MADRID, ESPAÑA- La Comisión de transportes, movilidad y agenda urbana del Congreso de los Diputados acaba de tramitar la reforma de la Ley reguladora de los transportes terrestres, que se añade a otras muchas que han ido reformando esta Ley de 1987.
Uno de los objetivos de la norma es regular más estrictamente los servicios de VTC (vehículos de turismo con conductor), como Uber o Cabify. Desde la entrada en vigor los servicios de VTC tendrán prohibido circular en busca de clientes que no hayan precontratado el servicio.
Una cuestión que afecta al sector del transporte por carretera en su actividad diaria es la modificación de la cuantía de algunas sanciones, sobre todo las que castigan la morosidad en el sector.
En este punto las asociaciones de transportistas han criticado el proyecto, porque entienden que no persigue adecuadamente la morosidad en el sector. Critican que se ha incumplido el acuerdo suscrito entre ellas y el Gobierno, debido a un pacto de última hora con el PP. En adelante, el importe de las sanciones a la morosidad dependerá en la práctica del valor de la mercancía transportada. Frente a esta decisión, los representantes de los transportistas no han ahorrado críticas. Han explicado que dos terceras partes de sus clientes incumplen de forma reiterada. La situación se ha acentuado durante la pandemia, como lo demuestra el hecho de que el plazo medio de pago en 2020 se situó en más de 80 días de media.
Todavía está pendiente de pacto con el PSOE en el Senado una propuesta de Ciudadanos. Se trata de la «agravante por reincidencia». Aumentaría el importe de cada sanción en cantidad suficiente para «dejar en el camino» a más de una empresa. La reincidencia se podría castigar con multas desde 6.000 a 18.000,00 euros y en casos más excepcionales hasta 50.000,00 euros.
La reforma, que podría entrar en vigor a fin de mes o a primeros del siguiente, está pendiente de su aprobación en el Senado.
AGENCIA FARO
