PANAMÁ- El director ejecutivo de la canadiense First Quantum Minerals, Tristan Pascall, se reunió el pasado lunes 26 de diciembre con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, con la intención de llegar esta semana a un acuerdo sobre la operación de la mina de cobre en Panamá.
Esto ocurre después que el gabinete del presidente Laurentino Cortizo declarara inconstitucional la ley contrato con la empresa First Quantum Minerals, ordenando de este modo el cierre de operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá. El presidente de la república sostuvo que la empresa no estaba cumpliendo con los compromisos acordados en enero de 2022.
Tristan Pascall llegó a Panamá durante la Navidad para sostener conversaciones en persona con el ministro de Comercio e Industrias, luego de que este 24 de diciembre la minera le notificara al gobierno panameño su intención de un arbitraje.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, está convencido de que la minera debe aceptar las condiciones fijadas por el Estado si no quiere «entrar en una larga incertidumbre». «El tiempo invertido en litigio es mayor inseguridad para los inversionistas y eso se reflejará en corto tiempo», señaló el abogado.
En el caso de la minera, dijo que ésta debe tener muy claro que los años que demore un proceso arbitral es para ellos realmente «poco ventajoso», si lo que buscan es tener un contrato firmado por el Estado.
Recordó que Panamá lleva años en el proceso arbitral por la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, lo cual «hace proyectar el tiempo que tomaría cualquier resultado». Significa que un proceso arbitral de este tipo también podría tardar años en resolverse. «Si quiere un contrato firmado en corto tiempo, lo que debe es aceptar la propuesta y firmar y volver a la rutina de trabajo».
Al mismo tiempo agregó que en corto tiempo con el proceso electoral panameño abierto cualquier firma de un contrato de esta naturaleza entrará en un debate entre las fuerzas políticas, por eso ve «que la minera debe cerrar un acuerdo en los términos fijados».
La empresa Minera Panamá, subsidiaria de FQM, es la más grande de Centroamérica, con una inversión de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores. A mediados de enero de 2022, la minera canadiense aceptó pagar a Panamá un mínimo de 375 millones de dólares al año para seguir extrayendo cobre a cielo abierto, como le había exigido el gobierno del país centroamericano.
Minera Panamá había aceptado dichos acuerdos, en una carta enviada al entonces ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. La empresa minera manifestó que consideró «razonable» el aporte anual mínimo exigido por el gobierno panameño. El gobierno de Panamá también exigía a la empresa minera el pago de regalías anuales del 12 al 16% sobre las ganancias brutas por la extracción, frente al 2% actual, así como también el pago del impuesto sobre la renta, del que la empresa se encontraba exonerada.
Once meses después, el gobierno panameño ordenó mediante la Resolución de Gabinete número 144 de 15 de diciembre de 2022, se instruya al titular del MICI, Federico Alfaro, a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales.
A través de la resolución se ordena a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute la suspensión o cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá, luego de que la empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022.
Diez días después, a pesar de que ambas partes acordaron reunirse, el 24 de diciembre del presente año la minera informó que solicitó un arbitraje comercial contra el país bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC).
Por su parte, los 5.941 empleados que trabajaban para la empresa, permanecen en vilo. El presidente de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá, Francisco Díaz, indicó a la prensa que desconocen quién asumirá el pago de sus salarios una vez se ejecute el plan de mantenimiento en el proyecto. Al respecto, Díaz precisó que en este momento hay 3.241 trabajadores de campo, mientras que otros 2.700 se dedican a labores administrativas.
El sindicalista señaló además que durante la reunión que sostuvieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se les aseguró que todos los obreros seguirán en sus puestos de trabajo, pero sin precisar quién pagará los salarios.
Agencia FARO, Círculo Tradicionalista Nuestra Señora de la Asunción de Panamá
