El poder revolucionario se caracteriza por desconocer el derecho o legalidad de una determinada comunidad política. Es lógico y normal que así sea, pues todo poder revolucionario se levanta contra la potestad legítima, que resulta violada por la usurpación del nuevo intruso revolucionario.
Una de las primeras medidas del nuevo poder es siempre la de tratar de legitimar su violación del derecho de alguna manera. Por ello se convierte también, por definición, en lo que la teoría revolucionaria denomina «poder constituyente». En la práctica, este poder es siempre ejercido por los nuevos dueños de la situación, aunque normalmente se adorna su ejercicio bajo el disfraz de una supuesta «soberanía de la nación» —otro de los principios característicos del «derecho» nuevo.
En el caso español, la usurpación se produce en 1833, y todos los poderes revolucionarios que se han venido sucediendo desde entonces han tratado de fundamentar su poder en ese principio del «poder constituyente». Todos los intentos se caracterizan por su continua conculcación y desconocimiento del verdadero y vigente derecho prerrevolucionario español, que nunca fue abrogado. Ignoran y pisotean especialmente lo que se refiere a la regulación del derecho de sucesión a la Corona hispánica.
Existían fundadas esperanzas de que el heroico levantamiento del 18 de Julio traería consigo la vuelta de la auténtica legalidad española, nunca abrogada. Pero el General Franco no quiso deshacerse de ese formidable poder revolucionario que llegó a sus manos. De estirpe isabelina, se sintió atraído y fascinado por él, y quiso continuar utilizándolo para sus propios proyectos personales. En lugar de restaurar el derecho tradicional y vigente español, cancelando definitivamente el proceso revolucionario iniciado en 1833, continuó por el mismo camino. Se convirtió él mismo en poder constituyente de su propia legalidad (incluida la dinástica), cuyas consecuencias seguimos pagando hoy día.
La familia Franco se quejaba, con razón, de la conculcación de su derecho por parte del actual poder revolucionario en relación al asunto del cadáver del General. Pero quizá deberían reflexionar sobre la responsabilidad que atañe a su propio patriarca, cuando tuvo la posibilidad de destruir ese poder revolucionario y quiso seguir el mismo camino que sus predecesores revolucionarios. Como sus predecesores, Franco conculcó el derecho que las leyes tradicionales españolas otorgan a la Familia Real española, encabezada entonces por el Rey Javier, y hoy día por su hijo D. Sixto Enrique de Borbón.
Si el poder revolucionario sirve para violar el derecho de la más importante de todas las familias españolas, también servirá para violar el derecho de cualquier otra familia española. A fin de cuentas, como dice el adagio: quien puede lo más también puede lo menos, y la familia Franco ha sido una víctima más del monstruo que Franco no sólo no quiso destruir, sino que alimentó al máximo.
Félix M.ª Martín Antoniano, Círculo Tradicionalista de Granada General Carlos Calderón.
