El 7 de diciembre será recordado como un día infame en la historia del Perú, porque el socialista Pedro Castillo Terrones disolvió inconstitucionalmente el Congreso de la República, ordenó instaurar un régimen de emergencia excepcional, convocó a nuevas elecciones para un Congreso Constituyente, decretó el toque de queda y declaró la reorganización del sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional) entre otras medidas.
La decisión política de Castillo buscaba neutralizar la votación de la tercera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral y a las instituciones investigativas y jurisdiccionales; más aún, cuando en los últimos 5 días varias denuncias afirmaban que el exmandatario habría recibido sobornos. Fue el testimonio de la empresaria Sada Goray, quien dijo haber entregado 4 millones soles a Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por solicitud de Castillo y para sus allegados y congresistas que evitaron la vacancia presidencial. Marrufo confesó ante el Ministerio Público que recibió el dinero en diversos montos desde setiembre de 2021, de los cuales 450 mil soles fueron entregados al expresidente, otros 60 mil soles a Gloria Castillo Terrones y hermanos, y 170 mil soles al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien mediaba en estas reparticiones que incluyeron un bien inmueble y el pago a periodistas.
Asimismo, José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), denunció en un programa periodístico que siempre advirtió a Pedro Castillo sobre los actos ilícitos de sus funcionarios de confianza y familiares: Bruno Pacheco (exsecretario presidencial), Alejandro Sánchez (dueño de la clandestina «casa de Sarratea»), Jaime y Fray Vásquez Castillo (sobrinos), Rubdel Oblitas Paredes (sobrino político), Walter Ayala (exministro de Defensa), Henry Shimabukuro (exasesor de inteligencia), presuntos miembros de la organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno. A la vez, Fernández afirma que Oblitas le solicitó 100 mil soles para que un medio de información no difunda una investigación contra su tío y 500 mil dólares para contratar un asesor ruso en inteligencia. También manifestó que el expresidente ordenó que la DINI encubra a los prófugos Fray Vásquez y Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, aunque los ejecutores fueron finalmente Dimitri Senmanche (exministro del Interior), Hugo Verástegui (edecán), Juan Carrasco (exministro del Interior), Félix Chero (exministro de Justicia) y Julio Palomino (exsecretario general de la presidencia), que corrobora en un audio grabado con Beder Camacho (exsubsecretario general de la presidencia).
El «autogolpe de Estado» produjo, entre el mediodía y las tres de la tarde, la renuncia de los 18 ministros de Estado y de la presidente del Consejo de Ministros; el rechazo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la Presidente del Poder Judicial, Elvira Barrios; la destitución del presidente Castillo por disolver el Congreso; el comunicado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sobre el respeto al orden constitucional; y la captura del exmandatario, en su camino hacia la embajada de México, por orden del Ministerio Público que le investiga por los presuntos delitos de rebeldía y conspiración.
El «ídolo de barro socialista» ha caído, pero tenemos poco que celebrar, porque su sucesora Dina Boluarte guarda la misma ideología neoindigenista o el discurso neomarxista; los legisladores que frustraron dos intentos de vacancia presidencial, presuntamente a cambio de sobornos, siguen en funciones; muchos ciudadanos, en conciencia o por ignorancia, simpatizan con el socialismo; y un viejo etnocacerismo pretende llegar al poder. Y es que la República y la democracia peruanas son cíclicas, en un eterno retorno de plebiscitos, guerras civiles, golpes de Estado y Constituciones Políticas, donde la ilusoria soberanía popular, el igualitarismo y le regla de la mayoría son el problema y la solución al mismo tiempo.
José Bellido Nina, Círculo tradicionalista Blas de Ostolaza.
