Dice el Tribunal Constitucional que el segundo estado de alarma también fue inconstitucional. Debo de estar muy desconectado de la realidad: no sabía que el Alto Tribunal ya había dicho que el primer estado de alarma hubiese sido inconstitucional. A lo mejor, es posible, quizá es que el Altísimo, Elevadísimo, Alpino Tribunal puede, si quiere, decir mañana que la Luna está hecha de queso sin que eso tenga la menor repercusión, no ya social, sino jurídica. Los tribunales, cuanto más altos, menos importantes son.
A lo mejor el avisado lector sí que sabía que el TC ya le había dado un ligero tirón de orejas en forma de Sentencia al Sanchecismo [Sanchismo vendrá, si acaso, de Sancho, ¿no?]. A lo mejor el avisado lector se ha enterado de esto porque, en impecable razonamiento jurídico, el Altísimo Tribunal ha descubierto que el Gobierno nos confinó aplicando la Ley de Su Cara Bonita; que dicha Ley no tiene encaje constitucional (expresión, en esperanto jurídico, que significa: «mira que lo hemos intentado, Pedrín, pero no hay manera de torcer el articulado para poder colar vuestro decreto»); que, por tanto, el confinamiento es nulo… Aquí, claro, se rompe la comunicación. ¿Qué se figuraban que iba a suceder? Algo así como esto, claro: «En consecuencia, debemos condenar y condenamos al Gobierno de España a indemnizar a todos y cada uno de los ciudadanos con la cantidad de tal, por la flagrante violación de la Constitución (que es de todos, pero de unos más que de otros), por los enormes daños causados a la actividad económica y por las más que previsibles -en muchos casos- y acreditadas -en otros- consecuencias psicológicas del confinamiento domiciliario». «Económicamente inviable», dirían, pese a todo, las derechas; «Estamos orgullosos de nuestra gestión», diría Illa; «A veces una tiene los mapas constitucionales en la cabeza y no se da cuenta…», diría la Doctora en Derecho Constitucional Carmen Calvo; «A mí Angela Merkel me dijo…», diría Calviño; «No podría importarme menos», no diría, aunque lo pensaría, Sánchez.
Pero ninguna de estas alarmadas reacciones a una más que justa consecuencia de una actuación arbitraria, ilegal y, además, injusta del Ejecutivo tendrá jamás lugar, porque a los Tribunales españoles les basta muy a menudo con constatar que la realidad de las cosas no se corresponde (ni siquiera) con la realidad pretendida por la Ley o, dicho en otras palabras: les basta con proclamar, hinchando el pecho como pavos reales, que «alguien» ha cometido una cacicada de proporciones nacionales. Y ya. Tampoco vamos a pedir responsabilidades ni, mucho menos, pretender poner remedio a la situación. Ni que estuvieran para eso los Tribunales.
Siento un gran respeto hacia la profesión jurídica, así que estoy dispuesto a pensar que, incluso los ínclitos y Altísimos Magistrados del TC no son la patulea de canallas que, ahora mismo, pienso que son. Porque, francamente, decir «sí, el confinamiento fue inconstitucional. No, no hay nada más que debamos hacer a este respecto», me suena a como si un agente de Policía le dijera algo como esto a una reciente viuda: «Sí, señora: sabemos quién apuñaló a su marido: de hecho, le vimos hacerlo, pero como él no nos pidió ayuda, no pudimos intervenir. Luego, cuando su vecina del quinto denunció al asesino, ya sí: llevamos a cabo la investigación pertinente y llegamos a la conclusión de que él era el culpable. Ahora, nuestra misión ha terminado: Perico de los Palotes es el que asesinó a su marido… ¿Detenerle? No, ¿para qué? Ya, a toro pasado, no tiene ningún sentido. Su marido está muerto y no va a volver y detener ahora al señor de los Palotes pondría en peligro sus otras actividades».
Soy consciente de la provocación y estoy dispuesto a defenderla en un medio distinto de esta columna que se pretende humorística.
Como les decía, quiero creer, a pesar de mi enfado, que los señores Magistrados no son (todos) así. Sospecho que el problema es bastante más grave y tiene que ver con las consecuencias de introducir en nuestros ordenamientos jurídicos liberales una idea del juez por la que éste se dedica a «vocear» la Ley y no a «impartir justicia». Y, claro, todos sabemos lo que es un pregonero y cuáles son las diferencias entre un pregonero y un Guardia Civil, por ejemplo.
En la inclasificable Amanece, que no es poco, lo tienen muy claro: hay autoridades que gozan de autoridad y luego hay figurantes con autoridad impostada. El siempre entrañable Manuel Aleixandre interpretaba en la cinta al pregonero local y padre del señor cura quien, en un momento dado, le pide pregone, con su brillante y celebrado estilo, el dogma de la Santísima Trinidad:
«- ¡De orden del Señor Cura se hace saber que Dios es Uno y Trino!».
Sonoro aplauso de las cuatro paisanas del pueblo reunidas en torno y de los dos turistas llegados en sidecar. Un bonito pregón, sin mayores consecuencias.
Ésa es la impresión que da, a menudo, nuestro Tribunal Constitucional. Y, casi me atrevería a decir, cualquier Tribunal Constitucional (reciba el nombre que reciba): una especie de pregonero de cosas que, o bien son sobradamente conocidas por todos o bien no le importan mucho a nadie y que se proclaman por el sólo placer de proclamarlas. Es extraordinariamente necesario predicar sobre la Santísima Trinidad: pero ni el atrio de la iglesia es el lugar, ni el padre del cura es la persona indicada. Y no parece, sobre todo, que el modo de predicar vaya a tener ninguna consecuencia positiva sobre la fe de las paisanas y de los turistas del sidecar.
Otro tanto, me temo, con este género de inconstitucionalidades: el sujeto (el TC) y el lugar (una Sentencia) parecen adecuados, según las leyes; aunque, si hubiera habido alguien preocupado por la legalidad de las fechorías sanchecistas en el Congreso de los Diputados (y no sólo por sus consecuencias económico-sanitario-electorales), quizá hubiera sido mejor lugar para decirlo y para no convalidar los Decretos de la pandemia. En cualquier caso, el momento resulta totalmente inadecuado: las gentes de este buen país ya han tragado confinamientos, suspensiones de derechos presuntamente fundamentales y desprecio procaz y chocarrero de la separación de poderes. Ahora, ya, nos da igual, en efecto, quién fuera el asesino. Lo que estaría bien sería detenerle y poner fin a sus actividades; y quizá, también, que se nos resarciera de algún modo por algo que todos sabíamos que era injusto y desproporcionado:
«- ¡De orden del Altísimo Tribunal se hace saber que el Doctor Sánchez es un tirano!».
¡Bravo! ¡Qué buen pregón!
G. García-Vao
