Uno de los más frecuentes cargos que se ha realizado de siempre a los legitimistas es que fomentan la división entre los católicos españoles en lugar de favorecer la unidad, de tal forma que supuestamente vendrían a poner por encima de los intereses substanciales de la Religión verdadera y de su Iglesia sus propias querencias ideológico-partidistas accidentales. Todas las agrupaciones catolicistas que han ido apareciendo tras el triunfo (provisional) de la Revolución hasta el día de hoy, repiten sin cesar esta acusación; y, dejando a un lado el hecho curioso de que sean asociaciones nacidas con posterioridad las que acusen de división al primer movimiento que empezó a defender a la Religión contra la Revolución desde la primera hora, no resultará superfluo indagar someramente cuál es el origen y bases que explican (no que justifican) esta imputación. Y no vemos otra causa que la mala pastoral política desarrollada por todos los Papas tras la Revolución Francesa, que bien podríamos denominar la «pastoral de la diplomacia», y que tenía su fundamento en la mala doctrina del indiferentismo jurídico y sociopolítico en el ámbito civil.
El legitimismo quiere y fomenta la unidad de todos los católicos españoles… pero en la verdad. No existe otro criterio de unidad. Es el que utilizaba Pío XII para condenar el irenismo o ecumenismo religioso, con el cual –decía– «seguramente la unificación sería universal, pero en la común ruina». El error pastoral de los Papas preconciliares radicaba en que tampoco se puede prescindir de la verdad en el orden jurídico-sociopolítico, fomentando una especie de irenismo o ecumenismo civil. De hecho, esta actitud errónea en la praxis eclesiástica con los pueblos occidentales, no sólo iba en contra de los propios principios consagrados en el infalible Syllabus (donde se proscribía todo «derecho» fundado en el hecho o la fuerza, y se prescribía la obligación de seguir al poder legítimo), sino de la propia política impuesta por los Papas a sus súbditos católicos romanos tras la usurpación saboyana (política correcta de non expedit, o boicot de los católicos a los nuevos poderes intrusos establecidos y a su régimen).
Fue Pío VI el que inauguró esta imprudente pastoral en relación a los revolucionarios. En el Breve Quod aliquantum (1791) decía que: «Nos no nos proponemos restablecer el antiguo régimen de la Francia»; y en el Breve Pastoralis sollicitudo (1796) mandaba a los católicos franceses «la sumisión a los poderes establecidos», es decir al Directorio (en cuyas garras moriría preso el propio Papa). León XIII, en Diuturnum illud, afirmaba que «no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores». Pero creemos que más exacto sería decir que ello es un deber de piedad de todo pueblo católico. Y en Immortale Dei confirma el indiferentismo civil: «si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitida en estos casos una honesta diversidad de opiniones. […] No tolera la justicia que [se acuse a otros católicos] de falta grave porque piensen de distinta manera acerca de [estas] cosas. […] No hay lugar para las polémicas intestinas ni para el espíritu de partido, [sino que todos] deben esforzarse por […] la salvación de la Religión y la res pública». Precisamente porque el legitimismo se limita a defender la Ley y el Derecho (y la Persona Real que los encarna), es el único al que no se le puede acusar de partidismo ideológico, y es el único que fomenta la unidad en la verdad católica en el orden civil español. Como venía a decir B. Bolaños Eneas, fuera del legitimismo podrá haber católicos abstractos o cosmopolitas, pero no católicos españoles. O como decía el título de un escrito de un sacerdote gallego, Laureano Guitián (1871): «O carlistas, o no católicos». No existe otra forma de coherencia católica para un español.
Se dice que los legitimistas, escandalizados cuando León XIII, en la peregrinación católica-obrera de 1894, les exhortó (por enésima vez) a reconocer y acatar a la usurpación, encargaron Misas «por la conversión del Papa» a los párrocos al volver a sus aldeas. De ser así, razón no les habría faltado para ello, pues, como decía el Cardenal Segura en una carta a Fal Conde (1935): «la diplomacia no está en el Evangelio». Si siguiéramos esta pastoral, llegaríamos al absurdo de tener que acatar los católicos en el futuro al régimen del Anticristo, del cual son precursores los regímenes revolucionarios a los que nos obligaba a someternos esa misma pastoral.
Félix M.ª Martín Antoniano, Círculo Carlista General Carlos Calderón de Granada.
