Entrevista a Rodrigo Fernández Diez, el profesor expulsado por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México

«el criterio vigente en la universidad indica su desconexión con las necesidades de las familias que la sostienen»

Profesor Rodrigo Fernández Diez

Dando seguimiento al caso del profesor Rodrigo Fernández Diez, despedido de la Universidad Panamericana, campus México, publicamos la siguiente entrevista que ha tenido a bien conceder a LA ESPERANZA.

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Pregunta: ¿Cómo sintetizaría usted lo ocurrido?

Respuesta: En México se lleva a cabo, el 08 de marzo de cada año, una marcha en petición de la despenalización total del aborto, pues ya ha sido despenalizado parcialmente, según un sistema de plazos. Adicionalmente, cada 09 de marzo se lleva a cabo un paro laboral y escolar.

El día 01 de marzo la universidad envió un comunicado a toda la población universitaria —que se envía también cada año— reiterando su «apoyo a la decisión de cada una de las mujeres que son parte de nuestra comunidad y que deseen sumarse a las iniciativas convocadas», que en la práctica se ha traducido, en años anteriores, en una orden al claustro académico de eximir a las alumnas que falten a clase en tales fechas de cualquier consecuencia académica, como podría ser la inaplicación de un examen o simplemente el tener una falta en la lista de asistencia.

En la clase del día lunes 06 de marzo su servidor expresó en clase la inconveniencia de participar en la marcha del día 08, para todas aquellas alumnas que no estuvieran realmente en favor del aborto, por considerarlo el verdadero objeto de la marcha. Cabe señalar que al respecto sus organizadores han desplegado una inteligentísima argucia mediática, por virtud de la cual se reduce tal objetivo a uno entre varios, de tal manera que quien no participe por esa intención específica, pueda participar por otra, incrementando así el número de participantes de manera exponencial y, en consecuencia, la presión sobre el gobierno en torno a la despenalización total.

Adicionalmente, en una conversación privada con un miembro del grupo con quien su servidor tiene una buena amistad desde el semestre pasado, por vía de WhatsApp, expresamos nuestra reprobación del evento, y del comunicado universitario, en términos más contundentes. En esa conversación privada, precisamente por ser privada y en la confianza de la amistad, nos permitimos ser más explícitos, en términos que, por prudencia, nunca utilizamos en público. Tal conversación fue filtrada a fuentes externas por el otro interlocutor, dando lugar a un escándalo mediático.

El día 08 de marzo en la mañana, fuimos notificados por las autoridades de la universidad de la rescisión del contrato que nos vinculaba.

P: ¿Cuál era, exactamente, su relación con la universidad?

R: De prestación de servicios por la impartición de una clase de asignatura, a cambio de un pago meramente simbólico. En lo absoluto se trataba de una relación laboral, por lo que no debemos ser tan dramáticos respecto a las consecuencias de su rescisión. Algunos, por indignación, han imputado a la universidad habernos privado de nuestro trabajo, pero ello no es exacto. Daba clases allí por agradecimiento a mi alma máter casi gratuitamente, y porque la enseñanza nos llena el alma, sin depender económicamente de ello, por lo que espero que no se dramatice de más lo ocurrido.

P: ¿Por qué cree que ha hecho tal cosa la universidad?

R: De nuestros padres, aun cuando se equivoquen, se debe presumir siempre la buena fe, pues actúan por nuestro bien y desde la sabiduría de su posición. Mi alma máter actuó de buena fe, confundida quizá, pero siempre de buena fe. Y en la llamada que nos notificó la rescisión del contrato se desplegó gran caridad en el lenguaje, lo cual siempre se agradece.

La universidad está tratando de evitar un escándalo mediático. Hay presiones ideológicas a las cuales se encuentra sujeta y quiere cuidar su imagen, como es natural y bueno en cualquier institución.

P: ¿Pero ha hecho lo correcto?

R: A mi entender el error no se encuentra en la rescisión de mi contrato, que es lo de menos, aunque ha sido el elemento que desafortunadamente ha dado publicidad a los hechos. El error se encuentra en el comunicado del 01 de marzo, antes referido, pues se traduce en una política universitaria por virtud de la cual se concede un privilegio especial a un sector del alumnado que, además de concederse por razones meramente ideológicas, se trata de razones incompatibles con el espíritu institucional. Ello, por supuesto, dependiendo de que se acepte la premisa de que la intención principal de la marcha es la señalada, que entendemos perfectamente algunos no alcancen a ver. Quizá eso sea el meollo del asunto y lo demás sea meramente accesorio.

No obstante, se llegue a la conclusión a la que se llegue, aunque el comunicado es de cierta ambigüedad, encuentra aplicación concreta en la imposición de sanciones a los profesores que no extiendan el privilegio mencionado. Lo cual nos deja en una situación un poco incómoda, pues obliga moralmente al maestro que comparte el espíritu fundacional a subsanar la omisión institucional arriesgando su prestigio personal y exponiéndose a las sanciones. La alternativa cómoda es que el maestro también sea omiso y, al menos tácitamente, cooperador de los eventos y del mensaje ideológico subyacente.

El manejo de la cuestión por parte de la universidad, creemos nosotros, es problemático porque constituye un criterio meramente administrativo, de control de daños, y que no atiende a más razones que las pragmáticas. Que en parte es comprensible, porque entre los deberes de las autoridades universitarias se encuentra el asegurar la supervivencia misma de la institución. Y asegurar su supervivencia en tiempos como el nuestro es una carga muy difícil de sobrellevar, que nosotros ni siquiera tenemos elementos para dimensionar.

Pero en este tipo de eventos, que no implican un hecho neutro sino una toma de posición moral, tanto en la acción como en la omisión, quizá las autoridades administrativas deberían haber preguntado al claustro de profesores si estaría de acuerdo en que se le delegue el riesgo. En segundo lugar, a la propia «clientela» de la universidad —si se nos permite utilizar el término—. No son los alumnos quienes pagan las colegiaturas, por lo que no es el agrado de algunos alumnos el que se debe buscar prioritariamente.

La verdadera clientela son los padres de familia que eligen específicamente esta universidad porque la consideran la última defensora de los principios en los que han tratado de formar a sus hijos. Creo que el criterio actualmente vigente en la universidad indica la desconexión entre sus criterios administrativos y las necesidades de las familias que realmente constituyen su sustento.

No garantizar la subsistencia de ese espíritu institucional también tiene un costo muy alto, aunque oculto y a largo plazo, porque eventualmente la clientela se percatará del nuevo rumbo que se ha tomado.

Agencia FARO/La Esperanza

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