Es en cierto modo comprensible el enojo y la protesta de la derecha contra la intención que tiene el actual Presidente del Gobierno de ocupación de conceder la amnistía (¿y el referéndum de autodeterminación también?) –limitándose simplemente a usar de los poderes «legislativos» que le proporciona el presente e ilegítimo sistema constitucional juanco-letizista– a los nacionalistas catalanistas (esto es, anticatalanes) a fin de conseguir sus votos asamblearios en una eventual sesión de investidura dentro del Congreso. Y decimos que es comprensible, porque ello privaría a la derecha del placer de poder celebrar unas nuevas elecciones, o, como las llaman ellos en su jerga particular, una nueva «fiesta de la democracia». A fin de cuentas, ¿a quién no le gustan las fiestas? Ya el inmediato anterior Presidente –quien disfruta hoy día de un buen retiro en el Registro Mercantil de Madrid a costa de ceder generosamente a sus oficiales la penosa tarea de calificar las Escrituras que le llegan a su despacho– nos deleitó en su momento con una retahíla de «fiestas» que bien habrían de hacer las delicias de todo verdadero demócrata.
Si consideramos que el genuino sentido de la palabra «fiesta» implica su vinculación esencial con la contemplación y celebración de las verdades naturales y sobrenaturales que nos recuerda y transmite la Religión única –tal como lo desarrolló el filósofo Josef Pieper en su librillo Una teoría de la fiesta (1963)–, nada más impropio que su uso para referirse a la mundana parafernalia de unas elecciones. Pero quizá ese uso (o mejor, abuso) del término por los demócratas, tenga su razón de origen en una intencionada identificación de las jornadas electorales con una especie de ceremonia litúrgica en honor y gloria de un nuevo ídolo ante el que todos deben postrarse. Esta nueva deidad no es otra que la de la voluntad humana. Forma parte de la naturaleza del sistema constitucionalista el que los sujetos que salgan elegidos en virtud de una previa votación estén revestidos de un poder ilimitado para aprobar todas las «leyes» (empezando por las constitucionales) que ellos quieran. ¿Qué mayor manifestación del endiosamiento de esa facultad del hombre a la que llamamos «voluntad»? Fue motivo de orgullo para los sucesivos regímenes revolucionarios el ir relajando las condiciones del sufragio activo para que así hubiera la mayor participación posible en la «fiesta de la voluntad humana», pasando de un sistema de sufragio censitario a otro universal. No podemos decir otro tanto de lo mismo en lo que se refiere al sufragio pasivo, pues, si bien en teoría también se ha hecho universal, en la práctica está rodeado de tal cantidad de «filtros» que continúa resultando de carácter muy censitario o restrictivo (por no decir oligárquico o elitista). En algunos países es tal el entusiasmo por esta «fiesta», que incluso se «invita» a los ciudadanos a participar en ella bajo amenaza de sanción. Aunque el actual régimen ilegítimo que padecemos no ha llegado hasta ese extremo (del que existe un precedente en la «Ley» electoral de Maura de 1907), sí se nos sigue obligando –so pena de cárcel o multa– a participar en la «fiesta» en caso de que nos toque formar parte de una Mesa electoral. Si los revolucionarios quisieran realmente llevar la evolución de su democracia hasta el final, deberían establecer en la práctica un verdadero sistema de sufragio universal pasivo recuperando el viejo método griego de la insaculación. ¿Acaso no se cogen en nuestro actual sistema los censos electorales (en los cuales deben estar inscritos obligatoriamente los ciudadanos) y de ahí se sacan por sorteo las víctimas que han de administrar las Mesas? Pues, en lugar de eso, hágase el sorteo para seleccionar directamente a los nuevos diputados al Congreso. ¿Acaso el actual sistema no hace ya esto mismo para seleccionar a los que van a formar parte de un Jurado en una causa penal? Si aceptan de antemano que cualquier ciudadano puede ejercer la función de «juzgar», nada impide reputarle también capacitado para «legislar».
Pero estas últimas disquisiciones las hemos hecho suponiendo que fuéramos demócratas. Frente a un régimen ilegítimo e idólatra de la voluntad como el presente, lo natural para un católico sería imitar a los antiguos cristianos que se negaban a quemar el poquito de incienso que se les exigía ante la estatua del Emperador romano; es decir, para que nos entendamos, lo natural sería ponderar y trasladar a sede española las prescripciones de la política pío-leonina del non expedit contra el usurpador Estado soberano italiano tal como éstas fueron autorizadamente recordadas por L´Osservatore Romano y copiadas a su vez en el diario carlista La Fe (28/11/1890), a saber: «1.º El non expedit, a propósito de la participación en las elecciones políticas, está en plena fuerza para los católicos italianos. 2.º Este non expedit constituye una prohibición precisa y rigurosa. 3.º Esta prohibición está dictada por consideraciones del orden más elevado. 4.º El que bajo cualquier pretexto o motivo no se someta a la prohibición, será enemigo del Papa. 5.º En las circunstancias políticas y sociales de la actualidad en Italia, la abstención de los católicos italianos es, no sólo un deber religioso y moral, sino también un acto de alcance político y de prudencia social. 6.º La abstención constituye a la vez un acto de protesta contra los falsos principios y contra hechos culpables y una solemne reivindicación de los derechos desatendidos de la Iglesia y del Pontificado [o del Rey o Regente legítimo español]: por ella se separa por completo la Italia [o España] real y católica de la Italia [o España] artificial y masónica. 7.º La abstención de los católicos italianos quita una ayuda a la Revolución dominante, que sería consolidada en el hecho consumado. 8.º La abstención mantiene intactas las fuerzas vivas y los elementos de orden que tienen los católicos italianos. 9.º La abstención es una acción efectiva y eficaz porque quita fuerzas al adversario y acostumbra a la obediencia y a la disciplina. 10.º La abstención es un ejemplo edificante de sumisión religiosa y política al Soberano Pontífice [o al Rey o Regente legítimo español] y de sumisión cordial y fraternal de los católicos italianos, ejemplo ofrecido a los católicos de todas las naciones de Europa y del mundo entero».
Félix M.ª Martín Antoniano
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