FRANCIA, PARÍS- La administración de Emmanuel Macron podrá adoptar medidas que le permitirán mantener sine die ciertos controles sobre la población.
En concreto, podrá autorizar la conservación de datos de conexiones informáticas (IP y geolocalización) más allá de la situación excepcional de un estado de urgencia.
En su resolución de 21 de abril de 2021 el Consejo de Estado francés respalda una interpretación amplia de la noción de «seguridad nacional». Ésta permitirá al ejecutivo de Macron prescindir de sus habituales proclamas europeístas y pro UE y hacer caso omiso de la sentencia de 6 de octubre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dicha sentencia condenó a Francia precisamente por el tratamiento y conservación que hacen las autoridades galas de los datos de carácter personal en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Sin embargo, el Consejo de Estado permitirá que de ahora en adelante el espionaje económico y las manifestaciones no declaradas sean consideradas como amenazas para la seguridad nacional, al mismo nivel del terrorismo y el tráfico de estupefacientes.
Las autoridades gubernativas y el servicio de inteligencia podrán ceder a la policía los datos de conexión y de llamadas de cualquier convocante de una manifestación no autorizada, con la justificación de constituir una amenaza para la seguridad nacional.
Esto sucede mientras el Ejecutivo francés redacta un proyecto de ley para poder seguir imponiendo restricciones en determinadas circunstancias, sin necesidad de autorización parlamentaria. Incluso después de la finalización del estado de emergencia sanitario el próximo 1 de junio.
FARO/Margaritas Hispánicas
