Recordábamos en un artículo anterior que, en la función de la realeza, la dignidad sigue al oficio político, y no al contrario. El carlismo, que siempre discernió esto con claridad, se sabe un legitimismo, aunque es mucho más que eso. Porque la legitimidad sirve al bien común, y no al revés.
La importancia de la institución monárquica es capital: para España, para la Comunión Tradicionalista, no sólo fue el Rey, hoy S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, el banderín de enganche político.
La dinastía legítima supone el hito señalizador ante la confusión, ejerce la cobertura necesaria para que nuestra tradición cristiana y política haya sobrevivido al marasmo revolucionario. Los reyes legítimos han dado unidad a esa tradición en un cuerpo político de supervivencia y continuidad, pues exactamente eso es la Comunión Tradicionalista.
Entonces, hay que comprender que, aunque una pugna dinástica fue el origen cronológico del carlismo, éste no es un elemento accidental. La lealtad a la dinastía legítima prueba su prudencia y necesidad por esos frutos de pervivencia.
Ahora, ¿cómo liga y se comunica la legitimidad? De modo lato desde los teóricos clásicos, ya se distingue 1) una legitimidad de origen, que consiste aquí en el título del trono regulado por las leyes sucesorias españolas. Habría 2) otra legitimidad del ejercicio del poder primada sobre la otra. Consiste en un sostén del título de iure rigiendo el mando en orden al bien común, esto es, las leyes naturales y las de la Iglesia.
Es la legitimidad de origen la que se ordena y busca garantizar o facilitar la de ejercicio. Al fin y al cabo, remontando la historia encontramos que la legitimidad llamada de ejercicio está institucionalizada en la de origen.
De tal modo, la cuestión sucesoria se dirime por un criterio objetivo, no por los pareceres caprichosos ni los sentimientos. Están las leyes de sucesión en primer lugar. Las posiciones que, aunque hurten el nombre, son claramente anticarlistas serían: a) aquellos que prescinden del asunto legitimista o dinástico; b) aquellos que introducen un criterio extraño a la legitimidad de origen o ejercicio: es decir, que pretenden alterar las leyes de sucesión o apelan a motivos peregrinos; c) aquellos que innovan queriendo dirimir la cuestión sucesoria por algún fundamento subjetivista, o por preferencias particulares.
Ante todo, los reyes se acatan, no se eligen. Según lo que rigen las leyes sucesorias son acatados. Cuando hubo alguna complicación en el tiempo, el principio prudencial para la sucesión siempre fue el siguiente: supuesta la legitimidad de origen, que el gobernante cumpla la de ejercicio.
Cerramos con el inicio para satisfacer la razón última de lo que hemos expuesto: en la función de la realeza, la dignidad sigue al oficio político, y no al contrario. La legitimidad sirve al bien común, y no al revés.
Roberto Moreno, Círculo Antonio Molle Lazo de Madrid
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