Este viernes, la urbe cruceña en el oriente de Bolivia acató el paro convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. La medida se tomó para protestar contra los procesos judiciales que el gobierno impulsa hacia los principales líderes de la oposición, como la expresidente Jeanine Áñez y el excandidato vicepresidencial Marco Pumari.
Líderes cívicos de provincias, gremiales, médicos, transportistas, empresarios y otros sectores conformaron a fines de febrero la Asamblea de la Cruceñidad, que determinó la medida para el 4 de marzo. El presidente del Comité, Rómulo Calvo, fue también una de las víctimas de la persecución política organizada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Uno de los motivos fue, según determinación de la asamblea, «exigir al poder Ejecutivo que respete la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho, y que deje de interferir e inmiscuirse en la administración pública de la justicia en el país». Además, la intención fue «denunciar a la comunidad internacional que el Gobierno boliviano, presidido por Luis Arce Catacora, ha instaurado un régimen de terrorismo, de inseguridad jurídica mediante la persecución política».
Por un lado, se llevó a cabo cierta justa medida de protesta por los líderes que no tuvieron dinero ni contactos para defenderse, como Áñez y Pumari. Por otro, es evidente que ellos son quienes pagan los platos rotos por los otros, como Mesa, Camacho y los exministros Murillo y López. Sin embargo, la tan defendida democracia es la que permite que este tipo de abusos tomen lugar, permitiendo gobernar a los persecutores. Ojalá los políticos algún día se den cuenta de esta trampa liberal.
Agencia FARO, Círculo Tradicionalista San Juan Bautista.
