Entre las formas de organización vecinal en núcleos de ámbito territorial inferior al municipio se pueden mencionar las entidades locales menores, que se gobiernan a través de una junta de vecinos. Estas formas organizativas han estado tradicionalmente muy arraigadas en el tercio norte de la Península Ibérica.
Ayer las Juntas Vecinales de la comarca del Bierzo han denunciado el abandono y la discriminación al que se ven sometidas por distintas razones: en 2023 no se ha acabado de ejecutar un plan de juntas vecinales correspondiente al 2022, sino que además, hay aún retraso en los pagos del plan de 2021. A ello se suma que las cuantías asignadas sólo son suficientes para obras menores y por esta razón tienen que renunciar a proyectos de más envergadura que, en definitiva, facilitarían la vida de los vecinos de la comarca.
La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FEL) denuncia la «pésima coordinación» existente entre el Consejo Comarcal del Bierzo y la Diputación de León para ejecutar el plan en cuestión. Dicho Consejo es otra administración suplementaria —por si hubiera pocas— creada por una Ley de las Cortes de la Comunidad de Castilla y León. A la vista de la situación, la FEL busca librarse de la tutela administrativa del Consejo Comarcal y pasar a depender de la Diputación Provincial en lo que se refiere a la gestión de los planes de obras.
La autonomía local que tan solemnemente se proclama en el ordenamiento español es más un ideal y un concepto que de casi imposible realización si se carece de recursos económicos propios bien a través de la explotación de su patrimonio bien a través de una cierta capacidad tributaria. Las dificultades en la gestión de los créditos para las obras que les corresponden contribuyen dificultar la vida de los vecinos y desincentivan el asentamiento de más población en las zonas afectadas, deprimiendo aún más la actividad económica.
Agencia FARO
