A D. Carlos no le quedó más remedio que constatar la lamentable realidad de la traición del Conde, cuyo remate final se cumpliría con la boda de su segundo hijo varón Carlos con la hija mayor de la antirregente María Cristina en febrero de 1901, lo que motivó una nota de prensa dirigida por el representante del Rey legítimo en París, el Sr. Conde Urbain de Maillé de La Tour-Landry, publicada en el nº de 18 de febrero del diario Le Figaro, y que rezaba así: «Señor Redactor en Jefe: Algunos periódicos han publicado que, desde la guerra carlista, durante la cual el Conde de Caserta puso su espada al servicio de Don Carlos, no han cesado de existir las mejores relaciones entre estos dos Príncipes, y que éstas no se han enfriado porque el Duque de Calabria [Fernando] y el Príncipe Don Carlos, hijos del Conde de Caserta, fueron admitidos en el Ejército español [sic]. Vengo a pedirle que tenga a bien publicar esta nota para que no se dé crédito a las suposiciones que pudieran nacer de semejante afirmación. Desde que el Conde de Caserta fue a Madrid e hizo entrar a sus hijos en el Ejército alfonsista, el Señor Duque de Madrid (Don Carlos) no ha tenido ninguna relación con él, y no puede sino deplorar que un Borbón, el Jefe de la Segunda Rama de esta Augusta Casa, olvide de tal manera los principios de la Legitimidad y dé un tan deplorable ejemplo a sus fieles de Nápoles».
Lo que más chirría de las declaraciones de Caserta es el pretender reducir la decisiva clave jurídica de la Legitimidad española que está detrás de su ya casi bisecular guerra contrarrevolucionaria a una simple y mera «cuestión de política». Y resulta ello aún más sorprendente si nos fijamos en que el mismo Caserta, a la muerte a fines de 1894 de su hermanastro Francisco II (último Monarca reinante de hecho en el Reino de las Dos Sicilias; y que mantuvo hasta el final, a pesar de posibles incoherencias puntuales en su conducta, vínculos cordiales con su superior Carlos VII), envió cartas a los soberanos de Europa presentándose como nuevo Jefe de la Casa de Borbón de Nápoles y manifestando «que sostiene todos los derechos, prerrogativas y títulos que hayan pertenecido a su augusto hermano en virtud del orden de sucesión establecido por la Ley de su Casa Real, y que renueva los actos de protesta y las reservas hechas por Francisco II. El Conde añade que, si actualmente continúa llevando el título de Caserta, no quiere decir que abandone ni por un solo instante sus derechos» (El Correo Español, 04/04/1895). Fácil es constatar la incongruencia de un Príncipe que, al tiempo que condena la Revolución de los Saboya invasora de sus dominios, da por bueno el mismo expolio revolucionario efectuado en los territorios que caen bajo la jurisdicción directa del Rey legítimo de España; incongruencia no muy disímil a la cometida por los Sumos Pontífices (víctimas del mismo robo en sus Estados), pero con la diferencia capital de ser el Rey de Nápoles súbdito del de las Españas. Por eso es normal que el Sacerdote Ángel Zarzuelo de Cancio († 1935), una de las grandes plumas del periodismo realista bajo el pseudónimo de «Conde de Kenty», en su biografía del General catalán Borges (quien fue encargado por Francisco II para organizar las partidas de brigantes que se habían levantado por el Reino de Nápoles tras la caída de éste con la toma de Gaeta en febrero de 1861 a manos de las hordas garibaldinas), titulada Vida y diario de operaciones del heroico General carlista Don José Borges (fusilado en el Reino de Nápoles por las tropas piamontesas) (1903), estampara la siguiente dedicatoria con este tenor: «A S. A. R. D. Alfonso de Borbón y Austria, Conde de Caserta. Serenísimo Señor: Al descendiente de cien Reyes y Rey legítimo de los Reinos de Nápoles y Sicilia, dedica estos apuntes un carlista, poniendo a la consideración de V. A. R. el valor heroico de un general legitimista español, que perdió la vida en los campos de la Basilicata defendiendo la causa de los ascendientes de V. A. Los tiempos han, sin duda, cambiado mucho, Serenísimo Señor, cuando, aquellos que debieran ser el firmísimo baluarte de las tradiciones patrias, pactan con los hijos de la Revolución; porque, según el sanchopancismo moderno, la sangre se hereda, pero las ideas no. Los carlistas, Serenísimo Señor, que hemos heredado la sangre y las ideas, no cambiamos, y por eso amamos con entusiasmo todas las legitimidades y estamos siempre dispuestos a correr donde quiera que nuestras vidas sean necesarias para su defensa. El heroico D. José Borges, cumpliendo como bueno, no dudó en sacrificarse por la legitimidad puesta en peligro en el Reino de Nápoles, y allí murió fusilado por los usurpadores; pero contento de haber cumplido con un deber de caballero, de cristiano y de legitimista. Que Dios guarde la vida de V. A. R., y piense que los caballeros militan siempre en las filas de los defensores de las Causas santas».
El «Conde de Kenty» envió sendos ejemplares de su libro a los Reyes D. Carlos y Dña. Berta, a su Ayudante de Campo el General Joaquín Sacanell († 1905, que luchó en la Cruzada de 1872 con su cuñado el Coronel de Caballería Justo Sanjurjo, padre del General José Sanjurjo Sacanell, carlista Jefe Supremo militar del Alzamiento del 18 de julio de 1936), y al gran pensador y jurista carlista Enrique Gil Robles (†1908, Catedrático de Derecho en la Universidad de Salamanca). Sacanell, en nombre propio y de los Señores, respondió agradecido en carta de 23 de julio de 1903, en la que le decía: «Buena y merecida lección da usted en la dedicatoria al Conde de Caserta, que, después de su defección, no se comprende cómo podría exigir lealtad y consecuencia a los antiguos defensores de su dinastía, a quienes ha dado un triste ejemplo de inconsecuencia y de menosprecio al principio legitimista con su incalificable conducta en España» (El Correo Español, 21/08/1903). Y, por su parte, Gil Robles le contestaba en la suya de 27 de julio: «Punzante, pero merecida, es la lección que en la dedicatoria da usted a quien, aliándose con la usurpación, anula los títulos de la propia legitimidad» (ibidem).
Por consiguiente, el Rey D. Alfonso Carlos estaba más que justificado para declarar a toda la rama procedente del Conde de Caserta inhábil para sucederle tras su muerte. La jefatura de la Casa de Nápoles –que debería haber correspondido a este señor, y después a su descendencia, de no haber incurrido todos ellos en causa legal-penal de inhabilitación por sus actos de deslealtad hacia los Reyes legítimos españoles– fue asumida, pues, por la tercera línea directa proveniente de Felipe V, la de los Duques de Parma, que pasó a convertirse, en la persona del Rey Javier I, en el nuevo tronco principal para la sucesión a la Corona española conforme a la legalidad.
Félix M.ª Martín Antoniano
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