los hijos son del Estado», se dijo. Hoy vemos la consecuencia lógica: si son del Estado, también puede disponer de ellos hasta la muerte.
Y no será el último caso. En un sistema sanitario tensionado y una sociedad moralmente exhausta, estas muertes serán presentadas como ejemplo, amplificadas por los medios del Régimen como modelo de humanidad.
Pero no hay humanidad en eliminar al que sufre. Hay barbarie legalizada.
Y cuando el Estado decide quién debe morir, ya no es protector ni servidor: es, sencillamente, un poder que se ha vuelto contra los suyos.
Lo verdaderamente inquietante es que este caso no es una excepción, sino un anuncio. Vendrán más Noelias: ancianos solos convertidos en «candidatos», enfermos crónicos persuadidos de que su vida es una carga, discapacitados a quienes se les susurra que su dignidad consiste en desaparecer. Siempre el mismo proceso: abandono primero, desesperación después, y finalmente la oferta de una muerte «legal» presentada como solución. No será un error del sistema, sino su consecuencia lógica. Y cuando una sociedad normaliza que los más débiles deben morir, lo que está firmando no es su progreso, sino su propia sentencia moral, porque el Régimen del 78 es régimen de muerte.
Dar la espalda a Dios es abrazar la barbarie.
Roberto Gómez Bastida, Círculo Tradicionalista de Baeza
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