El Censo de Población y Vivienda, que se debía llevar a cabo diez años (2022) después del último censo (2012), se fijó inicialmente para el 16 de noviembre de año en curso, pero en julio, el gobierno lo reprogramó para 2024, entre mayo y junio. Sus motivos para posponer el censo aludían a la supuesta complejidad de la preparación técnica para llevarlo a cabo y la situación provocada por la pandemia.
La decisión del gobierno tuvo (y tiene) el respaldo de la denominada «Comisión Internacional de Alto Nivel», conformada por diversas organizaciones progresistas. Entre estas mafias internacionales se encuentran el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), el abortista Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
Cuando el gobierno pospuso la fecha de censo, de manera sucesiva, varios analistas y autoridades expresaron su indignación y explicaron los motivos por los que el censo es urgente. Puntualmente, de acuerdo con el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, uno de los motivos es un nuevo pacto fiscal, que permitirá distribuir adecuadamente los recursos económicos a los gobiernos municipales y departamentales y a las universidades, tomando en cuenta la cantidad actual de población y proyectando mejor sus políticas públicas.
Otro motivo es la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados, que permitirá asignar representantes según la densidad poblacional en cada circunscripción. La actual distribución se llevó a cabo fundamentándose en información de 2001, ya con veinte años de retraso. Si se logra hacer el censo en 2023, la nueva repartición se deberá realizar antes de las elecciones presidenciales de 2025.
Finalmente, otra razón para pedir el censo en 2023 es un «nuevo padrón electoral sin vicios, limpio», según palabras de Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, en su discurso del 30 de septiembre. Este padrón deberá estar preparado antes de las elecciones de 2025 y reducir la posibilidad de otro fraude electoral como el de 2019.
Este viernes, en la cumbre convocada por el gobierno en Cochabamba, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo expuso durante 15 minutos la propuesta cruceña de realizar el censo entre julio y octubre de 2023 y aplicar los resultados de la encuesta en 2024. Concretamente, el Comité propuso un borrador de decreto para definir la fecha favorablemente.
Al respecto, José Luis Santisteban, representante del Comité, afirmó: «(Lo) importante es la fecha de realización en 2023 y lo importante son los resultados, que podrían aplicarse en 2024, que esos resultados sirvan para redistribuir recursos y escaños, eso es lo que queremos cambiar». Asimismo, detalló: «Si el censo se hace en octubre de 2023, y hay compromiso de dar resultados en seis meses, para que en abril se repartan recursos y escaños, Bolivia habrá avanzado, porque nunca antes hubo conflictos por la realización del censo».
Por su parte, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ (UAGRM) y presidente del Comité Interinstitucional, aclaró que en la cumbre no se definió fecha para realizar el censo. Esto después de casi diez horas de reunión en las que el presidente Luis Arce escuchó unas cuatro propuestas de fecha. Al respecto, Cuéllar lamentó que ninguna propuesta haya sido considerada: «Ustedes saben que no era un escenario técnico; era un escenario eminentemente político, y lo que ha hecho el presidente es recibir los insumos para que, en función de eso, tomar una decisión».
De acuerdo con Cuéllar, las propuestas giran en torno a realizar el censo entre octubre de 2023 y abril de 2024 o dejar la fecha abierta para que los técnicos la establezcan. «No estamos conformes porque la fecha del censo no se ha definido», aseveró.
Adicionalmente, el Comité Pro Santa Cruz confirmó que el paro cívico continuará, debido a la negativa del gobierno de considerar propuestas en su cumbre de Cochabamba. «Han querido callar la voz de un cabildo, la voz de un millón y medio de personas, que pidieron una fecha, una fecha que le hemos dicho al pueblo boliviano, no se negocia», explicó Calvo, presidente del Comité.
El gobierno moviliza a sus grupos de choque violentamente y la población resiste desde sus puntos de bloqueo. Este conflicto, que tenía esperanzas de resolverse pronto, se está alargando bastante.
Agencia FARO, Círculo Tradicionalista San Juan Bautista.
