El profesor Miguel Ayuso fue represaliado por el régimen democrático, que le obligó a perder su carrera profesional jurídico-militar en 2014, por haber expuesto de manera razonada una crítica al origen (y desarrollo) de la Constitución de 1978.
Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, paradójicamente, reprocha al régimen democrático, que no respete las (sus) propias normas contenidas en dicha «Constitución». No se trataba de la reclamación de una libertad «de» expresión cualquiera, sino más bien de la libertad «de la» expresión que se corresponde a la verdad y se expone con pertinencia.
El diario sectario que desencadenó la campaña en 2013, el de siempre, el que beneficia a unos y aterroriza a otros, siempre igual, logró que los «compañeros» (llamémoslos así) del profesor Ayuso, al servicio de una subsecretaria del PP que había alcanzado su nivel de incompetencia, forzaran la salida de quien era el número 1 de su promoción. Las distintas instancias judiciales (llamémoslas así) se negaron siquiera a examinar en el fondo la alegación del profesor Ayuso, inadmitiéndola con resoluciones a veces ignaras (el Tribunal Supremo, en decenas de páginas que no entraban en el asunto) y otras indecorosas (el Tribunal Constitucional, en dos líneas).
Ahora es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que les recuerda ¡que hay que aplicar las propias normas! Menudo papelón el de la jurisdicción militar, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Al hacerse pública la sentencia de Estrasburgo, el mismo diario vuelve a contar las cosas de la manera sesgada que acostumbra. Como si la victoria procesal fuera parcial y se hubiera rechazado la alegación de haberse vulnerado la tutela judicial efectiva y sólo se hubiese estimado la relativa a la libertad de expresión. En realidad, al entrar en el fondo, queda sin objeto la denuncia procesal, que implícitamente se estima igualmente. Así se escribe la historia desde los medios que desconocen no sólo la ética profesional, sino toda moral.
LA ESPERANZA
