En los últimos meses hemos podido contemplar impotentes cómo nuestras costas andaluzas y canarias son un caladero desprovisto de cualquier tipo de vigilancia y, por supuesto, de defensa por parte de las instituciones y autoridades responsables de tales cometidos. El pasado 2023, solo en Canarias fueron 39.915 inmigrantes, cifra superior a la población de la capital soriana o turolense. En su mayoría subsaharianos y, en menor cantidad, magrebíes, pero coinciden en que la práctica totalidad son varones y en su edad, comprendida entre los 16/35 años. Muchas de las embarcaciones, como se ha podido ver en imágenes recogidas por paisanos particulares de las islas, llegaban directamente a las playas; otras tantas eran atendidas en aguas territoriales o incluso en alta mar para desembarcar a los inmigrantes directamente en los puertos canarios. Posteriormente, son atendidos tanto desde Cruz Roja, principalmente, como por instituciones públicas, dándoles alojamiento en hoteles y enseres como teléfonos móviles, ropa y efectivo.
Mas la saturación, por esta llegada masiva de inmigrantes en las islas, llegó a tal punto que el gobierno regional, en manos de Coalición Canaria, solicitó al central la reubicación en la península de los africanos. Resolviendo el Ministerio de Interior, órgano responsable de tal gestión, a la cabeza Fernando Grande-Marlaska, en fletar aviones repletos de inmigrantes para distribuirlos en hoteles de toda la geografía española. Lo de repatriarlos a sus países no se contempla.
El colapso de empleados y voluntarios que atienden y «controlan» a la, en no pocas ocasiones, marabunta, ya ha provocado episodios delictivos como robos y agresiones sexuales contra la población local. También contra empleados, como sucedió el 31 de este enero, con una empleada de Barajas que fue agredida sexualmente por uno de estos enriquecedores culturales. Hablando en cifras, se ha dado un aumento de este último tipo de delito en un 53,2% en 2023 (no se podía saber.) Este aumento de criminalidad en general viene dándose en todo el territorio español desde 2017. Siendo Cataluña la más castigada, seguida de las regiones levantinas y Madrid. Tal es el caso, que en Barcelona ya 8 de cada 10 detenidos son extranjeros, según fuentes de la Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra.
Volviendo a las costas españolas, el pasado 9 de febrero, dos agentes de la guardia civil fueron presuntamente asesinados en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una «narcolancha» mientras trataban de disuadir a los delincuentes empleando una embarcación de reducida eslora y potencia en comparación con la empleada por los delincuentes. La polémica, que hace trascender este hecho local al debate nacional, es el reciente desmantelamiento de la unidad antinarco llevada a cabo por el ministro Grande-Marlaska, que precisamente operaba en la Comandancia de Algeciras, punto caliente del narcotráfico, que dada la decisión del ministro quedó reducida en medios y recursos, como se observó en este triste episodio en Barbate. Recientemente, gracias a agentes de la guardia civil que expresan su postura en redes sociales, han denunciado tal desmantelamiento como una venganza del partido principal del gobierno nacional, el PSOE, ya que esta unidad también destapó el caso de malversación de los ERE, el mayor de la historia del régimen del 78, en el cual se vio involucrado el anterior gobierno andaluz, de este mismo partido.
A su vez, el mismo día del suceso de Barbate tuvo lugar la gala de premios Goya, a la que asistieron miembros del gobierno, siendo escoltado el recinto donde se celebraba el evento farandulero: prácticamente todo el personal y equipo policial que debería haber en nuestras costas, nada más que 1000 agentes en Valladolid. ¿Y el motivo? Las justas protestas en torno al sector primario que amenazaban con abochornar a nuestros políticos y bufones mediáticos en la gala de los premios.
El centro de la polémica se está centrando desde medios y redes en el gobierno y en concreto en Marlaska por el cúmulo de irresponsabilidades a su mando. Pero la tónica viene siendo la misma desde la disolución de todo rastro de bien común en los sucesivos regímenes constitucionales. ¿Qué otros empleados públicos con material y disposición deberían guardar nuestras costas y fronteras del tráfico humano y narcotráfico? Nuestras FFAA, que están bravuconeando para los amos de nuestros políticos en el Báltico. Tenemos sobre nuestras espaldas no gobernantes, sino gestores de beneficiarios ajenos al bien de la patria. ¿Qué otra explicación cabría esperar de la invasión migratoria que aguantan nuestros compatriotas? Ya no solo en cuanto a delitos, es un esfuerzo económico constante en ayudas filantrópicas a gente y gentuza que sin intención de aportar, sino solo medrar, consiguen tener una natalidad que ya quisieran los españoles. Y el que aún es honrado y no llega con maldad a nuestro país, aún es un elemento de pauperización de las condiciones dentro del mercado laboral. Al no tener más remedio que aceptar las ofertas que este económica e industrialmente devastado país presenta.
Este es el repaso de los cortos, pero ya tortuosos pasos que llevamos en 2024… Por añadir un dato más, el grupo parlamentario socialista, también a propuesta del ministerio de interior, planteó el 14 de febrero, miércoles de ceniza, una subcomisión de prevención censora de «discursos de odio», que viendo la arbitrariedad gastada con el uso de los CYFSE pinta que la traducción más acertada del eufemismo es «lo que no le guste al gobierno». Veremos si afecta a medios modestos, pero ya es otro dolor de cabeza que ofrecer como mortificación en la ya comenzada cuaresma.
Pedro Albendea, Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
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