Lengua y discordia en la enseñanza catalana

I. Gil

El Tribunal superior de Justicia de Cataluña acaba de resolver que el 25% de las asignaturas ofertadas por la enseñanza pública en esta región habrán de impartirse en castellano. Dicho fallo se basa en la constatación de que el castellano se habría convertido en una lengua residual dentro de la enseñanza catalana.

Esta resolución supone un claro varapalo a la, todavía pendiente de aprobación, Ley de Educación de la ministra Celaá, que contempla que el castellano deje de tener la consideración de lengua vehicular en el conjunto de la enseñanza catalana. Entendemos que el fallo del TSJ de Cataluña será motivo de celebración para los autodenominados constitucionalistas, mientras que provocará agrias reacciones dentro de la galaxia separatista.

Desde aquí, consideramos que esta resolución está muy lejos de resolver nada. Más bien, se nos presenta como otro síntoma de un problema de fondo que, deliberadamente, es ocultado. Dicho problema afecta a la raíz misma del Estado moderno y puede resumirse en los siguientes términos. Para estos Estados, las leyes son concebidas como generadoras de realidades, en lugar de ser empleadas en tanto que sancionadoras y protectoras de las realidades dadas. En este sentido y seguramente en otros muchos, no hay diferencia alguna entre constitucionalistas y separatistas, pues ambos se valen sistemáticamente de las leyes para violentar la realidad históricamente dada.

Tradicionalmente, Cataluña ha sido una región donde castellano y catalán han convivido de forma natural y armónica. Es el afán jacobino del Estado central primero, y la reacción de los igualmente jacobinos separatistas después, los que han destruido la convivencia de dichas lenguas en este territorio. De haberse permitido la iniciativa legislativa del estamento educativo en este asunto, estamos convencidos de que se habría asegurado la pervivencia de ambas lenguas en la enseñanza sin mayores problemas. Pero claro, la liquidación de las sociedades intermedias que actúan como sancionadoras naturales de las realidades históricamente vividas, es uno de los primeros mandamientos de los Estados modernos, ya sean artificiosamente unionistas o traidoramente separatistas.

Por todo ello, nos tememos que esta nueva resolución únicamente servirá para seguir avivando las llamas de la discordia en una sociedad que, sistemáticamente, es ultrajada por el delirio prometeico de los servidores del Leviatán anticristiano, de uno y otro lado.

En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Barcelona. actual sede del TSJC, hay un claustro con vidrieras en cuya base hay un damasquinado con los nombres de insignes juristas, catalanes o que desarrollaron parte de su trayectoria en Cataluña. Entre ellos está el insigne juriconsulto carlista Antonio Aparisi y Guijarro. A los actuales jueces del sistema demoliberal no se les ha pegado nada de aquellos sabios del Derecho.

 

David Avendaño Ramírez, Circulo Carlista Marqués de Villores de Albacete