La UE llevará a los tribunales a España por la morosidad del sector público. En medio de la espera general de la lluvia de millones de euros europeos, dados y prestados, los gestores de lo público son los primeros en no pagar.
La Comisión Europea argumenta que «por la no conformidad de su legislación nacional» con la directiva europea de morosidad pública, que «repercute negativamente en las empresas» ya que «reduce su liquidez, les impide crecer y dificulta su resiliencia y su capacidad para ser más ecológicas y digitales».
La directiva europea establece que el plazo máximo del pago de facturas para las Administraciones Públicas no puede sobrepasar los 30 días, ampliables como máximo a 60 días.
Asemeja que la democracia, ya cuarentona, no cree en sus propios ciudadanos, y mucho menos en su capacidad para levantar una patria que otrora fue modelo. Las víctimas primeras: las pymes. Estas crean el 74% del empleo y constituyen el 99,88% del tejido empresarial español.
El ultimátum tiene fecha: «España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia».
Según datos del Banco de España, de abril, la deuda del conjunto de las Administraciones públicas con sus proveedores ascendió en 2020 a 83.356 millones de euros, un 39,4% más que la registrada en 2016.
El grito de socorro es inevitable en una situación sistémica que ninguna legislación puede solventar: la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) urge al pago de la deuda con los proveedores «dada la situación actual, cuando cierran 300 empresas al día, y en la que hay incertidumbre sobre la cuantía y los plazos de las ayudas directas».
Esta advertencia también ha sido recibida por Italia. Ya en febrero pasado también recibieron cartas de emplazamiento de Bruselas, Bélgica, Grecia y Eslovaquia.
De mendigos a insolventes.
Roberto Gómez Bastida –Círculo Tradicionalista de Baeza