El menú del Gobierno para los españoles

La inflación ya ha subido al 9,8 %, cifra que no se alcanzaba desde mayo de 1985. Lo ha adelantado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística, que tendrá que confirmar, un poco más adelante, que el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha aumentado 2,2 puntos en marzo con respecto al mes de febrero. Pero este IPC será distorsionado, aunque sea accidental, pero sí en sus consecuencias. Tanto es así que el Banco de España plantea tomar el IPC sin incluir en él la cifra de la energía, como guía para subir salarios.

Pero, ¡albricias!, para el Sr. Presidente del Gobierno este descontrol y pobreza galopante es culpa de «la guerra». Y el que no se conforma es porque no quiere. Eso, aunque la inflación subyacente −que no tiene en cuenta el precio de los productos energéticos ni de los alimentos frescos− se sitúo en el 3,4%, batiendo así marcas que habían quedado atrás desde 2008.

Pero ante estas marcas que son indicadores de una situación de desastre económico y social, debemos recordar que la pobreza del español ya se aceleraba en el verano pasado (Agencia FARO, por aquel entonces, ya pronosticaba tanto la subida de precios, como el alza inimaginable del Kw/h; ya se han sobrepasado los 700 €/Mwh a principios de este mes).

Hoy mismo, se puede calcular en 70.000 millones de euros la disminución del poder de compra de los salarios y depósitos.

El Gobierno, presuroso y con el permiso de los burócratas de la capital del reino de este régimen (Bruselas), ha aprobado un Plan de Choque recogido este mismo miércoles en un «real» Decreto-ley de 160 páginas que ya está publicado en el BOE. Pero enmarquemos las «ayudas» del Gobierno a sus «ciudadanos».

20.000 millones de euros para políticas de igualdad, hasta el 2025. La titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, marcó el objetivo último de esta partida: «convertir el feminismo en una cuestión de Estado», pasando del 0,1% del PIB en presupuesto con impacto positivo en la igualdad a un 0,4%. La ministra confesaba orgullosa que esta partida de compra de votos no tiene parangón en toda Europa: «no hay ningún país en la UE que haya presentado un plan homologable. De esta manera España se sitúa en la vanguardia europea y cumple un hito fundamental expresado por la Comisión Europea y exigida por los tratados».

El amable lector, ahora empobrecido, ya comprenderá que esta medida es anterior y no de choque, pero sí de compra de voluntades. No caigamos en el atractivo de tan abultada cifra y entremos en detalle en las publicadas en el BOE.

El Plan estará en vigor hasta el próximo 30 de junio. De 16.000 millones de euros el total de las medidas (sí, sí, ha leído bien: mantener la igualdad, pero la capacidad de compra en el supermercado, es menos prioritaria) de los que 6.000 millones corresponderán a ayudas directas y rebajas impositivas a las que se suman 10.000 millones de euros más en créditos ICO. Tiene cinco ejes de engaño: ayudas a las familias y trabajadores; apoyo al tejido empresarial; respaldo al sector de transportes; ciberseguridad y, finalmente, sector energético.

Concretemos.

Por lo que se refiere a los carburantes. Se realizará una bonificación mínima de 20 céntimos de euro por cada litro de combustible que se consuma hasta el próximo 30 de junio, sin que aún ni un solo propietario de gasolinera sepa cómo le van a compensar las pérdidas. El Gobierno asumirá 15 céntimos de euros y las petroleras el resto de los 5 céntimos. Administrar el negocio ajeno sin garantías. Por supuesto, algunas gasolineras han decidido subir lo que van a tener que descontar.

Las consecuencias para los transportistas son las anunciadas tras el fin de la huelga de las principales asociaciones. Se resumen en un paquete específico de unos 500 millones, con 20 céntimos de litro sufragados y compensaciones de 1250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 más para taxis, VTC, ambulancias y otros vehículos ligeros. Además, con el recorte de tres a un mes en la devolución del impuesto sobre hidrocarburos. Sólo están contentas las grandes corporaciones de transportistas, justamente las no convocantes de la pasada huelga. Los autónomos una vez más son olvidados y sacrificados. Recordemos que el 50% de las empresas son autónomos y otro 30% tienen menos de cinco camiones.

El «real» Decreto-Ley tendrá incidencia para el campo y los pescadores. Se incluye un paquete de ayudas valorado en unos 362 millones de euros para la agricultura y la ganadería, al que se sumará otro relativo a la pesca con una dotación de 68 millones. ¿Quedan cubiertas las reclamaciones del sector ganadero y agrícola? La reciente manifestación en Madrid de hace apenas una semana, que reunió a más de 200 plataformas locales con una actividad ligada al territorio rural desde la agrícola a la ganadera, caza o pesca, demuestra que no. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, describe la situación como «abusos en los mercados con acaparamientos y subidas artificiales de los precios en contra de los intereses del campo». Las medidas gubernamentales resultan ser un engaño.

¿Y la pesca? Se anuncian ayudas de 1.050 euros por buque y de hasta 35.000 euros. Y se repartirán 30 millones para compensar los costes de producción de la pesca y 20 millones para la acuicultura. Habrá también un aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social por tres meses. Pero −por recordar la última reclamación de los pescadores− no se ha exigido a Bruselas que ponga orden a los pescadores noruegos, que se llevan el bacalao de la UE. Exactamente el sector exige que «se decida por una asignación unilateral del importe íntegro que históricamente corresponde a la flota de la UE, 19.636 toneladas, más las 4.964 que Noruega debe del 2021». Ni rastro en el Plan de Choque: no se podrá ir a pescar a ningún sitio.

En cuanto a las medidas reguladoras de la vivienda, se revisarán los precios de los alquileres en los próximos tres meses y de forma excepcional, tendrán un límite del 2% en su encarecimiento. Pero de los 2,34 millones de pisos en alquiler que el Consejo General de Economistas estima que hay en España, sólo 150.000 están en manos de grandes propietarios. Por ello, los pequeños propietarios tendrán que cargar con el coste de las medidas lanzadas por el Gobierno. Gobernar sobre el bolsillo ajeno. Esta es otra faceta del régimen: el populismo inmobiliario.

Llegamos al capítulo del Ingreso Mínimo Vital. Durante un periodo de tres meses, el Gobierno elevará un 15% la cuantía de las ayudas por este concepto, que irán desde los 565,37 euros por un adulto a los 1.074, 22 euros con cuatro adultos, en unidades no monoparentales y que alcanzarán en las monoparentales hasta los 1.368,21 euros mensuales. El espíritu –se supone− es revalorizar los ingresos de aquellos más vulnerables. ¿No lo son los pensionistas? ¿Y aquellos que cobran una invalidez? ¿Las pensiones no contributivas? Detengámonos en este punto, porque si usted, paciente lector, es pensionista, dudo cobre subida alguna, o incluso que cobre. Ya el Banco de España desaconsejó, la pasada semana, subir las pensiones con el IPC en este año de inflación (casi 10 millones de contributivas y más de 450.000 no contributivas). Y es que la revalorización de las pensiones con el IPC cuesta 2.063 millones cada mes: el importe de revalorización acumulado representa el 19% del gasto total en pensiones. La factura, con todos los complementos, aumentó en febrero un 6,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

¿Podrá el gobierno que no controla el IPC, asumir sus consecuencias, aún más difíciles de controlar?

La gran medida de los créditos ICO: Se establece una línea de crédito suplementaria para los préstamos relativos al ICO por valor de 10.000 millones adicionales hasta el próximo 30 de junio para limitar el impacto de la crisis. Hagamos memoria: hace justo un año se aprobaron las ayudas   directas a PYMES y que se decidió que gestionaran las llamadas comunidades autónomas. Pues bien, de los 7.000 millones a invertir, 2.500 millones quedaron sin gastar. Y para mayor vergüenza y tristeza, no han llegado en algunas regiones ni al 70% de los afectados por lo complejo de los requisitos, los retrasos y las dificultades en la gestión. ¿Alguien se puede creer que ahora será distinto?

Y se preguntará usted, a la luz del candil, por no encender la lámpara: ¿y la luz? Continúa la inapreciable bajada del IVA hasta el 10% para los pequeños consumidores hasta el próximo 30 de junio y el impuesto especial de electricidad al 0,5%, así como la suspensión del Impuesto de la generación eléctrica. Usted, paciente lector sólo habrá comprobado subidas en el recibo, porque las promesas y los embustes no hacen descuentos en la cuenta bancaria. Eso sí, nos prometen que se sumarán unas 600.000 familias más al Bono Social Eléctrico (con casi dos millones de hogares).

¿Quería más medidas? El Gobierno no habla de fechas, sólo de futuros, de algo que está por venir, y que cuando al fin llega vuelve a ser eso mismo: un futuro por venir.

Roberto Gómez Bastida, Círculo Tradicionalista de Baeza