«El llamado derecho nuevo, presentado como adquisición de los tiempos modernos y producto de una libertad progresiva, ha comenzado a prevalecer por todas partes. Pero, a pesar de los muchos intentos realizados, la realidad es que no se ha encontrado para constituir y gobernar el Estado un sistema superior al que brota espontáneamente de la doctrina del Evangelio» (León XIII, Immortale Dei, nº 1)
Anteriormente se mostró cómo el entrismo, al considerar a la política como el arte de lo posible (o del bien posible), prioriza la eficacia y la pragmaticidad, relegando el fin de la política, es decir, el bien común de la sociedad como algo secundario o el mero resultado de aquellos logros posibles. El problema que trae esto, es que relativiza la responsabilidad de aquellos bienes posibles, olvidando que los actos humanos, incluso los actos del político, tienen una responsabilidad moral tanto en la licitud del acto como en la intención hacia la cual se ordena.
En este sentido, los medios deben adecuarse al fin, por esto el carlismo defiende la sociedad tradicional, ya que es el modo espontáneo por el cual la sociedad se organiza. A su vez, la forma de gobierno es, como medio, una determinación del principio gubernativo para que la sociedad se dirija ordenadamente hacia el bien común, es decir, a la exigencia del perfeccionamiento de la naturaleza de sus miembros.
Ahora bien, los entristas podrían objetar: de acuerdo, no debemos guiarnos por las reglas amorales de la política moderna de Maquiavelo, pero ¿por qué preocuparnos por la forma de gobierno? Eso sólo desvía la atención a algo secundario y utópico.
Ante esto, es necesario partir de que la sociedad política proviene de la misma naturaleza social del hombre, el cual no nace salvaje o desunido de otros hombres, sino que, por necesidad histórica y ontológica, ha nacido y se ha desarrollado siempre en sociedad, desde la sociedad doméstica (la familia) hasta la sociedad política (la ciudad o el reino). El Estado o sociedad política es, por lo tanto, la unión natural entre el gobierno, necesario para ordenar, dirigir y coordinar; y las diversas familias unidas y gobernadas por aquél hacia el bien común.
El gobierno puede tomar diversas formas para dirigirse eficazmente al bien común, respetando la tradición, el carácter y la conveniencia del pueblo, estas son: monarquía, aristocracia y democracia (o politeia). Sin embargo, la caída por el pecado original hace al hombre propenso a equivocarse y buscar un falso bien. En otras palabras, el orden social natural y tradicional puede ser utilizado por el mal gobernante para buscar un «bien» que no corresponde con el perfeccionamiento de los miembros de la sociedad, de ahí la clásica clasificación de formas injustas: tiranía, oligarquía y demagogia.
La llegada del racionalismo en el siglo XVI agudiza el problema. Calderón Bouchet lo sintetiza afirmando: «El pensamiento moderno nace bajo la sugestión de las nuevas ciencias físico matemáticas y este origen tactivo, no contemplativo, lo grava con el peso de su primer contacto que es constructivo y demiurgico» (La Valija Vacía, Nueva Hispanidad, 2022, p.95). El nacimiento de la ciencia moderna acompañada con el rechazo a la escolástica y el aristotelismo abandonó la importancia de la causa final y se centró en el conocimiento de la causa eficiente a través del método empírico-matemático. La naturaleza será estudiada y conocida principalmente para dominarla y extraer beneficios útiles.
Los avances científicos provenientes de la ciencia moderna produjeron, además, un entusiasmo hacia un futuro ordenado por la razón humana «el pensamiento moderno introdujo una nueva concepción del progreso en la que se rechazó, de manera precisa, la significación por el simbolismo de la cruz y se prometió al hombre un paraíso en la tierra» y prosigue el maestro argentino «Para que ese progreso sea posible es menester que todo cuanto esté sometido al espíritu dominador del hombre, sea como una materia plástica» (Calderón Bouchet, Rubén. 2022, p.96). Por esto, la verdadera utopía no está en buscar tal o cual forma de gobierno, sino en transformar y moldear la sociedad para cambiar la naturaleza del hombre según un esquema originado por la sola razón.
El mito del estado de naturaleza (defendido por Hobbes y Locke) según el cual los hombres nacieron libres, pero por una necesidad de seguridad y paz, «pactaron» entre sí para resguardar su vida y sus bienes a cambio de la libertad ilimitada que gozaban, originó un cambio en la concepción del Estado; el pueblo y el gobierno ya no son dos principios necesarios de la sociedad política, sino que el pueblo (suma de individuos) voluntariamente pacta y delega el poder para conservar el orden y los bienes particulares de cada miembro, mientras el gobernante se convierte en aquel a quien le ha sido delegado todo el poder para garantizar los bienes de los individuos y asegurarles un progreso puramente terrenal.
La sociedad política deja de ser algo connatural al hombre para ser un artificio, un producto útil nacido del pacto para alcanzar, conservar y multiplicar aquellos bienes temporales y no el bien común en cuanto perfeccionamiento de la naturaleza de los miembros de la sociedad.
Esta búsqueda del dominio técnico se extendió del ámbito físico al social e incentivó al Estado a buscar la eficiencia del arte gubernativo, racionalizando una administración exacta y eficaz que le ayudara a tener todo controlado. La sociedad política, a partir de esto, estará contaminada por el vicio moderno del estatismo, el centralismo y el positivismo, por los cuales el derecho «desembocará en un sistema de reglas jurídicas estáticas y falsamente universales, inmutables como serán los principios de la Razón pura, inadaptadas a las situaciones históricas cambiantes» (Montejano, Bernardino. Ideología, Racionalismo y Realidad. Abeledo-Perrot, 1981, p.134).
Si el Estado moderno en un principio se identificó con la eficacia y el poder del mando absoluto de uno, luego encontró su consolidación en el Estado abstracto de la ley positiva, imponiéndose, por ejemplo, a través de las grandes codificaciones civiles como la de Austria (1786) y la de Prusia (1794). Finalmente, este proceso de despersonalización y abstracción del poder se establece completamente con el constitucionalismo liberal. El «contrato social» deja de ser una teoría roussoniana para consolidarse como dogma fundacional del Estado, creando el derecho a través de la soberanía popular o nacional, asumida por la asamblea constituyente como representante de la voluntad general, consumando así la ruptura definitiva con el orden tradicional y natural.
Ahora bien, si la asamblea constituyente, como voluntad general de la nación, «funda» el derecho del Estado a través de un contrato social (llámese constitución escrita), la partidocracia no sólo mantiene esta forma mentis voluntarista, sino que lo agrava, legitimando el permanente conflicto y cambio de poder entre las ideologías de derecha, centro e izquierda (con lo que estas categorías signifiquen en cada país en particular).
A esto se refiere sintetizándolo magistralmente José Miguel Gambra cuando afirma: «La sociedad artificial, como todo lo que se junta violentando la naturaleza de sus partes, tiende siempre a la desintegración, al enfrentamiento y a la anarquía, si no es constantemente sujetada por el Estado, su causa eficiente. Igual que un automóvil que acaba por deshacerse, si no recibe los continuos cuidados de su propietario» (La sociedad tradicional y sus enemigos, Ediciones Castellanas, 2021, p. 208).
El Estado moderno es, en definitiva, un artificio vicioso, una herramienta de control, que obedece a fundamentos teóricos erróneos y, como praxis, principio corruptor de la sociedad, ya que se concretiza en un modo de gobernar que no está ordenado al bien común en cuanto perfeccionamiento de la naturaleza de los miembros de la sociedad, sino que su fin es su propia conservación, algunos bienes terrenales y la utopía de un progreso humano indefinido separado del orden divino.
Ante la objeción entrista, sólo es necesario recordar los diversos intentos en que se ha buscado utilizar este artificio –supuestamente neutro– a favor de la sociedad y del bien común. Sea en la vertiente «potencialmente» restauradora de caudillos que, logrando encauzar relativamente el Estado moderno, sin embargo, lo conservan por su control eficaz y centralizador, hasta que el líder es vencido y el «encauzamiento» es derrumbado; o en la vertiente partidocrática en la cual, infiltrándose en los partidos, creen ingenuamente que podrán escalar en jerarquía sin renunciar a sus principios morales aliándose con impíos públicos para alcanzar y luego intentar conservar el poder, en un sincretismo político donde finalmente vencen los más inescrupulosos en practicar las reglas inmorales de la política maquiavélica.
En conclusión, el entrismo cree poder utilizar al Estado Moderno, sea en su vertiente demoliberal o en la totalitaria, y a través de este artificio, buscar relativamente el bien común político. Pero, así como Santo Tomás afirma que «el arte imita a la naturaleza», el arte político no puede ni debe depender de un artefacto fundamentado en principios erróneos y falsos, porque pervierte o, en el mejor de los casos, dificulta el obrar político –ordenado al bien común de la sociedad– según los medios que exige la naturaleza del hombre.
Rubén Pérez Gatica, Círculo Tradicionalista del Río de la Plata
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