El Gobierno establecerá una gestión única de los «medios electrónicos» que incrementará la «brecha digital»

Pablo Monge

MADRID, ESPAÑA- El Ministerio de la Presidencia ha publicado el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, con el fin de que los españoles y también los residentes legales en España reciban todas las comunicaciones administrativas que les atañen a través de comparecencia en una dirección electrónica habilitada al efecto.

El antecedente legal de esta nueva reglamentación es la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU) establecida por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Desde entonces las cerca de 10.000 administraciones que conviven en España se han volcado en establecer los mecanismos para la comparecencia en sede electrónica, a pesar del desconocimiento de los interesados sobre tal proceso.

Ahora, la nueva legislación, en su artículo 44, pretende disponer la Dirección Electrónica Habilitada Única, que acabará aglutinando todas las gestiones de los interesados, recogiendo en su exposición: «…la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular, de las personas discapacitadas y de las personas mayores; el principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias para minimizar el grado de conocimiento tecnológico necesario para el uso del servicio».

Sin embargo, ya en 2019, los datos del Eurobarómetro de la UE, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Centro de Investigaciones sociológicas (CIS), mostraban la realidad: el 37% de la población española (15,6 millones de personas mayores de 15 años) no usa nunca el correo electrónico; el 42% no sabe crear un documento ni usar un procesador de texto. Y un 17% de los españoles no sabe usar un navegador.

Es más, según los datos facilitados por el INE para el año 2020, en encuesta realizada en el arco de edad de 16 a 74 años, de aquellos que utilizan internet, su mayor uso es para recibir o enviar correo electrónico (mujeres el 80,20% y hombres 83,70%) frente a la media de 40% para pedir cita médica o el 20% para otro servicio médico). En los resultados no aparece porcentaje apreciable de relación con la Administración Pública, siendo casi exclusivamente para uso de ocio o mensajería instantánea.

A pesar de estas cifras que manifiestan el impacto negativo que tendrá este nuevo Reglamento en la población, la única indefensión que preocupa al Ministerio de Presidencia es la llamada «brecha de género» en el uso de las redes.

FARO, Círculo Tradicionalista de Baeza. R. Gómez Bastida