Expediente sancionador a los propietarios del Monasterio de la Caridad, víctima de la desamortización liberal

Exterior del monasterio. El Norte de Castilla. S.G.

CIUDAD RODRIGO, ESPAÑA– La administración de la «Comunidad Autónoma Castilla y León» ha abierto un expediente sancionador a la empresa propietaria del monasterio de la Caridad. El edificio está situado en un anejo de la localidad de Ciudad Rodrigo, la Miróbriga romana, en la actual provincia de Salamanca.

Interior del monasterio. EFE

En 1165 los frailes premostratenses de san Norberto se instalaron en aquel lugar. Los reyes Fernando II y Alfonso IX de León le donaron importantes privilegios. A finales del siglo XVIII y principios del XIX estaba en pleno apogeo. Los monjes soportaron el paso de las tropas de Napoleón, pero lo que no pudieron resistir fue la desamortización liberal de 1835. Abandonaron el monasterio en 1842 y el edificio fue subastado. Con excepción de la iglesia, se adjudicó a la familia Uhagón De Foxá, cuyos miembros eran parte de la «nobleza liberal».

El monasterio ha formado parte del patrimonio de esa familia hasta hace 6 años, cuando fue vendido a una empresa que pretendía construir un hotel. Sin embargo, la sociedad compradora se vio envuelta en una macroestafa de ámbito nacional de una conocida cadena de clínicas dentales. Como resultado las obras han quedado paralizadas y el edificio histórico, que tiene la consideración de BIC (bien de interés cultural) se encuentra en estado de abandono. Incluso en esa zona de la España vaciada, el monasterio empieza a ser vandalizado y han empezado a desaparecer hasta sus piedras, pues carece de vigilancia.

La actual administración trata de gestionar ahora las consecuencias del desastre que supuso la desamortización ordenada por otra administración, también liberal, del pasado. Es pronto para informar de la efectividad del procedimiento sancionador que acaba de iniciarse. Si la empresa propietaria no asume sus obligaciones y no realiza al menos las obras de aseguramiento necesarias, la ejecución subsidiaria por parte de la Administración para impedir el deterioro definitivo del monasterio e impedir su vandalización y ruina se tendría que pagar, de entrada, con cargo a Presupuestos Generales del Estado, lo que significa con dinero de todos los españoles.

Agencia Faro