A la formación de la República peruana en los albores del s. XIX antecede una guerra civil cruenta entre peruanos patriotas-monárquicos y peruanos separatistas-revolucionarios; sin embargo, este proyecto nacional de sustrato ilustrado, protestante y liberal es también antieclesiástico. El signo emancipador fue contra el legítimo orden religioso y político, la auctoritas y la potestas o la civilización cristiana en el Trono y el Altar.
En este escenario histórico, el Perú virreinal se sostuvo en el báculo y la espada, porque la doctrina religiosa y moral católicas cimentaban los deberes civiles y políticos de los vasallos con el poder regio, querido por Dios para gobernar a los hombres hacia el bien común inmanente y trascendente. De aquí que la introducción del ideario secularizador de la libertad, la igualdad, la Constitución, la voluntad autónoma o la libertad de pensamiento, de religión o imprenta requiera la negación o supresión de cualquier orden jerárquico, pretendidos por la teología, la filosofía o la moral como absolutos. Así pues, la Iglesia y la Monarquía son observadas como dos instituciones estamentales contrarias a la soberanía humana que desconoce todo fundamento teocéntrico que sea superior a la visión antropocéntrica como causa o medida de todas las cosas religiosas, éticas y políticas.
Con esta hermenéutica, el poder humano, especialmente el poder político del Estado-Nación, intentará organizar y administrar las cosas eclesiásticas desde el jansenismo, el regalismo o el galicanismo hasta arrogarse incluso la autoridad doctrinal y jurisdiccional de la Iglesia y del Papa. En este ínterin encontramos a José de San Martín maniobrar la expulsión de los obispos y del clero fiel al rey y al pontífice romano, secundado por el tucumano Bernardo de Monteagudo. La corriente libertadora sureña se encarga de expulsar a cuatro de los seis obispos del Perú: Bartolomé de las Heras, arzobispo de Lima; José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo; Pedro Gutiérrez de Coz, obispo de Ayacucho; e Hipólito Sánchez Rangel, obispo de Maynas. Este último prelado redactó y publicó una carta pastoral en agosto de 1821, donde manda a excomulgar a los súbditos que jurasen la Independencia, entre otras sanciones, y llama cismáticos políticos y religiosos a aquellos que apoyen esta revolución.
Estas acciones reflejan el propósito sanmartiniano de conservar un clero ilustrado en el territorio peruano para que colabore con la formación nacional y republicana del nuevo ciudadano, porque los eclesiásticos eran vistos como autoridades religiosas y morales en la formación de la conciencia social y política de los hombres. Por ello, hubo un clero fiel al rey y a la Iglesia perseguido, y otro clero fiel a la nación y a la República promovido. Una primera acción política para el control nacional de la Iglesia fue variar la colecta et fámulos tuos de la misa mediante la sustitución del nombre del rey por el del gobierno de la República. La colecta era una concesión pontificia y la fórmula fue prescrita por la Congregación de Ritos; es decir, su vigencia o variación le corresponde solamente al Papa y a la Sede Romana, no a un régimen político.
La vacancia de las sillas episcopales fue aprovechada por Simón Bolívar y la corriente libertadora del Norte en 1826, siguiendo la obra del sacerdote secularizado Maurice de Talleyrand y las luces laicistas de la Constitución civil del clero y los artículos del Comité Eclesiástico de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa. El venezolano designa como prelados patriotas de Lima, Trujillo, Maynas y Ayacucho a los clérigos Carlos Pedemonte, Francisco Xavier Echagüe, Mariano Parral y Manuel Fernández de Córdoba, respectivamente, y prescinde en conciencia de la aprobación del Papa y de la consagración canónica para los prelados. Bolívar asume por sí mismo el báculo y la espada, administra y organiza una iglesia nacionalista y cismática, sin más fundamento que el poder político que emana de la soberana voluntad popular como fiel seguidor de las ideas de Jean Jacques Rousseau y Nicolás Maquiavelo.
En esta marcha secularizadora del Perú, el caraqueño enajena bienes eclesiásticos, impone aranceles y dispone de los diezmos y otros tributos del clero, y demarca la diócesis de La Paz, añadiendo las provincias de Chucuito y Huancané al Cuzco. Asimismo, cierra el centro misional de Santa Rosa de Ocopa, deporta a sus franciscanos y clausura la evangelización en las montañas y la selva.
En última instancia, San Martín y Bolívar constituyen las dos caras de una misma moneda en la secularización del orden religioso y eclesiástico, en la formación de una iglesia peruana, controlada por el Estado moderno y la nación soberana, sin la autoridad papal ni de la Santa Sede. De esta forma, este regalismo doctrinario divorcia y opone la religión y la política o la fe y la razón, prescinde de un fundamento perenne o trascedente y deja el quehacer político al solo poder de la voluntad humana.
José Bellido Nina, Círculo Tradicionalista Blas de Ostolaza
