Lo que nos jugamos con la Ley Celaá

EFE

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves octava ley educativa de la democracia. La votación, con el respaldo del Gobierno y sus socios separatistas, se salvó in extremis. Como era de esperar, ha venido acompañada de gran polémica.

Esta nueva normativa conserva la filosofía intervencionista de las anteriores. No mejora en nada los desvaríos esenciales que han producido el pésimo nivel de la educación española. Y, ante todo, supone un nuevo ataque a los derechos y obligaciones de las familias españolas, por parte del Gobierno y sus partidos muleta.

El PSOE de hoy, como el de ayer, comparte un defecto histórico con sus podemitas y los partidos separatistas. Están convencidos de que el pueblo tiene que opinar como ellos. Y que si la gente no sigue sus consignas se equivoca necesariamente. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren una educación en manos de los partidos, y la imponen con su reforma. Pero los españoles no han dicho la ultima palabra. Ya han demostrado en sus recientes movilizaciones que pueden presentar batalla por sus deberes y derechos.

Hay dos aspectos de la ley que, por su polémica, han puesto en pie de guerra a amplios sectores del pueblo español. La supresión del castellano como lengua vehicular en enseñanza; y la prohibición de facto de que los padres elijan el colegio para sus hijos. Son dos cuestiones que reflejan, sin duda, los dos rasgos distintivos de este Gobierno híbrido: la destrucción de los exiguos restos de la Nación española y de los restos de libertades concretas.

Es fundamental que la sociedad entera, que es una sociedad de familias, reaccione contra este nuevo ataque la Familia. La familia es el ultimo bastión de defensa de la civilización cristiana y del orden político natural. El empeño de los partidos del Gobierno es acabar con cualquier reducto de esa civilización en nuestros días y poder imponer su infernal ideología. Y ya saben, si la realidad no coincide con sus ideas, pues peor para la realidad.

Los españoles de bien, que desean lo mejor para sus hijos, deben dar un paso al frente. Deben pelear por lo que les corresponde por naturaleza: el derecho y el deber de educar a sus hijos en la fe y en la virtud. Defender poder hacerlo en paz. Los españoles deben defender su patria potestad, y cumplir con su obligación natural como padres para con sus hijos: al servicio del bien común y de la Iglesia.

Diego Luis Baño, Circulo Antonio Molle Lazo de Madrid