PANAMÁ- El expresidente, Ricardo Martinelli Berrocal, ha sido absuelto en el caso de interceptación de comunicaciones y escuchas ilegales de llamadas durante su mandato por un tribunal de juicio integrado por las jueces Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marysol América Osorio.
El expresidente fue acusado de intervenir las llamadas telefónicas y correos de más de un centenar de personas, entre ellos empresarios, políticos opositores e incluso aliados suyos, y periodistas.
La decisión se conoció a las 7:35 p.m., y dos años después de que otro tribunal fallara del mismo modo, el 8 de agosto de 2019. Aquel juicio fue anulado por un tribunal de apelaciones, alegando que no se valoraron adecuadamente las pruebas. Esta vez, el tribunal concluyó que el Ministerio Público no probó que Martinelli fue quien ordenó las escuchas.
De esta forma se puso fin al caso de los «pinchazos», que se inició el 8 de junio de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia admitió denuncias por espionaje político contra Martinelli, que en enero de ese año había asumido su cargo de diputado del Parlamento Centroamericano en Guatemala y luego se radicó en Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades a iniciar un proceso de extradición.
Tanto víctimas como abogados han manifestado su rechazo y decepción ante la absolución del expresidente de Panamá (2009- 2014) en el caso de las escuchas ilegales durante su mandato, al ser un fallo que, según afirman estas partes, deja al descubierto la falta de imparcialidad de la Justicia del país. «Es un fallo que pone al descubierto la fragilidad de la Administración de Justicia de nuestro país. Aquí hay Justicia para quien puede pagarla, dilatarla y no hay para los que no tienen recursos», afirmó Balbina Herrera, una de las querellantes de las supuestas escuchas telefónicas.
Según José Eugenio Stoute, otra de las supuestas víctimas, no se ha hecho justicia, pues según él, se aportaron todas las pruebas requeridas para darle la pena máxima, y que pese a ello, explicaron que nadie tiene evidencia concreta de que él ordenara las intervenciones, aunque quedara clarísimo quién era el autor intelectual, porque no podía haber otro, según la opinión de Stoute, quién llegó a afirmar que parte de la sociedad panameña tiene conciencia del grado de descomposición del régimen, y hasta que el país es un «estado fallido».
Para el abogado querellante Carlos Herrera Morán, el fallo está «divorciado totalmente de la Constitución y la ley». «Pone en relieve y al descubierto que las estructuras del sistema judicial panameño no tienen capacidad para poder juzgar con imparcialidad y objetividad a alguien con poder económico y político».
Agencia FARO
