En las últimas semanas se ha producido un gran revuelo por la puesta en marcha de la ley Celaá, nueva ley de educación impulsada por el gobierno socialista. Por supuesto, el gobierno aprovecha el tiempo en esta época de pandemia mundial. Ser uno de los países más afectados por el coronavirus en cuanto a contagios y fallecidos no le ha impedido poner en marcha sus proyectos ideológicos más nocivos.
Esta ley, rodeada de polémica desde los inicios, incluye entre sus puntos más controvertidos: la eliminación del castellano como lengua vehicular; la supresión de evaluación en la asignatura de religión; el progresivo desplazo de los centros concertados en favor de la educación pública; la eliminación de la demanda social a la hora para escoger centro educativo para los propios hijos. Es una ley que avanza varios pasos en la lógica de la Revolución.
No debe sorprendernos este nuevo ataque hacia la maltrecha patria potestad y la autonomía de las sociedades intermedias, como la propia familia, la escuela o la Iglesia. Es el mismo veneno que se ha ido administrando a España. En pequeñas o grandes dosis, desde hace décadas.
La nueva ley ha generado una oposición señalable, que está pivotando alrededor de una plataforma llamada «Más plurales». Reúne a diversas asociaciones de colegios concertados, especialmente del ámbito católico. La oposición, que denuncia con acierto algunos de los disparates de la señora Celaá, yerra por completo en sus principios. Tanto por el fondo como por la forma, esta nueva campaña está condenada al fracaso. Un error pequeño al principio es un error grande al final.
Apenas conseguirá evitar algunos de los atropellos más flagrantes. Y, por desgracia, conservará otros avances de la Revolución más sibilinos y letales, que ya se han implantado en nuestros esquemas mentales como un auténtico virus.
Juan Monzó, Círculo Carlista Abanderado de la Tradición, Ntra. Sra. de los Desamparados.
