El 20 de diciembre fue confirmado por el Ministerio Público la inminente acusación de cerca de 270 miembros activos del Ejército de Chile y otros 550 en retiro. La Fiscalía de Chile incluye varios de los excomandantes en jefe como parte de la nómina de investigados por asociación ilícita y malversación de fondos públicos.
- El FAM se promovió como un fondo entre particulares para el retiro de miembros del Ejército, pero actuó como una estafa piramidal
- Se fundó en 1950 y entró en crisis a principios de los 2000
- En 2006 fue «rescatado» con fondos públicos del Ejército chileno
El motivo estriba en los contundentes antecedentes respecto a un modelo «solidario» de estafa piramidal a través de un sistema denominado Fondo de Ayuda Mutua, FAM. Éste se trató de un fondo de ahorro económico de carácter extrainstitucional, fundado en 1950 para personal del Ejército que incluía oficiales, suboficiales y soldados. Entre estos, el vínculo en común −al menos inicialmente− fue haber prestado servicios en la patagónica región de Aysén. Allí le correspondió al Ejército realizar importantes trabajos de vialidad y conectividad durante la segunda mitad del siglo XX y, muy particularmente, bajo la dictadura del general Pinochet.
El sistema consistía en aportes económicos a título privado, por parte de los distintos miembros del Ejército, a fin de asegurarse futuros retiros por su participación. Como todo sistema piramidal, el dinero no era invertido en nada que fomentara su rendimiento: el esquema se basaba en pagos a partir del dinero aportado por los miembros ingresados recientemente.
Con el paso del tiempo hubo dineros que fueron desviados, cuando no directamente robados. La significativa falta de ingreso de nuevos miembros aportantes, así como del interés por recuperar su dinero en el caso de los más antiguos, devino en el derrumbe de la pirámide a principios de los años 2000.
- El Ejército chileno ingresó en el FAM 3.500 millones de pesos (4 millones de euros) a través de varios órganos
- El dinero se dio bajo conceptos ficticios
- El fraude se agravó y continuó hasta 2017
Es aquí donde el problema se agravó profundamente, puesto que, pese a tratarse de un sistema extrainstitucional, los reclamos de los miembros del FAM se traspasaron a las filas del personal activo, escalando hasta la más alta Jerarquía del Ejército. En el año 2006 y bajo el mando del comandante Óscar Izurieta, la Jerarquía militar aprobó la estrategia de compensar las pérdidas del fondo con dinero del Ejército a través de distintos servicios «legales». Dicha estrategia tuvo el nombre oficial de «Plan de cultura y clima organizacional» e involucraba reparticiones al Estado Mayor, la Contraloría del Ejército, el Departamento de Personal y el Departamento de Finanzas, entre otros.
Comenzó así una operación discreta y sistemática sobre desvío de fondos públicos, con el único objeto de compensar el déficit causado por el fraudulento sistema FAM. Es decir, se pagó una deuda privada de al menos 3.500 millones de pesos (4.003.452 euros) con fondos públicos, duplicando la condición fraudulenta del sistema en cuestión, tal y como fue detectado por la Contraloría General de la República en 2017.
La exposición del fraude motivó una investigación de más de tres años por parte Ministerio Público. Sabemos desde el 20 de diciembre que implicará la formalización de cerca de más de 800 miembros del Ejército entre personal activo y en retiro. Esto fue confirmado por el fiscal adjunto del caso, Carlos Palma.
También ha sido conocida parte del alto nivel organizacional en la irregular operación, que habría incluido actuaciones como: pago de comisiones por servicios inexistentes o injustificados (como acudir por diligencias menores a centros comerciales), extensión artificial de carreras, viáticos adulterados, o envío de personal hacia Haití, donde el mejor nivel de las remuneraciones permitía compensar el dinero perdido.
Así, el caso cobra importancia no sólo por su gravedad sino porque se enmarca junto a otros similares de reciente exposición. Por ejemplo, el Milicogate −desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre para abultar el patrimonio de personal del Ejército, incluyendo al ex comandante en jefe Fuente-Alba− o el aún más bullado Pacogate −desvío de fondos públicos al patrimonio privado de miembros de la policía uniformada del Chile. Estos casos de corrupción han repercutido negativamente en la organización interna de estas instituciones uniformadas, forzando el retiro anticipado de mandos involucrados directa o indirectamente en los hechos. Con todas las consecuencias que ello implica en tanto liderazgo y obediencia al interior de sus filas.
A su vez, se trata de noticias útiles para la izquierda radical, que, siempre reticente a todo lo que implique orden y uniforme, sabrá aprovechar estos procesos judiciales en beneficio del proceso revolucionario local. El avance progresista ha continuado su curso más allá de la pandemia, sin despreciar el aporte simbólico que significan nuevos casos de corrupción militar en aquellos suelos y mares que otrora fueron austera y sobria Capitanía General.
FARO/Círculo Quintanilla de Chile, J. Rosales.
