El Gobierno aprueba los Presupuestos del Estado de 2023 y entrega al separatismo la derogación del delito de sedición

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. EFE

El presidente del Gobierno ha logrado sacar adelante, por tercer año consecutivo, los que probablemente sean sus últimos Presupuestos Generales del Estado, los del año 2023.
En una sesión extraordinaria celebrada ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados, se aprobaron los PGE 2023 con 188 votos favorables, 159 en contra y una abstención. Queda allanado, por tanto, el camino que permitirá a Pedro Sánchez agotar los cuatro años de legislatura.
La clave, un año más, vuelven a ser los socios habituales del Ejecutivo, ese «Frankenstein» parlamentario que le ha permitido mantenerse en el poder a costa de sacarle todo el jugo que lleva dentro. O dicho de otro modo más claro, a costa de seguir esquilmando al pueblo español, especialmente a unas clases medias cada vez más depauperadas, así como a las miles de pequeñas y medianas empresas que forman la economía productiva y las instituciones que luchan por sobrevivir a costa de un Estado que las parasita y vuelve inoperantes. Todos ellos son quienes realmente pagan la factura de Sánchez por seguir ocupando La Moncloa y asegurarse una jubilación dorada cuando termine su etapa como Presidente.
Los separatistas, nacionalistas y comunistas de PNV, EH Bildu, ERC, Compromís y compañía, saben muy bien que Sánchez les necesita y el Presidente es plenamente consciente del precio a pagar, demostrando una vez más que es un hombre sin escrúpulos dispuesto a todo para permanecer en el poder. Eso sí, negociando con todo aquello que no le pertenece e hipotecando el futuro y la prosperidad de una España pisoteada y humillada por todos los que viven a su costa. La hiedra es cada vez más espesa y a la vieja encina española apenas le llega el oxígeno para mantenerse con vida…
Como propina, en el mismo pleno extraordinario convocado en el día de ayer, en paralelo al debate de los PGE, se ha producido una vergonzosa votación (una más) que supone el primer paso para eliminar el delito de sedición en el Código Penal.
Después de indultar a los condenados del 1-O ahora el Gobierno se dispone a eliminar el delito por el que acabaron en prisión. Y además lo hace a toda prisa, para que el Senado apruebe la reforma entre Nochebuena y Nochevieja, para pagar cuanto antes la deuda contraída con sus socios de ERC, que en boca de su coordinador nacional y actual Presidente de la Generalidad de Cataluña Pere Aragonés, ha dicho que «la derogación del delito de sedición es un paso importantísimo para lograr el objetivo de poner fin a toda forma de represión (sic)» .
Tampoco se ha cortado un pelo Nadia Calviño, vicepresidente primera del Gobierno, quien ha defendido hace unos días que el objetivo de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición es que «vuelva» a España el fugado expresidente catalán Carles Puigdemont.
Y por si fuera poco, los separatistas catalanes ya han dejado claro que su objetivo es lograr una amnistía completa de todos los políticos separatistas condenados por el referéndum ilegal y la declaración de independencia de 2017. No olvidemos que los nueve líderes separatistas condenados ya salieron de prisión en 2021 gracias al vergonzoso indulto concedido por el Gobierno sobre sus penas de cárcel.
Si esta reforma del Código Penal sale adelante, como todo parece indicar, los condenados podrán acudir al Tribunal Supremo para que revise su condena de inhabilitación, la cual no fue indultada por el Gobierno, obligando al Juez a una revisión a la baja de las condenas y allanando el camino para que Oriol Junqueras y el resto de los políticos separatistas condenados puedan presentarse a las elecciones catalanas previstas para 2025.

Agencia FAROCírculo Antonio Molle Lazo de Madrid.