En la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú allanaron Palacio de Gobierno y descerrajaron el domicilio de la presidente Dina Boluarte en búsqueda de relojes Rolex, joyería Cartier, entre otros. El problema no es la posesión, sino la capacidad económica de la mandataria para adquirirlos, pues un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) sostiene que recibió más de S/ 1 millón ($ 380 mil) de origen desconocido. Nuevamente, la democracia coloca en el diván a la endeble representatividad, el oportunismo partidario y la moral laxa.
El ascenso de Boluarte a la presidencia fue irregular desde la inscripción de su fórmula con el golpista Pedro Castillo y el prófugo Vladimir Cerrón, y el presunto financiamiento ilícito a su partido Perú Libre (PL). Cuando asume el poder, algunos políticos le pidieron que honre su palabra de irse junto a Castillo, pero juró quedarse hasta el 2026. Evidentemente, el sueldo de S/ 30 mil ($ 8 mil) como ministra o los más de S/ 15 mil ($ 4 mil) como presidente -semejante a los congresistas- no es comparable a los casi S/ 5 mil ($ 1,400) que recibía como funcionaria del registro civil. Si algo incentiva a que personajes del sector público o privado accedan al conciliábulo electoral, es la remuneración, porque los puestos de elección popular no demandan perfiles calificados en aras de la igualdad democrática, que avizora una escasa o nula eficacia gubernamental. Flaqueza a nivel nacional, pues, según el Ministerio de Economía y Fianzas (MEF), el gobierno peruano en sus tres niveles -central, regional y local- no ejecutó S/ 25,557 millones ($ 7 mil millones) en el 2023, perjudicando la educación, la salud, el saneamiento, entre otros bienes comunes que el pueblo necesita.
Antes del 2021, Boluarte no destacó en cargo plebiscitario ni podio ideológico alguno. Su simpatía ideacional en la lucha de clases es ventajosa y su talón de Aquiles a la par, pues la Comisión de Disciplina de PL la expulsó por disentir con el pensamiento de Cerrón como el socialista marxista y gramsciano repudia la tibieza del socialista utópico, confidente del derechista. Pero la presidente está lejos de creer o inventar una ideología mientras dice trabajar por los peruanos o delira con ser nuestra madre. Lo cierto es que el 85% de la masa democrática desaprueba a la mandataria y el 86% al Congreso, según la encuestadora Datum. Estadísticas afines en los últimos 8 años, donde el populorum intenta ser la solución y el problema al mismo tiempo.
Ante el escándalo presidencial, sus antiguos aliados de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Acción Popular presentaron una moción de vacancia por incapacidad moral, pues creen que la actitud de Boluarte viola «la probidad y la transparencia», mientras que la calle exclama «que se vayan todos». Este círculo vicioso producto de la irresponsabilidad cívica provoca que investigados, procesados y demagogos deliberen ser presidenciables o «parlamentables». Y es que, en esta olla de grillos, los principios se pactan. Es el caso de Marisol Pérez Tello -exsecretaria del Partido Popular Cristiano (PPC)-, y la izquierdista-progresista Flor Pablo (Partido Morado) –pro aborto, pro unión civil homosexual y laicista-, que están recabando firmas para su nuevo partido Lo Justo. Este producto quimérico es fruto del «consenso democrático» o «si no te gustan estos principios, aquí tengo otros».
En efecto, los principios democráticos parecen formalidades discursivas, validables en el quórum participativo o representativo, similar a los valores o estimaciones subjetivas sobre las conductas y cosas. Si algo es acorde con los principios o valores, es porque fue determinado individual o convencionalmente. Otrora fueron las virtudes o el hábito de hacer el bien; es decir, la inteligencia y voluntad del político que persigue el bien común, guiado por las virtudes teologales y morales. Una realidad que la política coyuntural olvidó, rendida a los bienes materiales que, siendo meros medios, fueron transformados en fines en sí mismo. No sorprende pues, que la posesión de relojes y joyerías proceda de un poder político obnubilado por la dicotomía mando-obediencia, deslumbrado por el tener salarial y dadivoso que la investidura estrena, y el placer sombrío que el lujo y la ostentosidad prometen al orgullo.
Esta apetencia por lo material involucra también al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, que alardeaba de su colección de relojes Rolex y quien presuntamente entregó algunos ejemplares a la jefa de Estado. Recordemos que, mediante Decreto de Urgencia, este gobernador recibió S/ 100 millones del MEF, siendo la única región beneficiada para las obras de los juegos panamericanos 2025. Situación gravosa si observamos que Ayacucho tiene el 40.5% de la población en pobreza y el 10.7% en extrema pobreza, según el reporte por departamento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
En ciernes, Boluarte no renunciará a la presidencia de la República y la moción de vacancia parece no tener mayoría, porque las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) rechazaron el procedimiento nocturno a los domicilios y emplazaron a la presidente a responder por sus actos en el «Rolexgate». Precisamente, lo bueno y lo malo en democracia se determina por la mayoría y cada patraña se somete a la legitimidad parlamentaria, aunque disienta de la legitimidad de la masa. El poder contra el poder, con distintos rostros sin horizonte.
José Bellido Nina, Círculo Tradicionalista Blas de Ostolaza.
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