Por primera vez, el veinticuatro de enero del presente año, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, han visitado la sede de la Conferencia Episcopal Española donde fueron recibidos por el cardenal y presidente de la CEE, Juan José Omella, con el fin de celebrar el acuerdo alcanzado dentro del marco de la Comisión «ad hoc» de Inmatriculaciones.
El mayor problema de este acuerdo es que revela la total subyugación de la Iglesia Católica al Estado liberal, así como su absoluta debilidad e impotencia política:
El Registro de la Propiedad es una institución nacida como consecuencia de las enormes desamortizaciones decimonónicas. Estas son, fundamentalmente, la desamortización de Mendizábal y la de Madoz.
Así, la Ley de Madoz de 1855 señala en su artículo primero que «se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos; censos y foros pertenecientes: 1. Al Estado; 2. Al clero; 3. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; 4. A cofradías, obras pías y santuarios; 5. Al secuestro del ex-Infante D. Carlos. 6. A los propios y comunes de los pueblos; 7. A la beneficencia; 8. A la instrucción pública; 9. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores».
De esta manera, el Estado expolió todos los bienes que constituían un límite infranqueable a su poder y, en cumplimiento de los «derechos humanos» según los cuales todos somos iguales y no pueden existir gentes más protegidas que otras frente a la Ley, estos bienes comenzaron a circular en el mercado «libre». Es decir, todos hemos de estar igual de desnudos e indefensos ante el arbitrio estatal, pues el Estado siempre cumple, «muy democráticamente», la «Voluntad» del pueblo. Como es obvio, el campesino común adolecía del poder económico suficiente para comprar una finca de mil hectáreas, por lo que los más pobres pasaron de trabajar como usufructuarios de las tierras comunales para comenzar a trabajar como simples jornaleros sometidos al sueldo misérrimo que les ofrecía el magnate de turno.
Y es que, los ricachones capitalistas le deben su existencia al Estado expropiador, razón por la que han colaborado estrecha e ideológicamente desde el siglo XIX hasta nuestros días. Si no, durante el mes de mayo, ¿por qué en lugar de homenajes a Nuestra Madre encontramos banderitas del «Movimiento Andrógino» en las webs del Gobierno, del Congreso de los diputados, de Amazon y de Telefónica?
Y por mucho que la parroquia de Pablo Casado y Compañía insista en que las expropiaciones son cosa de Lenin y de Chávez —que también lo son—, aquí en España, por la «gracia» de la Constitución, siempre las han llevado a cabo los cipayos de la dinastía usurpadora y han conseguido crear una serie de alianzas entre poderosos que parecen inquebrantables, pues las gentes, adictas al consumo de sus bazofias, carecen del crédito para comprar un inmueble y formar una familia.
Dicho esto, el Registro de la Propiedad comenzó a existir para llevar la cuenta de los nuevos títulos de propiedad y de derechos reales producto de las desamortizaciones, y la Iglesia, que carecía de títulos de propiedad por ser una institución previa a la irrupción del capitalismo, se vio despojada de todo lo que legítimamente le pertenecía.
Ahora, de nuevo, el Gobierno y los poderes fácticos tachan a la Iglesia de rapiñadora cuando, en realidad, es la institución que más ha padecido la violencia del Estado, ladrón de guante blanco; y perseguida y azotada, la CEE se ha visto obligada a rendir cuentas frente a este espurio poder civil que, como siempre desde que existe, debido a que la democracia no puede soportar que una Religión sea portadora de la Verdad, pretende la aniquilación de la Iglesia.
Es cierto, para ser justos, que el cardenal Omella, modoso, y almibarando el mensaje, ha señalado después de la reunión que hay «temas donde podemos divergir un poquito más, que son los temas más morales, temas de la moralidad, como pueden ser el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la educación…», pero de poco sirve cuando, después, en las homilías de toda España —por culpa, entre otras cosas, del Novus Ordo Missae, que todo lo que acaricia lo protestantiza— se hacen llamamientos para que los cristianos roguemos a Dios por la libertad religiosa, por la convivencia democrática, por la pluralidad o por la Constitución.
En fin, la CEE se puede acercar a la ideología liberal todo lo que quiera, puede ser su flabelífero, que solo por lo que representa, el Estado liberal la va a continuar percibiendo como una institución hostil, tal y como demuestran los recientes hechos en torno a las inmatriculaciones. Por eso, siendo millones los que continúan yendo a las iglesias los domingos, más valdría que en los sermones se predicasen, primero, los derechos de Dios sobre la sociedad, y segundo, los derechos de la Iglesia.
¿De qué dependen los gobernantes democráticos para mantenerse en el poder? De la «Voluntad» del pueblo. ¿Y quiénes prosiguen siendo los que más veces se dirigen al pueblo a lo largo de la semana? Los clérigos.
Por este motivo, si en lugar de realizar cesiones magisteriales al liberalismo, los sacerdotes enseñasen el Magisterio católico, muchos corazones se convertirían y, como mínimo, los gobernantes tendrían que tomar en consideración a la Iglesia en lugar de burlarse vilmente de Ella.
Y, visto lo visto, creo que sería un gran avance que, a partir de este domingo, los sacerdotes y obispos, en sus sermones, se limitasen a decir:
—Cristo es Rey y Pilatos lo sabe.
Con esa sentencia se enseñaría más doctrina de la que se ha enseñado en los últimos sesenta años.
Ya basta de atropellos.
Pablo Nicolás Sánchez, Navarra
