ALTO PARANÁ, PARAGUAY– En las ultimas semanas se ha intensificado la ocupación de propiedades rurales promovida por la autoproclamada Federación Nacional Campesina (FNC). A esta promoción se suma la exigencia de algunas comunidades indigenas, que también ocupan tierras de labor de modo organizado.
La juez Magali Zavala acaba de dictar sentencia en una demanda de reivindicación promovida por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Zavala ordenó como medida provisoria la entrega de una finca en Itakyry, Alto Paraná, a una comunidad indígena Ka’a Poty.
Esta finca abarca seis parcelas de la colonia Tape Yke, donde sus propietarios legítimos cuentan con títulos inscritos en la Dirección General de Registros Públicos. Los afectados son seis pequeños productores rurales, que se encuentran desde hace mas de veinte años afincados en su propiedad familiar.
Los labradores compraron en su día las tierras al entonces Instituto de Bienestar Rural, hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, para la habilitación de una colonia agrícola. Desde entonces, emplearon las propiedades en la agricultura y engorde de animales de consumo.
Sustracción de tierras y agenda política
La comunidad de indígenas de Ka’a Poty, con funcionarios del Indi, procedieron a tomar posesión de las fincas en cuestión. Todo ello pese a la resistencia y demostración de documentos por parte de los colonos, para los cuales se constituye en invasión a su propiedad privada.
Este tipo de gestiones de restitución, con documentos que disputan algún derecho de propiedad, motivan a movilizaciones sociales con intereses políticos. En éstas, habitualmente los militantes de organizaciones sociales y de sectores progresistas llevan adelante una agenda de copamiento político.
Desde hace meses, existe un proyecto de Ley debatido en el Congreso Nacional que propone elevar los casos de invasiones a la pena de crimen. En los últimos días, se ha convertido en debate en la llamada «opinión pública» sobre el valor de la propiedad privada.
Los partidos políticos representados en el Congreso retrasan la determinación de la Cámara al respecto de esta Ley mediante postergaciones, a fin de no alterar la agenda legislativa con este proyecto.
AGENCIA FARO, Círculo Tradicionalista Nuestra Señora de la Asunción del Paraguay
