En el momento en que se está leyendo la siguiente nota, posiblemente ha comenzado la inauguración de marchas contra el gobierno. Las cuales no son contra la expresidente Dina Boluarte, sino contra lo que era parte: el sistema.
El romanista Álvaro d’Ors comentaba en La Violencia y el Orden que la lealtad es la conformidad con lo privadamente convenido por las personas. A pesar de que todo gobierno tiene, bajo sus formas políticas establecidas —mejores o defectuosas—, estas series de leyes, podemos hablar de una crisis sistemática involucrada en el nuevo derecho. Esta breve semblanza puede ponernos al corriente del problema peruano.
Dina ingresó al gobierno como un reemplazo del caído en desgracia Pedro Castillo, debido a su frustrado autogolpe. Ella era el arreglo «castillista» para apaciguar tanto a izquierdas como a derechas, que se plegaron de una manera u otra a su apología. Mientras que las derechas lograron, bajo sus discursos, crear la imagen de una presidente conservadora, las izquierdas más reformistas la excusaban como la primera mujer en el sillón presidencial.
Lo cierto es que ella tenía el poder de un peón. Al comienzo de su gobierno, quienes controlaban el poder eran diversas camarillas. Podemos mencionar desde el inicio al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuando cayó en desgracia siendo reemplazado por el entonces primer ministro Adrianzén, y, por último, entre lo paralelo y consecutivo, al ministro del Interior Santivañez o al premier Eduardo Arana, con las luchas intestinas que causaban.
Aquella erosión y posterior inestabilidad de una autoridad gubernamental también se notó en el país, aunque los desórdenes originalmente causados por la caída de Castillo dieron paso a diferentes descontentos administrativos, como pueden ser las purgas en la fiscalía —institución sumergida en irregularidades y clientelismo, llegando a estar en fases en que el país sea de facto una república de jueces— y la destitución de la actual fiscal; o domésticos, motivados por la migración descontrolada. Este problema, que se viene acarreando desde hace casi una década, se puede señalar que eclosionó por la administración deficiente del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que ahora llegó a límites exorbitados por la incompetencia de nuestras fuerzas de seguridad. Podemos citar cómo, a comienzos del año, se difundieron fotos de generales de la policía en reuniones con líderes de bandas en Trujillo o diferentes crímenes de sicariato cometidos por bandas locales y extranjeras, unido a un temor de otra crisis económica por los diversos devaneos del dólar, siendo pólvora para el fuego.
Aunque la noción de vacancia siempre estaba rondando desde que asumió el poder en 2022, los partidos hegemónicos pretextaban su permanencia con argumentos aparentemente razonables —la única figura de estabilidad contra los que apoyaron a Castillo— o descarados —criticarla pero luego negociar con el gobierno bajo la mesa o contra sus nociones de vacancia—, lo que terminó la narrativa fue un atentado a un grupo musical en el Callao. A esto se sumaron otros problemas que permanecían, como el paro de transportistas o una marcha general motivada por la irresponsabilidad de la expresidente Boluarte para asumir el problema, y que está programada para el día de hoy —la cual posiblemente también se redirija a ser una contra el sistema presente y sus nuevos representantes—. Podemos señalar de interés que la despedida haya sido con poca pompa, con la señora Dina sin siquiera usar la banda presidencial, dando un mensaje televisado a horas de la madrugada e interrumpido por la asunción de José Jerí como presidente, lo que se puede llamar criollamente un trámite más.
Ahora que Dina se encuentra fuera de la ecuación, tenemos que reflexionar que, aunque era el eslabón más visible de las contradicciones de nuestro sistema seudotecnocrático, el cual, aunque generó frutos económicos, se ha erosionado frente a sus propias contradicciones. Aunque estas tienen origen desde nuestra gestación como Estado en 1821, la que nos atañe ahora es la relacionada con el sistema que los opositores de Fujimori buscaron instituir, maquillando con demasiadas salvedades la estructura. Era predecible que, frente a la ausencia de presidentes competentes —usando un latinajo, sin gravitas ni auctoritas—, haya habido quiebres como ahora.
Eso nos acerca ahora a ver a José Jerí, quien será presidente hasta julio. Él ha conseguido elementos más derechistas en su gabinete —prueba de ello es el socialcristiano y antiguo presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, como su primer ministro—, aunque le pesen acusaciones de colusión con diferentes miembros de los organismos judiciales o la sospechosa restitución de Delia Muñoz, una de las agraviadas en el tardodinismo. Eso, y sus oberturas contra la criminalidad, pueden significar un intento desde la cúpula de mejorar el status quo, lamentablemente a corto plazo.
Es una demostración de que este régimen de contradicciones —llamado vulgarmente «república caviar»— parece que finalmente está llegando a implosionar o a mudar el sistema, especialmente desde los sucesos de 2015, con sucesivas implosiones y protestas. Seguramente un modo de comprenderlo es ceñirnos a lo que el profesor Miguel Ayuso comenta respecto a las crisis de carácter político: que esta crisis es parte del espíritu de la época de la muerte lenta de la democracia representativa, en general porque los grupos que combaten son más que nada grupos de presión o de choque. En consecuencia, en vez de buscar un mero cambio de régimen, muchas veces proyectan soluciones peores, como una anarcotiranía, la mayor contradicción de la «posmodernidad». Este cóctel, sumado a la crisis moral y religiosa que nuestro país sufre, es el derrotero en que lamentablemente nos hemos estancado desde hace mucho.
Pero hay luces que guían a los náufragos. El prelado Bartolomé Herrera, un 28 de julio de 1846, recordaba frente a los deberes de los dirigentes políticos: «Obedece a las autoridades constituidas: y tiemblen ellas de no obedecerme a mí; de no respetar cada una los linderos que la separan de las otras; y de emplear en daño de la patria el poder que han recibido para el bien de ella; porque su derecho termina y su peligro comienza donde comienza su rebelión e injusticia». Los mismos, por el momento, han fallado en estos deberes, estén o no en cargos, lo que nos hace, a los católicos comprometidos con principios orgánicos, en momentos que parecen poco favorables, defender lo nuestro desde la acción, sea instrucción o sea de manera más activa en la comunidad. Si todo problema político es teológico, es un insulto magno simplificarlo a todas las urnas o quedarse en simpatizar con marchas.
Nicolás S. Torres, Círculo Blas de Ostolaza
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