ESPAÑA- El Real Decreto de Transición de las Ayudas Directas de 2021-2022 fue aprobado recientemente con el fin de allanar el camino a la nueva Política Agrícola Común (PAC) prevista para el 2023, pero ha puesto en jaque a la ganadería extensiva del país.
Según la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), «Las consecuencias serán la desaparición primero de ganaderos pequeños y medianos del país, y posteriormente el crecimiento de la intensificación e integración de los restantes, en total incoherencia con lo que la actual sociedad está demandando».
La ganadería extensiva se encuentra asociada a granjas de mediano y pequeño tamaño habitualmente regentadas por un núcleo familiar. Es uno de los principales sectores de los que conforman la categoría de Agricultores y Ganaderos a Título Principal (ATP). Se trata de un colectivo de más 200.000 personas que se ha destacado en la lucha contra el despoblamiento rural. A pesar de eso, han quedado desamparados por la nueva PAC, tal como ya denunció la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos el pasado mes de septiembre.
Los últimos acontecimientos vinculados a la pandemia y a una climatología adversa están presionando con mayor fiereza a un grupo que llevaba ya varios años luchando por sobrevivir ante la competencia de la propia industria alimentaria, y a unos costes de distribución cada vez más difíciles de asumir.
A todo ello se suma ahora el nuevo Real Decreto que amenaza con privar a estas explotaciones de un montante de ayudas del 75%, según Asoprovac. La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) ha puesto el acento en que los beneficiarios del Real Decreto del Gobierno serán los «agricultores de sofá» en detrimento de estos pequeños productores.
La llamada de atención no se ha hecho esperar, y las críticas han sido unánimes. Todas señalan la falta de diálogo y transparencia por parte del Gobierno central y la quiebra definitiva a la que el Real Decreto va a someter a una parte considerable de los ganaderos con explotaciones de tipo extensivo.
Organizaciones como Asoprovac, UGAMA o Unión de Uniones, entre otras, han hecho un llamamiento a la negociación con el Gobierno central y con los respectivos gobiernos autonómicos, para garantizar la viabilidad de una parte importante del sector.
Pretenden que no caigan en saco roto los esfuerzos que los ganaderos han realizado desde hace tiempo, al dedicar parte de sus escasos recursos a mejoras acordes a las exigencias de sostenibilidad y cuidado ambiental, que inspiran los proyectos de la PAC para el futuro. Asimismo, han remarcado la ruptura que impone el Real Decreto frente a la existencia de un marco jurídico y económico previo que permite mayor flexibilidad.
AGENCIA FARO/ Círculo Antonio Molle Lazo de Madrid
