El Congreso aprueba el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

El Congreso de los diputados en Madrid. Commons

MADRID, ESPAÑA- El Pleno del Congreso de los Diputados sometió ayer a deliberación y votación los nombramientos de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, seis consejeros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los cuatro nuevos magistrados del alto tribunal son: Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera, propuestos por el PP; e Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel, propuestos por el PSOE. Todos han obtenido la mayoría de tres quintos de la Cámara Baja que exige la Constitución, si bien varios diputados han roto la disciplina de voto. También destaca el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, aunque este nombramiento todavía necesita el placet del Senado.

Los Grupos Parlamentarios de Vox y Ciudadanos no han intervenido en la votación, que han calificado de «teatrillo», y los Grupos Parlamentarios de ERC, EH-Bildu, JxCat, PDeCAT, BNG y CUP han abandonado el hemiciclo en señal de protesta por el perfil de algunos de los nombramientos, especialmente por el de Enrique Arnaldo.

Un nombramiento polémico

Enrique Arnaldo Alcubilla ha sido, sin duda, el nombramiento más polémico y el que más polvareda ha levantado en la arena de los medios. Este jurista es un viejo conocido entre los diputados: es miembro por oposición del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales y durante años ha compatibilizado su condición de letrado en el Congreso con el ejercicio privado de la abogacía. El motivo por el que ha suscitado tanta polémica es su estrecho vínculo con el Partido Popular y con FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), el think tank liderado por José María Aznar que busca  «fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el libre mercado y el humanismo occidental».

También ha resultado polémico, si bien en menor medida, el nombramiento de Concepción Espejel Jorquera, magistrada procedente de la Audiencia Nacional (de cuya Sala de lo Penal ha sido Presidenta en sustitución de Fernando Grande-Marlaska) y por cuyas manos han pasado, entre otros, los procesos contra los raperos Valtónyc y Pablo Hasel, o contra el Mayor de los Mozos de Escuadra, José Luis Trapero.

Otros vínculos ideológicos

Sorprende, no obstante, que en la batalla de los medios de comunicación hayan pasado más desapercibidos los no menos importantes vínculos ideológicos de los otros dos magistrados, a saber, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel, considerados cuotas del PSOE y Unidas Podemos respectivamente. La primera, por estar especialmente vinculada a la agenda de la ideología de género, de cuya filtración en la justicia ha sido una infatigable y condecorada promotora; el segundo, procedente de la Audiencia Nacional (antes ya había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida), por el contenido ideológico de sus ponencias, a menudo polémicas, como la absolución de los acusados de asaltar el Parlament, revocada por el TS posteriormente.

En cualquier caso, todos los nombramientos poseen un fuerte contenido político-ideológico dirigido a conquistar una parcela de territorio del alto tribunal. Un verdadero juego de butacas de la oligarquía de partidos.

Agencia FARO