España le debe todo a sus buenos reyes, como los buenos reyes deben España a sus súbditos leales. Porque no basta la excelencia sólo en la cabeza o sólo en el pueblo y las jerarquías medias, sino en todo el cuerpo de la patria.
Por su amonestación salvífica, la España real debe siempre ponderar la intervención de la Princesa de Beira al proteger nuestra institución más alta.
Aun en sentido lato, siempre se comprendió que la legitimidad tiene dos aspectos: de origen y de ejercicio. Éste último es el principal, brinda su razón de ser al primero, y doña María Teresa de Braganza recalcó este principio de modo admirable.
En su Carta a los españoles, la Princesa recuerda que el Rey no puede lo que quiere. La ley no es el deseo o, más bien, el capricho del soberano, lo cual define a un tirano, no a un Rey. Al contrario, el Rey se debe a los fundamentos del régimen político, lo que podríamos llamar sus leyes fundamentales. El gobernante se debe al bien común de la patria, a la cabeza de los gobernados.
Desde luego, de modo ordinario esto se constata en las leyes promulgadas de la Monarquía, hasta el punto de que en ellas se halla expreso lo que acabamos de decir («He todo omme que debe ser Rey, antes que reciba el regno, debe hacer sacramento que guarde esta ley, y que la cumpla», como indica en su título primero del Fuero Juzgo que doña María Teresa cita).
Pero, escrito o no en el derecho, el reino se debe a la unidad católica y a la justicia natural, por tanto el Rey también. Ambos cimientos de España, por cierto, se hallan presentes en la Novísima Recopilación, último código de leyes legítimamente promulgado. La capitalidad del elemento cristiano, por ejemplo, se refleja en el primer artículo de dicha Recopilación, que consagra la unidad católica como primer fundamento de gobierno y de pertenencia a España, y el compromiso patrio de defender la Religión y perseguir el error.
Con esos recordatorios, la Princesa apoyó en su día al legítimo heredero, Carlos VII, frente a su padre, quien fuera Juan III. Éste había renunciado a ser un príncipe católico y quiso andar la senda liberal, para presentarse como pseudo rey parlamentario.
Y es que los derechos sucesorios están regulados por la legitimidad de ejercicio hacia los fines naturales del gobierno. En el caso de nuestra monarquía, la legitimidad se transmite por el origen, por la ley de sucesión, pero no sólo por ella. De modo objetivo, no caprichoso.
La senda que siguiera Juan era la que habían iniciado ya los usurpadores liberales, desde Isabelona hasta Juan Carlos y Felipe. Es también la senda de Carlos Hugo y luego de su hijo, Carlos Javier. Es la vereda de descabalar, primero, la ley sucesoria contra la legitimidad propiamente política; luego de corromperla totalmente para modificarla a capricho.
Frente a esa vía deletérea, los reyes verdaderos desde Don Carlos V hasta Don Sixto Enrique fueron siempre legítimos en forma y fondo.
Roberto Moreno, Círculo Antonio Molle Lazo de Madrid
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