Me sorprende el palabrerío presuntamente profuso de los políticos, sobre todo de los políticos progresistas que mencionan en cada sesión, discurso o reunión, la necesidad del respeto por la pluralidad cultural en Colombia; la necesidad del respeto por la ley; la entrega total por el servicio trasparente a la ciudadanía y la política limpia, sin artilugios, sin mañas, sin procesos dudosos. En fin, lo que todos sabemos es que el progresismo siempre se muestra como el adalid de la moral y de la justicia, del debate y la pulcritud, cuando en realidad es todo lo contrario.
Con respecto a esto, un zambombazo mundial fue que la Corte Constitucional, por medio del auto 1928 de 2022, ordenara la reapertura del proceso licitatorio de la Plaza de Toros la Santamaría de Bogotá con la intención misma de hacer respetar la Sentencia 296 de 2013 donde se le exigía al Distrito Capital la restauración del coso taurino, y además, la premura para reanudar las corridas de toros en la ciudad luego de que el alcalde de Bogotá por esos años, Gustavo Petro, decidiera cerrar la plaza si no se daban festejos sin tercio de varas, banderillas y muerte; ante la negativa de la Corporación Taurina de Bogotá, la capital se quedó sin toros. La razón, más allá de no querer corromper el rito, también fue legal, pues dar festejos de esta manera atentaba contra la ley 916 de 2004, Reglamento Nacional Taurino, donde se establecen en el país los festejos taurinos con los tres tercios en todas las plazas de distintas categorías.
Para el año 2020 el Concejo de Bogotá en cabeza de la entonces concejal animalista, Andrea Padilla, y con el reconocidísimo antitaurino, Carlos Fernando Galán, aprobaron el Acuerdo 767 donde corrompían las futuras temporadas que se iban a realizar en La Santamaría. Entre estas vejaciones se encontraba la supresión de los tercios, la extorsión con impuestos impagables a las empresas, el acorralamiento para que en publicidades se reconociera un presunto maltrato y el recorte de festejos que pasaban de siete a tres. Ante esto la Corte Constitucional se pronunció por medio del auto, dando a entender que tomar estas decisiones dentro del Concejo de Bogotá no estaba en sus facultades atendiendo a la Sentencia 666 de 2010 donde la prohibición o modificación de los toros solo es abarcable por las facultades del Congreso de la Republica.
Las gigantescas perversidades de la política colombiana respecto a este tema surgen cuando dicho Acuerdo del Concejo es votado y sancionado por el presidente antitaurino Carlos Fernando Galán, esto, y se supone que sus asesores debían de saberlo, siendo ilegal, pues atentaba directamente contra la jurisprudencia que ya había establecido la Corte Constitucional sobre el futuro de los toros en el país, y su legalidad y protección con la vigencia del reglamento de siempre. Pero aquí no concluía el atropello, pues la alcaldesa Claudia López también sancionó dicho Acuerdo ignorando o sabiendo que cometía un prevaricato de postín al alterar el reglamento de los festejos, colocando trabas a la licitación (trabas que son contrarias a la Sentencia 296 de 2013) e incluso atentando contra la ley 80 de contratación.
El auto constitucional de estos días exige que se abra la licitación con premura para que los bogotanos podamos disfrutar en los próximos meses de la tradicional temporada taurina que ha estado estática por dos años. Sin embargo, y con molestia, debo decir que la Alcaldía sacó un comunicado hace unos días pidiendo aclaraciones a la Corte, pero estas aclaraciones no son más que artimañas para dilatar los tiempos, artimañas con actitud contumaz al burlar aquello que dice expresamente el Tribunal: «Contra esta decisión no procede recurso alguno». Amanecerá y veremos, mientras tanto seguiremos puyando para que, en dado caso de que la Alcaldía siga de necia, sea declarado el desacato.
Johan Paloma, Círculo Tradicionalista de Santafé de Bogotá
